El PAMI informó que decidió despedir a las gerentas operativas de Orán y El Carril, Emilia Juárez y Viviana Beatriz Fernández, ambas imputadas por el fiscal Federal Ricardo Toranzos por haberse inscripto en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y haberlo cobrado al menos en dos oportunidades cuando ya eran funcionarias del organismo nacional.

Junto a ellas, hubo un tercer imputado de la Obra Social, se trata de Javier Navarreta, también gerente operativo de Embarcación, quien renunció incluso antes de haber sido citado por el fiscal.

Desde el organismo indicaron que dos días después de haber sido notificados por la fiscalía de la situación que atravesaban los tres gerentes, decidieron abrir un sumario administrativo para investigar lo sucedido. “El escrito lo recibimos el 30 de septiembre y los sumarios se abrieron el 2 de octubre”, explicaron desde prensa de PAMI. También detallaron que a partir de ese momento se pusieron a disposición de la Justicia y recalcaron que las inscripciones de los funcionarios fueron a título personal y que desde la dirección, a cargo de Luana Volnovich, repudiaban esas actitudes.

Aunque aclararon que la decisión que tomó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados “en ningún momento intenta reemplazar la investigación de la Justicia, que corre por otro carril”, sino que decidieron apartarlas de su cargo por conducta irregular incompatible con los deberes de un funcionario público, “pero quien debe acusarlas y declararlas culpables o inocentes será la justicia”.

La causa del cobro indebido de los IFE estalló a mitad de año cuando FM Noticias descubrió que más de 50 legisladores, en su mayoría concejales, se habían inscripto en el beneficio estatal pensado para ayudar a quienes se habían quedado sin ingresos en pleno aislamiento dispuesto por la pandemia de coronavirus. Muchos de ellos lo habían cobrado.

Los tres funcionarios del PAMI salteño fueron imputados el 19 de noviembre por el fiscal titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. Toranzos los imputó por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez.

La secretaria de la Fiscalía, Virginia Wierna, le contó a Salta/12 que la investigación se inició a raíz de la denuncia de una persona “que prefirió resguardar su identidad”, que señaló a 13 funcionarios del PAMI, sin embargo, como resultado de las tareas investigativas, se pudo determinar que sólo tres de los señalados habrían incurrido en esta irregularidad.

Viviana Fernández había sido designada como titular de la Agencia PAMI en la ciudad de Orán y cobró dos cuotas del IFE, beneficio que solicitó dos meses después de asumir en el cargo. Mientras que Emilia Juárez, ingresó en febrero pasado como titular del Centro de Atención Personalizada que la Obra Social posee en la localidad de El Carril, y también a los dos meses solicitó el cobro de la ayuda nacional.

Por último, Javier Navarreta se desempeñó desde marzo como titular del Centro de Atención Personalizada en la localidad de Embarcación y, como los otros acusados, solicitó el beneficio del IFE a los 23 días de asumir en el cargo y percibió este subsidio en dos oportunidades.