Once personas comenzaron a ser juzgadas ayer por la fuga de ocho presos de la cárcel de Piñero, cometida a mediados de 2021, cuando un grupo comando cortó el tejido perimetral y entró armado al predio del penal. A casi tres años del hecho que generó conmoción, los fiscales Franco Carbone y Aurelio Cicerchia piden penas que van hasta los 26 años de prisión. La figura saliente del debate es Claudio "Morocho" Mansilla, ya condenado en otros expedientes judiciales, que enfrenta un pedido de condena a 11 años y 3 meses. 

El tribunal integrado por Fernando Sosa, Silvana Lamas e Ismael Manfrín comenzó a juzgar ayer al grupo conformado por diferentes responsabilidades, según el rol que asumieron en la evasión agravada por el uso de armas, figura común para todas las imputaciones por el suceso del 27 de junio de 2021.

El alto perfil del apodado “Morocho” Mansilla lo deja como el acusado más relevante del debate. Es que ya cuenta con antecedentes condenatorios: cuando se fugó, estaba en pleno proceso de juicio, y al mes siguiente fue condenado a 25 años de prisión como coautor del doble homicidio de Kevin Nieri y Leonel Bucabar, cometido en septiembre de 2018 en un pasillo de Lima al 2100. Además, tras ser recapturado en junio de 2022, fue condenado dos meses después a 12 años de prisión por un tribunal federal, acusado de ser el jefe de una banda narcocriminal que dirigía desde Piñero, entre 2018 y 2019, con actividades violentas en barrio Santa Lucía y otros sectores de la zona oeste. Ahora, enfrenta una pena de 11 años y 3 meses de prisión por la fuga.

Según la investigación fiscal, los presos actuaron bajo un "plan común, previamente organizado, que contó con el apoyo externo" de personas. Así, reza la acusación, el 27 de junio de 2021, a las 17.10, Franco Canteros, Rodrigo Gramajo y Walter Soraire --para quienes se pide pena de 17 años y medio, en el caos de Canteros; y 26 años, en relación a Gramajo (Soraire resultó fallecido por disparos)--, con pasamontañas, capuchas, y al menos uno de ellos con la máscara de un mono, llegaron hasta la Unidad Penitenciaria Nº 11, en un Peugeot 3008 y estacionaron en el camino que la bordea. Un cuarto hombre no identificado esperaba en el asiento del conductor con las puertas y el baúl abierto, y los tres mencionados perforaron el cerco perimetral de la cárcel, con una amoladora. Una vez en el interior, "comenzaron a disparar contra los empleados penitenciarios de seguridad externa, apostados en las garitas de seguridad".

En ese momento, Joel Rojas, Sergio Cañete, Antonio Schmittlein, Mansilla, Alejandro Candia, Martín Cartelli, Daniel Piscione y Ezequiel Romero, los presos que esperaban en el patio del pabellón 14, comenzaron a tirar elementos contundentes y cortaron el cerco metálico, lo traspasaron y se unieron al grupo externo. En medio de los disparos resultó muerto Soraire. Los restantes, atravesaron el campo hasta salir, subieron al auto y huyeron.

Esa tarde, otros seis internos que se encontraban en el patio no pudieron evadirse, ya que fueron reducidos por las fuerzas de seguridad. En tanto, algunos de los evadidos abandonaron el auto en la ruta 14 y continuaron su huida en un Honda Civic, conducido por Elisa Magdalena Álvarez, para quien Fiscalía pidió pena de 18 años y medio de prisión. En el trayecto, para asegurar su escape, tiraron clavos tipo “miguelitos” en la intersección de la Ruta 14 y la A012. Esa madrugada comenzaron las recapturas.

Los primeros fueron Cañete y Rojas, que fueron encontrados en el Honda CIvic, en Pérez, a quienes además les secuestraron armas. Fiscalía pedirá que sean sentenciados a 21 años y 3 meses de cárcel. Los dos tenían penas anteriores, por lo que en el caso de Cañete, la sentencia se unificaría en 40 años; y en el de Rojas, en 26 años y 3 meses. El primero fue mencionado como organizador y en una de las escuchas se le atribuye haber dicho a alguien del exterior que contaba "con el aval del uno", presuntamente, por Mansilla, delegado del pabellón. 

En tanto, para los restantes, los fiscales pedirán 11 años y 3 meses de cárcel. En todos los casos, de haber condena, cabe la unificación con penas anteriores. Ello, en el caso de Mansilla, una nueva sentencia de la justicia provincial llevaría a una pena de 36 años y 3 meses.

En la causa ya fueron condenadas cuatro personas por delitos de favorecimiento, encubrimiento y portación de armas, a penas de entre 2 y 7 años.