Tras los allanamientos de esta semana en la causa por estafa contra Vicentin, el fiscal Miguel Moreno indicó que tuvieron como objetivo "recabar información para saber concretamente quiénes van a ser imputados". En ese sentido señaló: "Investigamos estafas que creemos que ocurrieron, y siendo una sociedad la que las comete tenemos que ver cómo se conformó la decisión social para cometerlas. El objetivo es precisar el aporte que cada una de las personas involucradas tuvo en relación con los delitos". El funcionario judicial recordó que "los denunciados son quienes integran el directorio, síndicos y representantes legales que hayan celebrado contratos con bancos o corredores agropecuarios". Y sostuvo: "Vicentin recibía granos que en los balances demostraban como propios, sin exhibir que todavía no habían sido pagados". 

Se trata de la investigación penal que se tramita en Rosario ante una denuncia de media docena de acreedores comerciales, presentada a mediados de año, por estafa. En el expediente hubo 13 allanamientos esta semana y se concretó una orden de interdicción de cuentas bancarias y cajas de seguridad de personas físicas y jurídicas relacionadas al grupo.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos hizo ayer un repaso de la causa que tiene a cargo. "Comenzó con la denuncia de productores agropecuarios por la entrega de cereal a través de la modalidad de contrato con precio a fijar; es decir que se entrega cereal y en determinado momento el productor decide fijar precio y es ahí, conforme los precios de mercado de ese día, que se establece la contraprestación --en este caso-- por parte de Vicentin". En detalles, dijo que "entregaron, mediante esta modalidad, granos a Vicentin y que sus contratos y las obligaciones derivadas no fueron honradas. Ellos consideran que fueron estafados porque al momento de contratar no fueron informados por Vicentin, quien no habría honrado la buena fe comercial; que fueron privados de la información acerca de la realidad económico-financiera de la empresa, en cuanto a que no tenía posibilidades de realizar la contraprestación, pagar el precio de los granos".

Ante ello, indicó que "los productores que se presentaron (en la Justicia) por estafa son entre cinco y seis que, frente al otro grupo de acreedores, es menor porque del otro lado tenemos los bancos internacionales y el banco Macro que reclaman una deuda superior a los 500 millones de dólares. En este caso, hablamos de una suma, en su conjunto, que puede ser de 7 u 8 millones de dólares; a excepción del corre-acopio Grassi que tiene una acreencia superior a los 50 millones", precisó.

Moreno detalló que en los allanamientos realizados en Reconquista, Avellaneda y Ricardone se secuestró "información tanto física como digital. Continuamos extrayendo de la fábrica de Avellaneda de Vicentin información informática relacionada con operaciones, decisiones societarias; se secuestraron libros de actas de cada sociedad que forma el holding". Y agregó que "la clausura (en oficinas de Avellaneda) no está relacionada con sospecha de movimiento de bienes, sino con la posibilidad de trabajar sobre una caja fuerte que había que abrir y sobre terminales informáticas". 

En ese contexto, planteó que el procedimiento "estuvo destinado a deslindar o precisar atribuciones personales sobre los hechos que estamos investigando. Nosotros investigamos estafas que creemos que ocurrieron, y siendo una sociedad la que las comete tenemos que ver cómo se conformó la decisión social para cometerlas. El objetivo es precisar el aporte que cada una de las personas involucradas tuvo en relación con los delitos", dijo. 

Consultado en conferencia de prensa sobre a situación de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó: "Entendemos que fue utilizada por la firma como un escenario mediante el cual, exhibiendo una cantidad importante de contratos, la empresa usa el registro de cada contrato de compra de granos en la Bolsa para exhibir una salud financiera que no era tal. Vicentin recibía granos que en los balances demostraba como propios, sin exhibir que todavía no habían sido pagados". Y sobre los pasos a seguir, señaló: "El plazo que nos lleve relevar la información será importante. Como toda causa penal necesita tener imputados y esta medida tuvo como objeto recaban información acerca de saber concretamente quiénes van a ser imputados. Los denunciados son quienes integran el directorio, síndicos, representantes legales que hayan celebrado contratos con bancos o corredores agopecuarios". 

En cuanto a la competencia de la Fiscalía de Rosario para continuar con la causa, recordó que fue avalada por el juez Hernán Postma esta semana; pero estimó que podría ser apelada por el directorio de la empresa. "La causa debe tramitar aquí porque los hechos ocurrieron en esta jurisdicción. No veo que sea beneficioso ni para los eventuales imputados ni para los investigadores que la causa se tramite en Reconquista, porque el núcleo de los negocios está en el gran Rosario".