Además de la oposición de operadores de servicios turísticos del propio pueblo, la ecotasa que impuso el oficialismo iruyano provocó críticas en el Senado provincial.
La decisión de la intendencia y el Concejo Deliberante es resistida por operadores del turismo, que consideran que disminuirá la cantidad de visitas y el gasto de visitantes en los distintos servicios que se ofrecen.
Es por un faltante de casi 8 millones de pesos de las arcas municipales. La causa se inició por denuncia de la apoderada de ese municipio.
El expresidente del cuerpo de concejales, Lucio Chambi, ahora intendente interino, presentó una denuncia penal contra Canchi por los mismos motivos de su destitución.
El ex jefe comunal irá a juicio el año entrante imputado por dos hechos ocurridos durante su gestión, de 2015 a 2019. La acusación sostiene que se malversó una cifra cercana a los $7 millones.
