Tras la aprobación en la Cámara bBaja provincial del proyecto que envió el Poder Ejecutivo para modificar la ley 6.294, que establece el actual régimen de regalías mineras, tanto el intendente de Tolar Grande como el senador por Los Andes indicaron que fue una ardua negociación, pero que desde el gobierno estaban decididos a avanzar, por lo que acordaron una serie de obras para garantizar el desarrollo local.

La normativa provincial data de los años 80 y establece regalías con un tope del 3%, que quedaban un 50% para los municipios en donde se desarrollaba la extracción mientras que la otra mitad se destinaba a un Fondo Especial de Promoción Minera.

Las modificaciones apuntan principalmente a engrosar la recaudación de las arcas provinciales, ya que a partir de que se promulgen los cambios, los municipios pasarán a recaudar solo el 20% de las regalías, al Fondo de Promoción llegará el 10%, mientras que el restante 70% quedará en manos del Ejecutivo provincial. Además la nueva ley también fija que el porcentaje de regalías será del 3%.

Sin embargo, del 20% correspondiente a los municipios, el 11,25% será para aquellos donde se origine la producción minera; el 6,25%, para los que no producen y se encuentran dentro del departamento productor y el 2,5%, para los municipios ubicados en departamentos no productores.

En tanto, el Fondo Especial de Promoción Minera destinará la mitad para promoción y capacitación; el 2,5% será para tareas de fiscalización, control y estímulo y el 2,5%, a políticas de prevención y mitigación ambiental y social.

Uno de los cuestionamientos de la oposición era la celeridad con la que se trató el tema, y subrayó que faltó análisis en comisión, así como la presencia del titular de Minería, Ricardo Alonso, quien le dijo a Salta/12 que no era necesaria su presencia, ya que todo lo que se modificaba tiene que ver con lo recaudatorio, por lo que apuntó hacia el secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, como quien tenía que explicar la finalidad de la normativa.

Consultado sobre el disgusto que generaba la reducción del porcentaje de regalías para los municipios que ven cómo se extraen sus riquezas y el daño ambiental que ello produce, resaltó que “los recursos son de la Provincia, no de los municipios” y aclaró que lo que se hizo fue “poner las cosas más o menos a la altura de lo que se hace con el petróleo”.

Con respecto al peligro ambiental, aseveró que “para eso tenemos la Secretaría, que está dedicada el 100% a la fiscalización permanente de todos los proyectos”, y agregó que hoy se trabaja en mejores condiciones “que nunca”.

Por último, también destacó que cuando se pensó en la distribución de las retenciones a la soja “fue general, se le dio también a los municipios que no tenían ni siquiera una maceta de soja”. “La idea es federalizar la distribución de los recursos”, culminó.

Los legisladores también cuestionaron que en el proyecto de modificación de la ley se imponía como tope para el municipio productor que el máximo a recibir de regalías no podía exceder dos veces el monto que recibe por coparticipación. Sin embargo, el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, explicó que ese fue uno de los artículos que lograron eliminar en las negociaciones preliminares.

Para Villanueva, si bien la actual es una ley “vieja”, los municipios no habían recibido hasta aquí grandes sumas de dinero debido a que todos los proyectos se encontraban en etapa de exploración. Detalló que recién ahora, a partir de los emprendimientos que están empezando a producir, como Lindero, que extraerá oro, "van a dejar mucho más dinero y se va a sentir verdaderamente la regalía”.

Informó que en conjunto con el intendente de San Antonio de los Cobres, Alberto Carral, y los legisladores de la zona, habían presentado “distintas alternativas” al Ejecutivo provincial “porque nos avisaron ya a último momento”. También dijo entender el carácter federal de la norma para repartir los ingresos con los demás municipios, pero consideró exagerada la reducción en lo que ellos estaban recibiendo. “Entendemos que hay que ser solidarios y cooperar con los demás, pero que no nos bajen tanto los índices a nosotros”, pidió.

El jefe comunal de Tolar Grande añadió que la Puna esperó por años este momento “para poder de una vez por todas superarse y cambiar la situación de postergación de nuestra gente, queríamos avanzar en obras que le cambien la vida a los puneños”. Pero reconoció con resignación que el argumento del gobierno provincial también era recaudatorio, “no tienen los fondos suficientes por todo lo que viene pasando”.

El intendente también destacó como una victoria en las negociaciones conseguir que se incluya en el presupuesto 2021 la pavimentación de la ruta provincial que une Tolar Grande con Cauchari, y la que va a Santa Rosa de los Pastos Grandes, “con lo cual tendríamos todos los caminos de la Puna asfaltados”.

Para el senador departamental Martín Arjona, el único punto que no lograron acordar fue justamente el de los índices de regalías que les corresponden a los pueblos mineros. El legislador, al igual que Villanueva, consideró exagerada la reducción de un 50 a un 20% de regalías, pero también resaltó que no pudieron doblegar la voluntad de los funcionarios provinciales en su afán de recaudar, y que solo lograron avanzar en algunos puntos como el compromiso de pavimentar las rutas provinciales.

“Sabemos que son recursos no renovables, por lo que queremos que el día que se vaya la minería, esté desarrollada la zona para explotar otras actividades”, contó el legislador. De todas maneras, informó que seguirán trabajando el proyecto en la comisión de Minería del Senado, y que sería debatido en el recinto recién la semana que viene.

La mirada empresarial

El presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, Luis Vacazur, recordó que los municipios aún no están recibiendo regalías ya que la mayoría de los emprendimientos está en etapa de exploración, aunque próximamente al menos tres de ellos comenzarán a producir.

Sostuvo que como oriundo de San Antonio de los Cobres, “la verdad que disgusta un poquito, porque nosotros nos quedamos con el muerto” refiriéndose al impacto ambiental que representa la minería, “por eso debemos trabajar pero también ocuparnos y pensar en la responsabilidad social empresaria y en el desarrollo local”.

Pero como titular y representante de los proveedores mineros dijo que espera que los fondos sean utilizados para generar desarrollo de manera transparente. Para Vacazur, se debería crear un órgano de fiscalización y control “para que los fondos no vuelvan en dinero a los municipios, sino en obras, queremos desarrollo, mejores rutas”. Aclaró que no ve con malos ojos la federalización de los fondos obtenidos, pero insistió en que no se tiene que coparticipar el dinero, “sino que tiene que ir en obras para los municipios”.

El vicepresidente de la Cámara de la Minería de Salta, Facundo Huidobro, dijo que siguieron el debate debido a que para ellos la minera requiere de reglas claras a largo plazo, “me refiero a decenas de años”. En ese sentido celebró que las modificaciones no hayan tocado el 3% de retenciones sobre lo declarado en boca de mina. “Para el sector minero salteño, mantener esta regla de juego era fundamental para ratificar el mantenimiento de la política minera hacia las inversiones”, manifestó.

Respecto a la distribución de las regalías, indicó que es un tema puntual de discusión entre los legisladores. Pero deseó que “esta nueva distribución no modifique la intención de las inversiones del gobierno provincial” y añadió que “si la provincia quiere mayor empleo genuino, éste llegará a través de bajar los costos de producción minera debido a la mejora de infraestructura de caminos, energía, comunicación, y sobre todo educación y salud”.

Por último, rescató de la ley que no se pueda utilizar el tributo en gastos corrientes, "sino que se deberán hacer en obras que puedan ser aprovechables por las generaciones futuras”.