En la segunda jornada de la audiencia debate en su contra, el ex intendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, negó responsabilidad en el faltante de casi 8 millones de pesos en la municipalidad de ese pueblo turístico de la Puna salteña. 

Soto, que fue intendente entre 2015 y 2019, está siendo juzgado acusado de dos hechos de peculado en dos hechos. El juicio se realiza ante la Sala I del Tribunal de Juicio, que se trasladó a Iruya para su desarrollo. 

Esta investigación se inició por la denuncia, realizada el 18 de febrero de 2020, por la apoderada de la Municipalidad de Iruya. La acusación sostiene que el 6 de diciembre de 2019 Soto emitió tres cheques a favor de la municipalidad de Iruya por un monto total de 970.000 pesos, que él mismo cobro el 9 de diciembre de 2019. En ese punto se pierde el rastro del dinero. No existe constancia del destino de estos fondos y, según la denuncia de la gestión municipal que lo precedió, no se hizo una rendición de cuentas ante la municipalidad.

La fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, también acusa a Soto por la falta de rendición de 5.878.073,43 de pesos, parte de los casi 15 millones que la comuna había recibido del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de los programas sociales AIPAS (Asistencia Crítica y Pan Casero).

Por otro lado, la auditoría interna de la municipalidad de Iruya informó que hay un faltante de casi 8 millones de pesos y un informe de cheques rechazados reveló que, un día antes de la finalización de su mandato de su intendencia, Soto había librado títulos por un importe equivalente a $ 5.397.032,62.

En la audiencia de ayer, Soto, que es asistido por la bogada Nilda Emilse Garnica, decidió declarar para negar responsabilidad en estos hechos. 

Sobre los cheques por 970 mil pesos que él mismo emitió y cobró, el ex intendente sostuvo que usó el dinero para pagar deudas que tenía la comuna con proveedores de mercadería, contratistas de viviendas, planilleros (mano de obra), remisería y librería, entre otros conceptos. Dijo que esos recibos quedaron en la Municipalidad pero a pesar de eso en junio de 2022, ante las acusaciones en su contra, volvió a pedirles a esos proveedores que le firmaran recibos acreditando aquellos pagos. Estos comprobantes fueron presentados como prueba.

En cuanto a la falta de documentación respaldatoria en relación al destino de fondos enviados por el gobierno provincial para Asistencia Crítica y Pan Casero, Soto dijo que la persona encargada de hacer las rendiciones era un contador que la municipalidad había contratado. Explicó que antes de que él finalizara su gestión este contador abandonó el cargo y se fue a vivir a otro lado. Y luego, respondiendo a preguntas de los jueces, dijo que no lo intimaron para que diera explicaciones acerca de las irregularidades detectadas en el reparto de los fondos.

También dio su testimonio una contadora del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien detalló los pasos seguidos durante la investigación y las inconsistencias encontradas en el manejo de fondos públicos en el municipio de Iruya durante la gestión del ex jefe comunal que ahora afronta este proceso. También declararon testigos ofrecidos por la defensa.

Las audiencias continuarán hoy y mañana. El juicio se lleva a cabo con ubn tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans. 

La municipalidad de Iruya se constituyó en querellante en este proceso, con la representación de la abogada Eliana Verchan.