Todo está encaminado para que el próximo jueves 10 se comience a andar nuevamente el camino hacia la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y si bien los representantes salteños que votarán en contra aún siguen siendo mayoría, ya no será como en 2018, cuando los 10 legisladores se inclinaron por rechazar el proyecto.

Esta semana serán los diputados los que, como hace dos años, probablemente le den media sanción al proyecto de IVE, y allí tres de los siete representantes salteños votarán a favor, mientras que más adelante, probablemente en sesiones extraordinarias antes de que finalice 2020, será el turno del Senado, que por ahora es el escollo más importante que tiene la iniciativa que acompaña el presidente Alberto Fernández. En este caso, la senadora del FdT, Nora Giménez, ya adelantó su acompañamiento, y si bien Sergio Leavy aún sostiene su posición en contra, gran parte del sector político que representa le pide que cambie su voto.

La incógnita será el senador Juan Carlos Romero, quien esta vez se abstuvo de realizar declaraciones y guardará su decisión para más adelante. Aunque todo hace presagiar que se inclinará por votar en contra como en 2018, tanto por su postura personal sobre el tema, pero también siguiendo la línea de oponerse a cualquier proyecto oficial.

Por el derecho a decidir

Los tres diputados que representan al FdT, ya adelantaron su voto positivo al proyecto de IVE “porque es una síntesis pero además añade muchos aportes que los proyectos históricos de los movimientos de mujeres han ido presentando”, dijo Verónica Caliva a Salta/12.

Para la legisladora, la ley es “absolutamente necesaria” para adolescentes, niñas “y todas las personas que tenemos capacidad de gestar”. Caliva subrayó que es prioridad evitar muertes pero “primordialmente, para fortalecer nuestra autonomía y ampliar derechos”.

La última diputada en ingresar, Alcira Figueroa, también es una histórica luchadora por los derechos de las mujeres, por lo que afirmó que votará a favor: “Salta se ubica en los primeros puestos nacionales de abortos clandestinos”, aseguró y contó que solo en el Hospital de Orán, se reciben alrededor de 15 consultas diarias por abortos clandestinos, “es escalofriante la cantidad de mujeres que arriesgan sus vidas, porque a ese número hay que sumarle el de quienes se quedan en sus casas y no realizan ninguna consulta”.

Figueroa sostuvo que el Estado debe asegurar la atención y tener el sistema de salud disponible para toda mujer que decida realizar un aborto por distintas circunstancias, “a eso apunta esta ley, a garantizar el acceso y la posterior atención sanitaria”.

Dijo estar muy conforme con el proyecto del Ejecutivo Nacional, “por supuesto que van a quedar muchas cosas a alcanzar en el plano de los derechos de las mujeres a su salud reproductiva”, dijo, pero aseguró que esta ley, acompañada con la del Plan de los Mil Días complementará un mayor acceso a la salud pública y protección social, “de a poco vamos a ir avanzando en nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, sostuvo.

Contestando a quienes sostienen que sería un gasto más para el sistema público, la diputada argumentó que está demostrado que el control de las mujeres que desean realizar una interrupción del embarazo “es mucho más económico que atenderlas con una práctica clandestina”.

El tercer legislador del Frente, Lucas Godoy, aclaró que parte siempre de la base de que está en contra del aborto “porque es un hecho trágico, traumático y que no es una situación que atraviesa una mujer de forma amena”, pero que está a favor de su despenalización y que se garantice la atención igualitaria en el marco de la salud pública.

“Con oponernos no hemos logrado nada porque continúan y de manera clandestina”, sostuvo. Para Godoy, hay un consenso generalizado de que “una mujer que interrumpe un embarazo no es una delincuenta”, por lo que es un argumento más para avanzar en su despenalización. A la vez, manifestó que "la clandestinidad afecta transversalmente a las mujeres de todas las clases sociales por las condiciones en que se realizan los abortos, pero la vulnerabilidad de las mujeres con menos recursos económicos potencia aún más los riesgos por la precariedad con la que se realizan".

También subrayó la necesidad imperante de fortalecer la Educación Sexual Integral “para evitar los embarazos no deseados y avanzar a favor del la autonomía de los cuerpos, el reconocimiento de derechos y todo lo que implica”.

En cuanto a las chances de que el proyecto se apruebe, Caliva indicó que tienen cierta tranquilidad en Diputados de acuerdo al “poroteo” que realizó el sector indagando a todos los representantes de esa Cámara. “Pero hay tantas presiones desde el otro sector que siempre estamos expectantes para saber cómo votarán los indecisos”, añadió.

Las dos vidas

Por el otro lado, los tres representantes de Juntos por el Cambio adelantaron su voto negativo. Dos de ellos, Martín Grande y Miguel Nanni, refrendarán su decisión de 2018. Mientras que la recién ingresada Virginia Cornejo se opondrá lisa y llanamente por estar en contra del aborto y “a favor de las dos vidas”.

Para Cornejo, se trata de un proyecto de ley “con muchísimos defectos, parece que no se esmeraron mucho”. Según la legisladora, la iniciativa abre la posibilidad de evadir la ley e impulsar el aborto. Y destacó que faltó debate, ya que para esta ocasión se redujeron los oradores de 724 en 2018 a 50.

Si bien reconoció que la única alternativa para evitar los abortos es la correcta aplicación de la ESI, también se opuso a la manera en que se implementa, “está absolutamente ideologizada”, sostuvo y añadió que “se usa más para generar teorías de género, o impulsar las diferencias de género que para lo que realmente necesitamos”.

La posición de Grande seguirá siendo negativa, si bien no repetirá la teoría de los marsupiales como en 2018, el periodista manifestó que no es el momento porque el plazo que transcurrió es muy breve, y debido a que "esta ley es peor que la que votamos hace dos años”.

Siguiendo la línea de Cornejo, adujo que “libera tanto la posibilidad de realizar un aborto” que la expone a una infinidad de presentaciones judiciales posteriores.

Subrayó, como los demás, que la salida es la implementación obligatoria de la ESI “hasta en la última escuela de Salta”, pero “hubo mucho mojigato que no permitió que se dicte como corresponde”.

Por último, reconoció que el debate sobre el aborto se vive hasta en su familia, donde su hija e hijo “son verdes, pero ya aprendimos a discutir sin gritos”, y aseguró que él aprende más de ellos, “que ellos de mí”. Sorprendió su posición a favor de “todo tipo de profilaxis”, incluso el uso de “la pastilla del día después, que a pesar que la Iglesia está en contra, hay que estudiarlo más”.

Miguel Nanni sostuvo que no es momento para el tratamiento de un proyecto de ley de ese tenor, “lo hemos discutido en un pasado inmediato”, dijo, y agregó que temas como los del aborto vuelven “a abrir la grieta”. Para el radical, la salida sería hacer un plebiscito “aprovechando las elecciones del año que viene”. “Ponerme en tutor de las cuestiones políticas es una cosa, ahora, ponerme en la moral ética de cada ciudadano es una cosa muy distinta y ya lo hicimos, por eso un plebiscito sería una gran alternativa”, finalizó.

“Mi postura sigue siendo la misma que hace dos años cuando voté en contra del proyecto”, expresó Andrés Zottos, por su parte. El legislador que llegó con el urtubeycismo y hoy está más cerca del actual gobernador Gustavo Sáenz, apuesta a la educación, “no al facilismo, a los parches, y creo que el aborto, en la semana que sea, es sacrificar una vida”.

Al igual que Nanni y Grande, consideró que “volver a tratar el aborto en el Congreso de la Nación es inoportuno y es profundizar la grieta”, y añadió que sería un gasto más “ante una situación sanitaria al borde del colapso”.

Dijo entender y respetar las opiniones a favor y las diferencias, “basadas tanto en lo científico como en lo religioso” y a quienes ponen el acento en que es un problema de salud pública. “Pero tenemos que ser honestos y objetivos: en un país como el nuestro, con las deficiencias sanitarias, la falta de recursos y de infraestructura que tenemos, primero debemos garantizar todo lo que nos falta en gratuidad de tratamientos y atención de la salud”.

El turno del Senado

Si el proyecto logra alcanzar la media sanción en Diputados, la idea del Ejecutivo Nacional es avanzar con su tratamiento en el Senado antes de que concluya el año. Para ello, se convocaría a sesiones extraordinarias entre Navidad y año nuevo.

Pero este ámbito, como en 2018, es el que más oposición le presenta a la ley de IVE. De los tres representantes salteños, una ya adelantó su voto positivo, se trata de Nora Giménez. En diálogo con Salta/12, la senadora del Frente de Todos recordó que el proyecto es el cumplimiento de un compromiso que asumió el Presidente al inicio del período legislativo.

Aclaró que “acá lo que estamos discutiendo, no es el aborto en sí mismo, porque es una realidad, hay millones de mujeres que mueren en el mundo por abortos clandestinos, y la Argentina no escapa a esta realidad”. Y recalcó que la gran mayoría de las mujeres que mueren por ese tipo de intervención “se dan en el seno de familias pobres que no tienen la posibilidad de acceder a una asistencia de salud de calidad”, por lo que insistió con la idea que “más allá del debate ideológico y las distintas interpretaciones y puntos de vista” sobre el tema, “fundamentalmente lo que estamos discutiendo tiene que ver con una cuestión de salud pública”. 

Añadió también que el Plan de los Mil días, asegura que el Estado acompañará y garantizará a los niños desde que nacen y hasta los dos años “una asistencia alimentaria y nutricional segura para que todos tengan el derecho y la oportunidad de crecer con salud y educación”.

Los otros dos representantes salteños en la Cámara Alta ya expresaron su negativa en 2018. Sergio Leavy adelantó a este medio que no quiere profundizar en el tema, “yo ya voté hace dos años y ya senté mi posición”, por lo que de repetir su voto sería el  único referente del FdT local que vote en contra del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

En tanto, el ex gobernador Juan Carlos Romero no quiso adelantar su voto ni realizar declaraciones, aunque todo indica que volverá a votar en contra.

La compañera del Frente que integra Leavy, la diputada Caliva, dijo que su intención es, una vez que el proyecto alcance la media sanción, mantener una reunión con Leavy "y con Romero para plantearles todas las situaciones que vivimos las mujeres y para que reflexionen respecto de su voto”.

La semana pasada, los partidos salteños integrantes del Frente gobernante en el país, Frente Grande, Kolina, Unidad Popular y Felicidad, emitieron un comunicado expresando su apoyo al proyecto y exhortaron “a quienes dicen representar el campo popular a pensar en el sentido de un proyecto de Salud Pública que realmente salvará a miles de mujeres que podrán acceder a un derecho como es el de elegir y proteger sus vidas”.