Las dos asociaciones de carreras de Comunicación de la Argentina, Redcom (Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo) y Fadeccos (Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social) emitieron un comunicado conjunto para respaldar la implementación del plan básico universal de servicios comunicacionales y reclamar una “política integral de comunicaciones convergentes definida a partir una participación social plural y diversa”, porque, dicen, “trabajar en la ampliación de derechos a la comunicación es garantía para el pleno desarrollo de un sistema democrático”.
La declaración guarda relación con la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo en agosto pasado, a través del decreto de necesidad y urgencia 690, que definió a la telefonía móvil, la televisión por suscripción y la conectividad a Internet como servicios públicos esenciales en competencia. En consonancia con lo anterior el Gobierno avanzó en diciembre en la implementación de la prestación básica estableciendo que “las prestadoras del servicio deben ofrecer tarifas asequibles para amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad que ven restringidos sus derechos de conexión producto de barreras económicas” , tal como lo señala el documento de las carreras de comunicación, en el que también se afirma que tales acciones son fundamentales “para revertir la brecha entre ciudadanas y ciudadanos conectados y desconectados”.
Fadeccos y Redcom, que entre ambas representan al conjunto de las carreras de comunicación y periodismo del país, señalan en su declaración que en pandemia la demanda de conectividad “puso de relieve la cantidad de derechos ejercidos a través del soporte digital” que van desde la educación virtual, el teletrabajo, la realización de trámites hasta el ejercicio a la libertad de expresión. Y agregan que frente a ello “los Estados no pueden permanecer impasibles ante un bien social carente de una distribución igualitaria”.
Teniendo en cuenta, además que en Argentina se da “un contexto de alta concentración, donde en cada uno de los tres sectores (telefonía móvil, TV por cable y conectividad) los primeros dos operadores detentan más de 60% del mercado” motivo por el cual “la decisión (gubernamental sobre el tema) fue silenciada o duramente criticada por las empresas”.
Pero advierten las asociaciones en su documento que, además de la fuerte concentración en el sector, existe un núcleo de prestadores integrado por “más de 1200 Pymes y cooperativas que prestan servicios a poco más de un 30 % de la población distribuida en el 70 por ciento del territorio nacional”. Por esta razón, sigue diciendo el documento en respaldo a la resolución oficial, “la reglamentación diferencia a las empresas prestatarias de los servicios en función de sus escalas, buscando garantizar pisos de rentabilidad que aseguren la prestación del servicio, las inversiones necesarias y la sostenibilidad del sector”.
Y agrega que, atendiendo a que “los términos de la prestación básica requieren una revisión permanente destinada al mejoramiento de los servicios, los costos, las inversiones y las tarifas” el Estado debe “convocar con ese fin no sólo a las empresas, sino también a los sindicatos, expertos y asociaciones de usuarios a un diálogo participativo con información consolidada que procure resguardar el equilibrio económico que brinde la necesaria sustentabilidad de la política y que respete, asimismo, el carácter asimétrico de las regulaciones, toda vez que entre operadores conglomerales y pymes/cooperativos hay enormes diferencias de recursos y capacidades”.
Según Redcom y Fadeccos “se trata, en definitiva, de la intervención del Estado en la fijación de reglas según tipo de prestación, aportando transparencia, previsibilidad y factibilidad y cuidando los equilibrios necesarios para el desarrollo del sector TIC y la garantía del derecho humano a la comunicación”.
