La crisis provocada por la Covid-19 interpeló el rol del Estado, no solo en asistencia directa para atender con urgencia a millones de argentinos, sino también en materia de infraestructura, señala Roxana Mazzola, Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Gabriel Katopodis. La profundización de la pobreza y las inequidades en Argentina requieren abandonar la concepción de infraestructura clásica y atender a las brechas persistentes, como las que se visibilizaron con la pandemia. En diálogo con Cash, Mazzola advirtió sobre la necesidad de implementar un sistema de monitoreo y evaluación sostenible en el tiempo, que pueda dar cuenta del impacto de la obra pública en el trabajo y permita acortar las brechas en infraestructura —no solo a nivel geográfico sino, además, según género y edad— y, finalmente, que esas prioridades de gestión se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para lograr este viraje hacia políticas de transparencia e integridad, la Dirección Nacional de Transparencia implementó un mapa de inversiones que difunde las obras del Ministerio a través de una plataforma de datos abiertos, se encuentra actualizando el código de ética del sector, generó un programa de monitoreo y evaluación, y creó un Observatorio de la Obra Pública para mejorar las acciones de la obra pública y medir los impactos de gestión de manera cotidiana y sostenida.

- ¿Cuál es el aporte de la Dirección Nacional de Transparencia que distingue la labor de este Ministerio respecto de gestiones anteriores?

- Introducir transparencia en un organismo como este implica generar condiciones para el conocimiento y el control ciudadano sobre las acciones que se llevan adelante desde el Ministerio de Obras Públicas, mejorando el impacto de las intervenciones. Para eso abordamos tres grandes líneas de actuación. La primera, referida al monitoreo y la evaluación, consiste en el ordenamiento de una línea de base de las diversas acciones que se realizan desde el Ministerio en lo relativo a agua y cloacas, por un lado, vialidad y obras hídricas, por otro… por mencionar algunos casos. Hay además una línea nueva ligada a la infraestructura del cuidado. Para la toma de decisiones es central contar con una línea de base que se adecue a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

- ¿Qué aporta, en el día a día, la labor de un espacio de monitoreo y evaluación como el que promueve la Dirección de Transparencia?

- Nuestra prioridad es consolidar un set de datos básicos e índices compuestos que nos permitan validar dónde direccionar la inversión y registrar el impacto de cada intervención. La idea es disponer de indicadores concretos que atiendan las vulnerabilidades en acceso a agua y cloaca, en vialidad y en obras públicas a los hogares con niños o monoparentales con jefatura de hogar femenina, que busquen disminuir la pobreza estructural e incidir en la pobreza de tiempos en las distintas regiones del país. Para eso necesitamos indicadores de gestión y de resultados atribuibles de manera más directa a nuestra intervención. A su vez, hacer políticas de transparencia e integridad requiere tornar accesible la información y empoderar a la ciudadanía en el conocimiento y control de lo que hacemos. En simultáneo, esto requiere abordar una transformación digital en la gestión de la obra pública para ser más efectivos.

- ¿En qué consiste el código de ética de la obra pública?

- Los actores que participan del Observatorio de la Obra Pública dicen que más que código de ética se trata de un acuerdo de integridad, por cuanto involucra distintas partes del ecosistema de la obra pública, esto es, sectores empresarios nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), organizaciones gremiales como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), instituciones como Poder Ciudadano o Cippec, y las universidades públicas como UBA y Unsam. Algunas revisiones están vinculadas a la sustentabilidad de la obra pública y, en forma paralela, a los conflictos de intereses.

- ¿Cómo proyectan incidir en la pobreza en materia de acceso al servicio de agua y cloacas?

- Tenemos grandes desafíos en términos de la brecha estructural en infraestructura, a lo que se suma la fuerte y sostenida desinversión que hubo en esta área en los últimos años, cuando la inversión en capital se redujo fuertemente: pasó del 2,7 por ciento del PBI en 2015 al 1,1 por ciento en 2019, lo que representó una pérdida de 1.6 puntos. Ahora, con el nuevo presupuesto, se llegará al 2,2 por ciento del producto bruto y volverá a estar mínimamente en un piso de inversión más razonable.

- ¿Cuáles son los sectores más golpeados por esta brecha en infraestructura?

- Para afrontar esa brecha debemos enfocarnos en el impacto diferencial de la obra pública en el territorio, en los géneros y en la niñez: las oportunidades de acceso a agua y cloaca y a servicios esenciales para las mujeres y, en particular, para los hogares con niños/as son muy desventajosas. Hoy en Argentina contamos con una estadística más global y fiable que nos permite conocer ese acceso diferencial entre zonas rurales y urbanas.

- ¿En qué consiste esta nueva línea a la que denomina infraestructura del cuidado?

- Recientemente, y con base a la evidencia, desde el Ministerio de Obras Públicas se incluyó en el proyecto de presupuesto 2021 un Fondo de Infraestructura del Cuidado, que se propone invertir 8,5 por ciento del presupuesto a fortalecer la Red de Infraestructura del Cuidado con eje en la infancia, en la salud y en género. Esta Red de Infraestructura del Cuidado está conformada por tres componentes iniciales: la Red Sanitaria Federal, en articulación con el Ministerio de Salud, que incluye intervenciones en todo el país para fortalecer el sistema sanitario; los Centros territoriales de políticas de géneros y diversidad, en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y, recientemente, también hemos anunciado la implementación de 300 centros de desarrollo infantil que se construirán junto al Ministerio de Desarrollo Social. Estos centros de desarrollo infantil fueron localizados en base a un índice multidimensional que permita identificar cuáles son las zonas más desfavorables de la Argentina. Se trata de una política pública que exige coordinación de gestión y datos actuales y bien construidos.

- ¿Cuáles son las dimensiones de ese indicador que permiten planificar políticas tendientes a acortar esa brecha en infraestructura?

- Ese índice identifica las condiciones de desigualdad en términos de acceso por parte de los niños y niñas; la segunda está vinculada a la escala de ciudades y demografía; la tercera se relaciona con la viabilidad del suelo y de gestión municipal. Al día de hoy hemos diseñado un índice técnico que considera las dos primeras dimensiones; en paralelo, estamos trabajando en el proceso de localización de viabilidad del suelo. Estos índices multidimensionales son centrales. El índice de inequidades en la primera infancia, por ejemplo, o el nuevo de acceso a agua y cloacas que ahora estamos diseñando con el Enhosa y los gobiernos subnacionales, contemplan distintas privaciones como, por caso, indicadores con tasa de mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, entre otros. Todo eso nos permitirá localizar la inversión donde se requiere con más urgencia.

- ¿Qué resultados y legados se encontró cuando asumió?

- Observamos una fuerte retracción del rol del Estado en materia de inequidades territoriales a lo largo del país; en particular, en la obra pública. Eso se expresa, por ejemplo, en la reducción de ese presupuesto y, más concretamente, en el mapa de inversiones que atiende el Ministerio. Es decir, de las 700 obras que integran nuestra cartera, una parte sustantiva quedó suspendida y hubo que reactivarla en esta gestión. Ahora están en desarrollo 872 proyectos, gran parte de ellos (719) son del Argentina Hace y 77, de la Red de Emergencia Sanitaria.

- ¿Cómo trabajaron sobre el objetivo de transparencia y apertura de los datos para que queden disponibles a la ciudadanía?

. En principio, tuvimos que hacer un trabajo de reconstrucción de esa información para disponibilizarla, porque estaba muy fragmentada, y distintas bases de datos se encontraban desmembradas. Estamos convencidos de que la transparencia permite que las decisiones relativas a la localización de la inversión no se tomen a dedo, sino atendiendo a los indicadores de vulnerabilidad basados en esos índices compuestos que arrojan datos objetivos. Esos sistemas de monitoreo y evaluación, junto con los indicadores de gestión y resultados de las obras, se ponen a disposición de las personas. El “Mapa de Inversiones” es una muestra concreta de una herramienta tecnológica desarrollada en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que está destinada a facilitar el acceso a la información y la participación ciudadana y contribuye a garantizar una mayor transparencia en todo el proceso de la obra pública

- ¿Cuál es la labor del Observatorio de la Obra Pública?

- Uno de los objetivos es que las mejoras que implemente el Ministerio surjan de recomendaciones que se propongan dentro de ese marco, que es un espacio institucional de participación con diferentes espacios de probada trayectoria en procesos de definición y contratación de la obra pública, con base en el Ministerio. Tenemos reuniones de trabajo con ejes temáticos distintos: uno vinculado a la transparencia y la participación ciudadana, otro vinculado a sustentabilidad, las brechas de inversión, a género, a niñez y al impacto en el trabajo de la obra pública; otro, a la innovación tecnológica en la gestión y control de la obra pública y un tercero relacionado con los cambios normativos y la inclusión del principio de integridad con un nuevo código de ética.

- ¿Qué aspectos fue necesario recalcular desde el Ministerio en el marco de la pandemia?

- Veníamos de un Estado en retirada y muy desmembrado, de manera que hubo que rearmar capacidades institucionales; todo eso debimos hacerlo en el marco de la pandemia. Hoy hay que avanzar en recuperar un Estado que había redefinido prioridades y, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, la apuesta fue ampliar el ámbito de actuación. No nos remitimos a la concepción clásica de la obra pública, la pandemia ha puesto la vara más alta, en parte porque se amplificaron muchas desigualdades persistentes en la Argentina, en particular la brecha en infraestructura. Y hoy sabemos que esas brechas tienen género y tienen edad: las mujeres y las infancias son las más perjudicadas. Entre sus manifestaciones más claras, la covid-19 explotó la crisis de los cuidados y eso requiere tener una agenda mucho más innovadora en términos de gestión y control. Las prioridades que fijó el presidente y el ministro siguen siendo las mismas desde que se inició esta gestión —cuidar el trabajo argentino y amplificar una agenda más inclusiva—, lo que impone el desafío de no ceñir al Estado a un diseño de infraestructura clásico, sino que debemos actualizarnos a los tiempos que corren. No nos cambian las prioridades, pero la pandemia nos interpela mucho más y desde lugares nuevos. 


CLAVES

* "Usamos un set de datos e índices para direccionar la inversión y medir su impacto".

* "Veníamos de un Estado en retirada y muy desmembrado".

* "Las mujeres y las infancias son las más perjudicadas por las brechas en infraestructura".

* "La transparencia permite que las decisiones de localización de la inversión no se tomen a dedo".

* "Están en desarrollo 872 proyectos: 719 son del Argentina Hace y 77, de la Red de Emergencia Sanitaria".