El gobierno de Gerardo Morales logró imponer su mayoría en la Legislatura jujeña y designó a su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia. El nuevo supremo provincial tiene en su currículum el haber sido el perseguidor y encarcelador de Milagro Sala. A pesar de este dato y las diferentes denuncias por abuso de poder más el rechazo de los organismos de derechos humanos, Meyer se sumará a la Corte adicta a Morales gracias a los 28 votos del oficialismo que se impusieron sobre los 17 negativos que colectaron el peronismo y el FIT.

La designación del funcionario provincial fue cuestionada tanto desde sectores de la política como de los derechos humanos, por entender que el goberanador de Jujuy suma un eslabón más en la sujeción del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. “La propuesta de designación de Ekel Meyer para el Superior Tribunal de Justicia de la provincia es la violación flagrante y continuada del principio republicano de nuestro sistema constitucional por parte del gobernador Gerardo Morales”, afirmaron organismos de derecho humanos.

“Meyer reúne las condiciones para ser propuesto e integrar en el Superior Tribunal de Justicia”, aseguró, durante la sesión especial de la Legislatura, el presidente de la comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Ramiro Tizón, al defender la postulación del ministro de Seguridad. Tras reseñar las críticas que recibió el pliego de postulante, las comparó con la situación del juez Juan Carlos Maqueda, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que transitó otros poderes del Estado antes de llegar a ser funcionario judicial.

El diputado del FIT Eduardo Hernández recordó en su intervención cómo se hizo la ampliación del máximo tribunal jujeño en 2015. “Estamos asistiendo de escándalo en escándalo”, afirmó y agregó que “se trata de justificar a un funcionario para cubrir el cargo”. "No debemos olvidar el desempeño del propuesto como la detención de dirigentes sociales apenas asumió el cargo, detención ilegal de estudiantes en la Facultad de Agronomía, represión de obreros de La Esperanza, represión en la apertura de Sesión de 2018. Estamos trayendo a nombrar a una persona que fue impugnada por organismos de derechos humanos. Una persona que tiene como idea atropellar derechos, la libre expresión”, denunció. 

En tanto que la diputada Alejandra Cejas (PJ) sostuvo que “al pliego del vocal le faltan fundamentos, una hoja enviaron para su designación. ¿Qué, es amigo? ¿Socio? Esto es producto de las designaciones a dedo. En qué rama se especializa”, cuestionó.

“El radicalismo necesita fueros, llena de amigos (el STJ) para ayudarlos en los juicios que tiene”, acusó la diputada. Así también repasó varios hechos, como los crímenes resonantes no resueltos como el caso Matías Puca, los femicidios, la represión y la no implementación de cámaras de seguridad para las cuales solicitó un millonario crédito.

La postulación de Ekel Meyer fue impugnada por la organización Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), cuestionamiento al que adhirió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También la Asociación de Abogados de Jujuy y organismos de derechos humanos objetaron la designación del ministro por considerar no posee los antecedentes suficientes que demuestren su idoneidad técnica o solvencia jurídica suficiente para ocupar el cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia.

Por caso, en su presentación Andhes señaló que quien sea designado en la vocalía del STJ debe contar con independencia de criterio, idoneidad técnica y un fuerte compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, señalaron que son "exigencias que el doctor Ekel Meyer, no cumple, motivo por el cual se solicita a la Legislatura que no brinde acuerdo a la propuesta del gobernador". También solicitó que se actualice el procedimiento de selección de los jueces del Superior Tribunal, establecido en el artículo 155 de la Constitución Provincial, y que se habilite una instancia de participación ciudadana o de monitoreo del proceso.

Ekel Meyer ejecutó el encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala en enero de 2016. Hace cuatro años y diez meses Morales amplió el número de miembros del STJ de 5 a 9 integrantes. Dos de los nuevos jueces superiores designados entonces, Pablo Baca y Elizabeth Altamirano, eran diputados radicales que el día antes habían votado la reforma judicial. De los nueve miembros del STJ, cuatro son militantes radicales, exlegisladores, igual que Meyer. Esta recurrencia de diputados de la UCR que llegan a jueces superiores motivó ayer la ironía del diputado Juan Cardozo (FdT): "¿Qué, hay que ser diputado radical para llegar al Superior Tribunal?". 

En 2016 fue elegida presidenta del STJ Clara Falcone de Langhe (exlegisladora de la UCR), quien al asumir expresó: “le dije a Gerardo (Morales), te voy a acompañar en tu gestión por cuatro años”, dejando expuesta la falta de independencia frente al Ejecutivo. Falcone debió retirarse en 2019 por hacer declaraciones polémicas contra Milagro Sala. Además fue denunciada por manipular a jueces y fiscales. La presidencia fue ocupada entonces por el también radical Baca, quien a su vez tuvo que renunciar en marzo paado denunciado por presunto abuso sexual. Esa vocalía quedó vacante y es la que Meyer ocupará.