Renunció el ministro del Interior de Perú a poco de asumir

Crisis en el gobierno de Francisco Sagasti

Poco antes de renunciar Vargas anuncia la captura de presuntos senderistas.Poco antes de renunciar Vargas anuncia la captura de presuntos senderistas.Poco antes de renunciar Vargas anuncia la captura de presuntos senderistas.Poco antes de renunciar Vargas anuncia la captura de presuntos senderistas.Poco antes de renunciar Vargas anuncia la captura de presuntos senderistas.
Poco antes de renunciar Vargas anuncia la captura de presuntos senderistas. 

Desde Lima. Solo dos semanas después de haber asumido, el presidente Francisco Sagasti -designado por el Congreso hasta julio de 2021 cuando será reemplazado por el gobierno elegido en los comicios de abril- enfrenta su primera crisis. Una crisis en dos frentes: el político y el social. Los ministros recién terminaban de acomodarse en sus cargos y el gabinete ministerial de Sagasti ya ha sufrido su primera baja. El ministro del Interior, Rubén Vargas, renunció en medio de las críticas por una purga policial que pasó a retiro a dieciocho generales. El presidente encaja el duro golpe de esta renuncia solo tres días después de haber defendido con énfasis a su ministro y la purga policial. Al nuevo gobierno le estalló esta crisis en el gabinete cuando enfrenta su primera crisis social con las protestas de trabajadores agrícolas que reclaman mejoras laborales.

Una de las primeras medidas del gobierno de Sagasti fue remover a toda la cúpula policial. El gobierno explicó esa decisión por la necesidad de realizar cambios en la policía por la brutal represión contra las masivas protestas en rechazo al golpe parlamentario que sacó a Martín Vizcarra y puso a Manuel Merino en la presidencia, que duró menos de una semana y fue sustituido por Sagasti. La represión dejó dos muertos y unos dos centenares de heridos. Otra razón señalada por el gobierno para la purga policial fue la corrupción en su cúpula. Dos razones de peso para justificar esa decisión, pero desde distintos sectores se ha cuestionado que la purga alcanzó a oficiales ajenos a estos cuestionamientos para poner al frente de la policía a un general que estaba en el puesto diecinueve en el escalafón de la institución.

Altos oficiales en retiro de la policía y de las fuerzas armadas, y quince exministros del Interior de distintos gobiernos han cuestionado la legalidad de los cambios en la cúpula policial indicando que no se ha respetado la línea de mando institucional al pasarse al retiro a dieciocho altos oficiales para abrirle paso al general que el ministro del Interior quería al frente de la policía.

En su carta de renuncia, el exministro Vargas ha señalado que los cambios en la cúpula policial han sido “absolutamente legales” y los ha calificado como “una urgente necesidad”, pero ha admitido que esa medida ha causado malestar entre el personal policial. Algo que hasta ayer negaba. Su renuncia se da cuando circulaban rumores que ese malestar se traduciría en una huelga policial.

Hay sectores que pretenden aprovechar la controversia por la decisión del gobierno de pasar a retiro a dieciocho generales para intentar petardear las investigaciones por la represión policial a las protestas contra el efímero gobierno ultraconservador de Merino.

Horas antes de renunciar, el ministro Vargas había anunciado la captura de 72 personas acusadas de estar vinculadas al grupo maoísta Sendero Luminoso, que desarrolló una cruenta lucha armada en los años ochenta y noventa, que dejó cerca de 70 mil muertos, pero que desde hace más de dos décadas está dividido, prácticamente derrotado y aislado a unas pocas acciones en una agreste zona montañosa entre los Andes y la Amazonia.

El operativo policial para estas capturas se realizó en Lima en la madrugada del miércoles. Se señaló que los detenidos formaban parte del Movimiento por la Amnistía y Derechos Humanos (Movadef), sindicado como brazo político de Sendero, y otras organizaciones que, según las autoridades, son organismos de fachada del grupo maoísta. El Movadef reivindica la lucha armada que desarrolló Sendero, exige la libertad de Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero, detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua, pero se mueve en el terreno político y no en el de las acciones armadas. Ha intentado inscribirse como partido político para participar en elecciones, pero las autoridades se lo han negado por sus vínculos con Sendero. Hace largo tiempo Guzmán ha roto con la columna sobreviviente de Sendero y el Movadef, que responde a Guzmán, no tiene relación con la facción armada de Sendero.

Un triunfante Vargas, todavía ministro, apareció ante las cámaras para anunciar estas capturas. “Este es un día histórico porque, finalmente, se ha derrotado a este grupo terrorista, no solo en la parte militar, sino en el brazo político que pretendía operar de manera subterránea”, dijo Vargas. Esperaba que este anuncio podría revertir las críticas en su contra. Pero el momento de triunfo ante los medios le duró poco. Su situación ya era insostenible y pocas horas después renunciaba.

Al tiempo que era golpeado por su primera crisis política, el recién estrenado gobierno de Sagasti también enfrenta sus primeras protestas sociales. Trabajadores agrarios bloquean desde el lunes la Panamericana sur, a unos 300 kilómetros de Lima, exigiendo se derogue una ley de trabajo agrario que viene de la dictadura de Fujimori que favorece a las empresas agroexportadoras y les quita a los trabajadores una serie de derechos laborales y abre las puertas para su explotación. Al cierre de esta edición, el gobierno negociaba con los agricultores. 

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