Varias asociaciones de productores y propietarios agropecuarios lanzaron protestas contra el “cepo” a la exportación de maíz. Así denominaron al reciente cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el gobierno, con el objeto de garantizar el abastecimiento interno del grano hasta que avance la próxima cosecha. La justificación oficial de la medida es que ya se había exportado el 89 por ciento de la cosecha anterior, por lo que se ponía en riesgo el abastecimiento para los productores de carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot.

El cierre temporal de las exportaciones se da en un contexto global donde los precios de las materias primas subieron mucho, con un maíz que casi acaricia los 500 dólares por tonelada (meses atrás rondaba los 310). Los elevados precios internacionales se habían reflejado en el mercado local, donde la tonelada de maíz pasó de 8000 pesos a casi 17.000 pesos en sólo ocho meses. 

La suba del precio del maíz presiona sobre el precio interno de varios alimentos que lo utilizan como insumo, y el desabastecimiento puede implicar subas bruscas en precio de productos socialmente sensibles.

El cierre temporal de las exportaciones es una medida de emergencia que el presidente Alberto Fernández justificó por el estado de excepción que impone la pandemia. También cuestionó que “producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un alemán?”. 

Del lado de los asociaciones patronales del campo señalaron que la medida podía ser contraproducente al desincentivar la inversión para la próxima siembra, argumento de dudosa fiabilidad ante los valores record del maíz y el carácter temporal del cierre del registro.

El debate sobre cómo lograr que en un país productor de alimentos para el mundo garantice el abastecimiento alimentario para toda su población es de larga data, y se lo puede rastrear hasta la aparición de los saladeros y los conflictos por la suba del precio de la carne en los comienzos de la independencia. 

Los intentos por resolverlo fueron variados, desde el monopolio estatal del comercio de granos en tiempos de Perón, a su desregulación total para que se igualen a los precios internacionales en diversos gobiernos liberales, pasando por medidas intermedias como las retenciones a la exportación o los subsidios para el consumo interno.

Los dos intentos más auspiciosos de Alberto Fernández sobre la cuestión quedaron empantanados. La “mesa de los argentinos contra el hambre” que había empezado con el impulso de la Tarjeta Alimentar no pudo avanzar más allá de ese subsidio monetario del Estado. El último intento estatal de hacer pie en el sector vía la expropiación de Vicentin se frustró ante la oposición del establishment y su brazo judicial. Esa falta de resultados termina socavando el intento oficial de cerrar la grieta, que se reabre en el tradicional conflicto entre grupos exportadores de granos y un gobierno popular preocupado por la mesa de los argentinos.

@AndresAsiain