El expediente que registra el paso a paso de la demanda del fondo buitre Burford contra YPF y Argentina en el Segundo Distrito Sur de Nueva York incorporó esta semana una orden que le da un respiro al país. En el escrito, la jueza Loreta Preska ractifica por qué hizo lugar al pedido de los nuevos abogados de la República Argentina y manifiesta su malestar con la parte demandante por su poca predisposición para que Enrique, Sebastián, Matías y Ezequiel Eszkenazi den testimonio y presenten los documentos necesarios a fin de determinar su grado de implicancia en los derechos del juicio que adquirió Burford luego del quiebre de dos empresas del grupo dueñas del 25 por ciento del capital accionario de YPF.

"Aunque los demandantes argumenten que hay acreedores por delante de los Eszkenazi que cobrarán primero cualquier beneficio del litigio contra YPF y Argentina; no discuten que se beneficiarán financieramente en el caso de ganar la demanda", manifiesta la jueza Loreta Preska en la orden que también resulta ser la primera señal formal a favor de la posición Argentina en el juicio multimillonario. 

La jueza se encuentra en la etapa de recolección de pruebas para avanzar con el juicio, cuyas audiencias están programadas para octubre del 2021. La solicitud de información de los Eszkenazi fue realizada por los abogados que representan a la República Argentina en el marco del proceso de discovery, que permite que cada una las partes pueda obtener, antes del juicio, información de la otra; aportar la prueba documental y suministrar la información requerida por la contraria. 

Durante una audiencia el 23 de noviembre pasado y haciendo lugar al pedido de los abogados argentinos, Preska asignó al Grupo Petersen (que es el inversor quebrado de YPF demandante que figura en la causa, aunque en la práctica sea el buitre Burford que compró los derechos para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía) la misión de garantizar la disposición de los Eszkenazi tanto para dar testimonio como de  brindar la documentación requerida para seguir adelante en el juicio. 

Un mes más tarde, el 22 de diciembre último, las partes fueron convocadas nuevamente en una llamada pública cubierta por PáginaI12. Allí la demanda indicó que no tiene relación con los Eszkenazi. Y Petersen Energía, originalmente creada por los Eszkenazi, insiste en que se desvinculó una vez quebradas las empresas. El Grupo Petersen se desentiende de su relación con los Eszkenazi y alega que no cuenta con la potestad para obligarlos a que colaboren en el proceso de discovery. Incluso los abogados de Petersen presentaron una apelación para desvincularlos del juicio. Pero la jueza Preska se las denegó: tienen plazo hasta el 15 de febrero para presentarse a declarar.

Este hecho generó un notorio malestar en la jueza. En la orden que se incorporó recientemente a la causa, Preska fue tajante: "La Corte determinó que los demandantes Petersen deben responder la solicitud del discovery; presentar los documentos en posesión de los Eszkenazi y conseguir que los Eszkenazi se presenten a declarar". 

Luz al final del túnel

Que la jueza que reemplaza al fallecido Thomas Griesa, el "juez de los buitres" que en 2014 falló a favor de algunos fondos que no habían aceptado la reestructuración de deuda de la Argentina en 2005, se pronuncie firme en el pedido de los abogados argentinos resulta una una muestra de la buena disposición para atender los argumentos que el gobierno de Alberto Fernández quiere aplicar en el juicio. 

La primera discusión entre las partes la ganó la demanda. Desde el inicio del proceso en 2015 hizo foco en qué jurisdicción correspondía que se lleve adelante el juicio. YPF y Argentina insistían en que el caso se lleve adelante bajo legislación local. Pero la jueza, en acuerdo con la parte demandante, entendió que, como no se trata de una denuncia propia por la expropiación (que, en ese caso sí debía tratarse bajo leyes argentinas por ser un acto soberano no judicializable en Nueva York); sino que de un resarcimiento por las acciones de una empresa privada que también cotiza en la bolsa de Wall Street, la demanda debe tratarse allí.

Alerta buitre

Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital. Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York el 19 de octubre de 2020 tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que el juicio aún no resuelto contra YPF es el principal activo en su cartera: si llega a perderlo, su situación financiera se complicaría, hecho que puede impactar en su cotización en la bolsa y el valor de la empresa. 

Burford reclama por los daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la petrolera en ese momento, le provocó al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012. Se acusa a la Argentina por no ampliar la oferta a Repsol a los otros accionistas privados de la petrolera. En particular, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora (del Grupo Petersen de los Eszkenazi), dueñas del 25 por ciento del paquete accionario, que se manifestaron damnificadas por esta compra hostil y quebraron luego de la estatización.

A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos para litigar de Petersen Energía y Petersen Inversora. Pero, tal como se mencionó arriba, no cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales para perder esta acción judicial. 

Un 70 por ciento del dinero demandado comenzaría a formar parte del activo financiero de Burford; y aún no queda claro quiénes son los dueños de los derechos del 30 por ciento restante. Que Preska falle a favor de Burford resultaría un golpe importante para el país. El juicio multimillonario pide el doble del valor real de YPF y este caso es uno de los más peligrosos que aún mantiene el país en tribunales internacionales.