Desde Santa Fe
La veda pesquera sigue vigente en la provincia. El gobierno de Omar Perotti no logró suspender la cautelar del juez civil de Rosario Luciano Carbajo que prohibió la pesca comercial y deportiva en la mitad del río Paraná (la que baña las costas de Santa Fe) porque en la otra mitad (la de Entre Ríos) no lo puede hacer. El fiscal de Estado Rubén Weder planteó la apelación con “efectos suspensivos”, pero la jueza de feria Mónica Klebcar se la concedió con “efectos devolutivos”, lo que significa que ahora deberá resolver la Cámara de feria integrada por sus colegas Edgar Baracat, Angel Angelides y Guillermo Llaudet Maza. El gobierno fulminó el fallo de Carbajo por “arbitrario”, “contradictorio” y “avanzar indebidamente” sobre competencias que la Constitución de Santa Fe asigna al Poder Ejecutivo. "La judicatura se ha convertido así en una ‘autoridad pseudo administrativa’ que ha violentado la división de poderes”, denunció la Casa Gris.
El juez Carbajo “soslayó que la veda total de pesca afecta a miles de pescadores comerciales y deportivos” y ni siquiera consideró el “impacto social y económico” de la medida. “Es público y notorio que los pescadores iniciaron medidas de fuerza al ver afectadas su fuente de trabajo, entre ellas en el corte del puente Rosario-Victoria”. Y si bien la provincia advirtió “sobre las consecuencias sociales y económicas de una cautelar irrazonable, que será de exclusiva responsabilidad de la magistratura, eso no fue oído”, ni por Carbajo que la dictó, ni por la jueza Klebcar que no la suspendió.
La causa tiene un trasfondo político. El primer amparo por la ley 10.000 de intereses difusos se presentó en Santa Fe, el 22 de junio. Los promotores de la veda eran 14 diputados provinciales: once del Frente Progresista: los radicales Fabián Palo Oliver, Maximiliano Pullaro, Sergio Basile, Juan Cruz Cándido, Silvana Di Stéfano, Silvia Ciancio, Georgina Orciani, Fabián Bastía, Marcelo González, Jimena Senn y la socialista Clara García. Más, Carlos del Frade y Ruben Giustiniani, del centro izquierda y Oscar Martínez, del Frente Renovador. La causa “Palo Oliver, Fabián y otros contra la provincia de Santa Fe s/amparo colectivo” quedó radicada ante la jueza civil Nº11 Ana Rosa Alvarez
En paralelo, los abogados Romina Araguás y Jorge Bartoli, de la ONG El Paraná no se toca iniciaron otra acción en los Tribunales de Rosario. Tras un ping pong de competencia que resolvió la Cámara, las dos causas se acumularon en el Juzgado de Carbajo: la de Santa Fe promovida por los 14 diputados y la de Rosario. El 11 de diciembre, los apoderados de la acumulada denunciaron “hechos nuevos”, en un escrito de la doctora Araguás y el apoderado de Palo Oliver, que es el abogado Rodrigo Martín Fernández, ex intendente de Laguna Paiva. El domicilio que ofreció Fernández es una oficina de 3 de Febrero al 3200, a una cuadra de la Legislatura, que es el despacho del legislador de la UCR. Dos semanas después, el 28 de diciembre, el juez Carbajo decretó la veda total de la pesca comercial y deportiva en la mitad del río Paraná por 90 días, hasta el 31 de marzo. Y estalló el conflicto con los pescadores.
En la apelación, la Fiscalía de Estado le pidió a la jueza Mónica Klebcar que habilite la feria judicial ante la “urgencia de la situación” y conceda el recurso con “efecto suspensivo”. La magistrada lo concedió, pero con “efecto devolutivo”, que es lo contrario. No suspendió la veda, que sigue vigente y por lo tanto, la tensión en rutas y piquetes.
Al responder al “primer agravio”, la provincia dijo que la “cautelar es irrazonable” porque impone una prohibición que sólo alcanza a la mitad del río Paraná, que “se encuentra bajo jurisdicción de Santa Fe”. Carbajo dispuso la veda “en medio río” –ironizó-, sin que eso solucione el problema porque “la pesca continúa" en la zona de Entre Ríos. “La confusión del juez es tal que llama a las autoridades federales a intensificar tareas de control y fiscalización de la actividad pesquera, cuando la justicia local carece de imperium para imponer mandas sobre tales sujetos”
Al rebatir el “segundo agravio”, la provincia consideró “contradictorio” y “arbitrario” el fallo Carbajo porque impone la veda total de la pesca deportiva, cuando la ley 12.212 obliga a la devolución de los ejemplares.
“Es notoria la invasión” de juez sobre las “competencias propias del Poder Ejecutivo”, planteó la provincia al responder al “tercer agravio”. “El PE es el único que cuenta con los recursos técnicos científicos para disponer --o no-- una veda pesquera, ya que se trata de una decisión sujeta a razones de oportunidad, mérito y conveniencia que son ajenas al Poder Judicial”, advirtió.
“El juez Carbajo no es el órgano del Estado apropiado para determinar las políticas públicas y menos para evaluar su eficacia y su eficiencia”. Pero además, “soslayó que la veda total de pesca afecta a miles de pescadores comerciales y deportivos”, ni tuvo en cuenta “el impacto social y económico que la irrazonable veda total ha generado en los diversos sectores implicados en la cadena pesquera, el turismo y el propio Estado”.
“Es público y notorio que desde la vigencia de la cautelar los pescadores iniciaron medidas de fuerza al ver afectada su fuente de trabajo, entre ellas en cortes de rutas y en el puente Rosario-Victoria.
“La judicatura se ha convertido así en una ‘autoridad pseudo administrativa’ que ha violentado la división de poderes”, planteó la provincia y pidió a la Cámara de feria que revoque el fallo Carbajo.
