Aguaray sigue siendo una caldera y no solo por las altas temperaturas de la época, sino por una situación política cada vez más complicada. Al escándalo de corrupción del ex intendente Enrique Prado y su posterior destitución se sumó la designación, por parte del Ejecutivo provincial, de un interventor que echó nafta al fuego en el primer encontronazo con los municipales.

Es que hace ya 10 días los empleados están de paro exigiendo el pago de un retroactivo que aún les deben de marzo, sumado a otros pedidos de recomposición salarial, pero al interventor, Adrián Zigarán, se le ocurrió plantear que los sindicatos se habían acostumbrado a las dádivas de Prado y que con él estaban atravesando un “principio de abstinencia”, por lo que amenazó con denunciarlos judicialmente por obstruir el paso al edificio municipal y hasta advertió que no pagará los días no trabajados.

Un día más tarde, en la primera audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo, sumó un nuevo episodio al intentar agredir al delegado departamental de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por no retractarse de haberlo tratado de mentiroso.

Todo eso generó un malestar generalizado en los más de 600 trabajadores municipales, quienes el viernes pasado, acompañados de otros vecinos, marcharon por la ciudad pidiendo al gobernador Gustavo Sáenz que remueva al Zigarán e hicieron llegar esa solicitud al Concejo Deliberante.

Ayer por la tarde, ese cuerpo deliberativo decidió tratar la moción en presencia de un grupo de empleados a los que se les permitió ingresar. Allí, como no podía ser de otra manera, todo terminó en caos e incertidumbre, ya que mientras algunos ediles y los municipales presentes aseguran que se votó de manera unánime declarar persona no grata a Zigarán y pedir su remoción, el presidente del Concejo, Guillermo Alemán, negó esas versiones.

“Sólo se votó hacer constar en el acta lo que pedía el concejal Raúl Padilla”, dijo Alemán a Salta/12, y añadió que en realidad, lo que se votó fue otra moción para enviar una nota al gobernador pidiendo que viaje a Aguaray para que en primera persona se interiorice de la situación que está atravesando el municipio, “o que los siete concejales seamos atendidos por él en la Casa de gobierno, que fue un pedido del concejal Sergio Nieva”.

Pero fue el mismo Nieva quien desmintió al presidente del Cuerpo al asegurar que se votaron favorablemente las dos mociones, “Padilla pidió que se declare persona no grata y que se envíe una nota a Gustavo Sáenz pidiendo la remoción de Zigarán, y yo pedí que se sume el pedido al gobernador para que venga a conocer la situación o que nos reciba en Salta”, indicó.

El edil agregó que le sorprendía el cambio de opinión de Alemán, “con razón nos llamaron a firmar las actas mañana a las 7.30, no sea que nos encontremos con esa sorpresa”.

Mientras que el autor de la solicitud, el concejal Padilla, apuntó directamente a presiones del sector del interventor, “a estos los están presionando para no hacer nada”, sostuvo. Para el concejal, Zigarán está “profundizando la grieta” en el municipio, al tratar de “adictos con principio de abstinencia a los trabajadores”.

El fundador del partido Por un Aguaray Mejor, espacio a través del cual arribó a la intendencia Enrique Prado, sostuvo que al ex jefe comunal “lo deberá juzgar la Justicia”, pero se despegó del intendente hoy en prisión al indicar que no responde a él “sino al pueblo que nos votó”, y añadió que el actual interventor no está en condiciones de conducir un municipio, “es incapaz y lo está demostrando con los hechos”.

Los trabajadores municipales presentes en el Concejo Deliberante, así como algunos periodistas de la zona, confirmaron que al momento de votar, se hizo por las dos mociones “que era una misma”, expresó Diego Alcoba, secretario Adjunto de ATE por el departamento San Martín.

El conflicto laboral

Mientras tanto, el municipio sigue paralizado desde el lunes 30 de noviembre, cuando los empleados decidieron tomar medidas de fuerza en reclamo por un saldo adeudado desde marzo y un pedido de recomposición salarial del 15% a pagar en dos meses.

Ayer por la mañana, horas antes de la segunda reunión de conciliación convocada por la delegación de la secretaría de Trabajo en Tartagal, unos 300 trabajadores seguían apostados a la entrada del municipio y quemando gomas a la espera de una propuesta concreta por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, horas más tarde el secretario general departamental de ATE, Fermín Hoyos, convocó a una asamblea para comunicar lo que desde la intervención habían ofrecido: “nos propusieron el 5% de aumento a pagar ahora en noviembre y no tomar ninguna medida en contra de los trabajadores”, dijo el gremialista.

En cuanto al retroactivo adeudado, que asciende a unos $2.800.000, el municipio propuso pagarlo en tres cuotas a partir de diciembre. Otro de los pedidos del gremio era pasar a planta a los 200 contratados y que, al menos a los trabajadores eventuales, denominados “planilleros”, de mayor antigüedad “se les hagan contratos para que accedan a beneficios laborales como licencias, vacaciones, obra social y ART”. Pero según Hoyos, le contestaron que eso lo podrían volver a conversar en enero de 2021 y no ahora.

Los trabajadores reunidos en la asamblea decidieron desestimar la propuesta, principalmente porque no aceptan el 5% de aumento, “vinimos por el 15% y no nos vamos a ir sin por lo menos el 10% a pagar en dos cuotas, en noviembre y diciembre”, sostuvo el secretario adjunto de ATE, Diego Alcoba.

Por último, Hoyos aclaró que lo que quieren los empleados municipales es llegar al 40% de aumento en el año como lo hicieron en los restantes municipios de la zona, “Tartagal acordó un 50% de incremento salarial paritario, y en Pocitos (Salvador Mazza en realidad), del 45%, si les dan este 5% llegarían al 35”.

Mañana, en una nueva audiencia, el referente gremial comunicará la decisión que tomó la asamblea a los representantes municipales, “esperemos que puedan reconsiderar su posición y estirarse al 10% para finalizar el año en paz”, concluyó Hoyos.