En medio de la puja con Rodríguez Larreta, el Gobierno acelera el Consenso Fiscal

Las provincias por un lado y CABA por el otro 

El jefe de gobierno no quiere firmar el Consenso porque lo obliga a suspender sus reclamos judiciales. Los diputados cordobeses le respondieron a Mauricio Macri.
Alberto Fernández y Wado de Pedro recibieron en Gobierno a Juan Llamosas, reelecto intendente de Río Cuarto.Alberto Fernández y Wado de Pedro recibieron en Gobierno a Juan Llamosas, reelecto intendente de Río Cuarto.Alberto Fernández y Wado de Pedro recibieron en Gobierno a Juan Llamosas, reelecto intendente de Río Cuarto.Alberto Fernández y Wado de Pedro recibieron en Gobierno a Juan Llamosas, reelecto intendente de Río Cuarto.Alberto Fernández y Wado de Pedro recibieron en Gobierno a Juan Llamosas, reelecto intendente de Río Cuarto.
Alberto Fernández y Wado de Pedro recibieron en Gobierno a Juan Llamosas, reelecto intendente de Río Cuarto. 

El Gobierno trabaja a todo vapor para intentar reunir el viernes a la mayor cantidad de gobernadores posibles para la firma del Consenso Fiscal 2020, que en los hechos se convertiría en una nueva escalada del conflicto abierto con la administración porteña. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene su estrategia de llevar a la Corte Suprema el reclamo por el recorte de fondos, una posibilidad vedada para los firmantes del consenso, y aparece cada vez más aislado en su posición. Desde la Casa Rosada, adelantaron que tienen puesta la mira en otros traspasos que hizo Mauricio Macri a la CABA -por ejemplo, de bienes del Estado- y hasta los diputados cordobeses, en los que Rodríguez Larreta había depositado sus esperanzas, hicieron una declaración subrayando que durante los últimos años se habían transferido "fondos de más" a la Capital.

Cuando se trata de discutir el reparto de recursos nacionales, la CABA -por lejos, el distrito más rico del país- tiene las de perder ante las urgencias de las provincias, agravadas en el contexto de la pandemia. En las últimas semanas, desde el Ministerio del Interior estuvieron trabajando con los ministros de Hacienda provinciales para definir el nuevo Consenso Fiscal que, entre otras cosas, les permitirá tomar deuda en pesos y redefinir sus esquemas impositivos, medidas con las que podrían subsanar los rojos provinciales. A cambio, deben suspender sus reclamos judiciales contra el Gobierno, el punto que separa a Rodríguez Larreta del resto y que podría convertirlo en el único mandatario provincial que no participe de la firma. 

La convocatoria a la adhesión al Consenso está agendada para mañana al mediodía en el Museo del Bicentenario. En Interior no se arriesgaban a afirmar si efectivamente participarían los otros 23 mandatarios, dado que con algunos de ellos todavía discutían detalles técnicos. Porque las diferencias, aseguraban, eran económicas y no políticas. De hecho, marcaban como dato a tener en cuenta que ninguno de los tres gobernadores de Juntos por el Cambio -los de Mendoza, Corrientes y Jujuy- hayan alzado la voz en estos días para defender los recursos que recibe el jefe de gobierno porteño.

"Horacio Rodríguez Larreta ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias. Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años. Ayer, por momentos, pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema", escribió temprano la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en Twitter. La referencia era a la conferencia de prensa del jefe de gobierno del martes a la noche donde, en tono de campaña, adelantó que presentaría una nueva demanda y le reclamó a la Corte que falle rápido para "restablecer el federalismo que se quebró". 

Curiosamente, la reacción del jefe de gobierno fue a la sanción en Diputados al proyecto de ley que establece el financiamiento que tendrá de ahora en adelante la Policía de la Ciudad, cuyo tratamiento pasó al Senado. Y el "federalismo" al que hace referencia es el porcentaje que en 2016 determinó Macri por decreto de manera inconsulta y que luego su propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que había sido exagerado.

En un intento por evitar esa derrota en la Cámara baja, Rodríguez Larreta había llamado al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para que sus diputados votaran en contra. Schiaretti había sido el único de los gobernadores peronistas que no firmó una solicitada en la que apoyaron el recorte. Sin embargo, lo que hicieron los legisladores cordobeses fue introducir una modificación en el proyecto para que la cifra definitiva de cuánto le transferirá la Nación a la Ciudad por su policía se resuelva en una mesa de la que participarán representantes de ambas partes y de las provincias. Pese a las loas al federalismo, al macrismo no le gustó nada la decisión. 

"Qué tristeza ver cómo votaron los cuatro diputados cordobeses del PJ, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía", se quejó el propio Macri. Los integrantes del bloque Córdoba Federal lo cruzaron con argumentos contundentes. "En el transcurso de este 2020, el Gobierno Nacional le transfirió a la CABA una suma de 67 mil millones de pesos por haber transferido 19.900 policías a su jurisdicción en 2016. En Córdoba, que cuenta con 22.000 policías, quienes perciben un salario similar a los de la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto es de 35.000 millones. No debemos olvidar que la Policía de Córdoba cubre más población y un mayor territorio que el de la CABA. Si tenemos en cuenta este cálculo, es evidente que se estaban transfiriendo fondos de más a la Ciudad de Buenos Aires", detallaron los legisladores que responden a Schiaretti. Por si quedaban dudas, concluyeron explicando que el presidente Alberto Fernández sabía que el bloque cordobés siempre actuaría de manera de garantizar la gobernabilidad del país. 

A días de iniciar el año electoral, está claro que la relación entre el gobierno nacional y el porteño ya no volverá a ser la de los comienzos de la pandemia. De hecho, cerca del Presidente advertían que si Rodríguez Larreta insistía en su estrategia de judicializar las diferencias podrían reclamar lo que la CABA recibió de más por la Policía en los últimos cuatro años. Y no sólo eso. También evaluaban ir a fondo con la revisión del centenar de terrenos y propiedades que Macri le transfirió a la Ciudad en las semanas que fueron desde su derrota electoral al traspaso de mando en 2019, por un valor estimado en 25 mil millones de pesos. Se trata de 34 escrituras en las que se traspasaron terrenos ferroviarios en las inmediaciones de las líneas de tren y playones, parte de la cárcel de Caseros y espacios donde funcionaban locales comerciales y canchas de fútbol 5, todo supuestamente en compensación de otros gastos. Una maniobra muy irregular que está bajo estudio de la agencia administradora de bienes del Estado, que por ahora trabaja lentamente pero que podría tomar velocidad si la urgencia política lo demanda.

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