La Corte de Justicia de Salta hizo lugar a un pedido de la Provincia para la participación de "personas físicas y jurídicas" en un recurso de amparo pedido por las comunidades indígenas del Pueblo Kolla que integran el Centro Comunitario Finca El Potrero, de Iruya, en defensa de su propiedad ancestral. El conflicto se reavivó cuando el municipio usó parte de las tierras en disputa para construir viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

La Provincia y las comunidades disputan un terreno en Finca el Potrero. Los habitantes originarios se reivindican como poseedores ancestrales y como las titulares registrales, conforme a los límites que marca la escritura 626, de 1996. Por eso la presentación judicial busca también que se establezcan definitivamente los límites internos de Finca El Potrero y el pueblo de Iruya.

La abogada de la Comunidad, Verónica Huber, explicó a Salta/12 que la Provincia había solicitado que participen del proceso los adjudicatarios de las viviendas del IPV construidas en el terreno en disputa. 

El conflicto comenzó cuando se iniciaron obras de construcción de viviendas en tierras que las comunidades Finca El Potrero aducen que son parte de su propiedad comunitaria. Por otro lado, el municipio de Iruya señaló que la cédula catastral indica que las tierras están dentro de su jurisdicción municipal.

La abogada explicó que las comunidades originarias que integran Finca el Potrero son poseedoras ancestrales y titulares registrales porque la Provincia les otorgó el título años atrás. Sin embargo, no se hizo el registro en la Dirección General de Inmuebles. Las comunidades tienen la propiedad de 20.229 hectáreas.

"Estamos en conversaciones con la municipalidad (con el intendente Eugenio Herrera) para ver si es posible llegar a un acuerdo", sostuvo la abogada, quien se presentó en la causa el año pasado, luego de que se jubilara la letrada América Aleman, la anterior representante legal de las comunidades. "Hay errores de la Provincia, que otorgó títulos, pero no hay registración adecuada en Inmuebles. Se siguieron manejando como si estos fueran terrenos fiscales", indicó Huber. 

En la causa la Provincia de Salta había solicitado que se integrara en el litigio a quienes tuvieran un derecho de propiedad sobre los límites que pretende la demanda. Esto se hizo con el planteo de que puedan ejercer "su derecho de defensa", lo mismo se planteó respecto a "los beneficiarios de las casas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda en el marco del Plan Mi Casa", informó el Poder Judicial.

La Corte resolvió dar legitimidad a la intervención de todos los que se verían afectados por la sentencia judicial. "Lo contrario llevaría a una sentencia inútil o de ejecución imposible”, se afirmó. Respecto a este litigio, se agregó que "no es posible omitir el llamamiento a todos los sujetos que lo conforman".

El delegado comunal del Centro Comunitario Finca El Potrero, Bernabé Montellanos, ya ha dicho que "el gobierno no respetó el derecho al consentimiento libre e informado". Huber planteó la necesidad de sentar posición respecto a que las tierras pertenecen a las comunidades de Finca El Potrero: San Isidro, San Juan, Chiyayoc, Iurya y Las Capillas. 

La letrada dijo que estas comunidades no tienen problema con la construcción pero requieren que se respete el derecho indígena. Señaló que la municipalidad tomó decisiones usurpando el territorio originario.

Huber recordó que el municipio también construyó una terminal de ómnibus en las tierras de Finca El Potrero. "La municipalidad hizo un acuerdo para usar un predio dentro del territorio comunitario. El acuerdo incluía que en la terminal debían darles un local para vender productos de las comunidades. El intendente que asumió después, Alfredo Soto, no reconoció el acuerdo", sostuvo.