Desde el comienzo de la gestión de Marcelo Sain como ministro de Seguridad, las políticas de género en la policía tomaron un protagonismo inédito. El nombramiento de jefas en unidades regionales y, en septiembre, de Emilce Chimenti como jefa de la fuerza, son algunos mensajes visibles sustentados en un trabajo más subterráneo, que apunta a reducir las brechas de género dentro del proyecto de democratización de la fuerza provincial. En ese marco, la formación obligatoria en género para el personal tiene dos objetivos: mejorar las prácticas en la atención a la violencia de género que llega desde la comunidad y al mismo tiempo desnaturalizar las situaciones de violencia al interior de la fuerza, como así también la discriminación por motivos de género. En conjunto con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, esta capacitación comenzó en noviembre, aunque no es lo único que viene haciendo la subsecretaria de Bienestar y Género en la policía, a cargo de Natacha Guala. “Esto va a marcar un antes y un después, instalar que esto es un tema que hay que trabajar y eso no está en discusión”, considera Guala, mientras la directora de Género en la Policía, Noelia Figueroa, refiere que durante el primer año de gestión se acompañaron 160 situaciones de violencia machista denunciadas por las agentes, ya sea en el ámbito doméstico (y en algunos casos, con agresores también policías) como en el laboral.
Uno de los puntos centrales en la discriminación por género es la desigual distribución de las tareas de cuidado, que en el caso de mujeres policías puede verse agravada, por ejemplo, por el traslado a cumplir funciones a ciudades lejanas a su residencia "Se trata de uno de los temas centrales, como en general para las mujeres trabajadores, y es necesario que las instituciones puedan desarrollar políticas que sean sensibles, no sólo a la realidad de las mujeres en relación a tener que compatibilizar sus responsabilidades en el trabajo con sus responsabilidades familiares, sino también de incentivar en el involucramiento de los varones --plantea Guala--. En muchos casos las familias, las parejas, se conforman entre compañeros de trabajo. Eso se replica bastante en la policía, que ellos puedan involucrarse también en las tareas de cuidado, ese es un trabajo de largo aliento, que excede a la institución policial, algo de lo que socialmente tenemos que ocuparnos y trabajar. Puntualmente, hay algunas especificidades, la carga horaria, muchas veces con guardias de 24 horas, con destino laboral en localidades alejadas de sus hogares, eso le suma a las horas de trabajo las horas de traslado. Se hacen jornadas muy extensas lejos de sus hogares y cuando tienen niños pequeños, eso presenta un montón de problemáticas en relación al período de lactancia, al decidir hasta cuándo amamantar, cómo ejercer ese deseo de alguna forma, eso acarrea mucho sufrimiento. Nos propusimos como uno de los ejes centrales abordar las políticas de conciliación en esta perspectiva y también en línea con lo que se propuso trabajar desde la Mesa General de Géneros que coordina el ministerio de Seguridad de Nación".
En octubre de 2019, la Red de Mujeres Policías y Penitenciarias de la provincia dio a conocer una encuesta realizada a 300 policías, de las cuales más del 70 por ciento había sufrido alguna situación de violencia, ya sea en el ámbito laboral o doméstico, de parte de su pareja también policía. Aquella acción de la Red hizo público un grave problema, que la gestión se propuso abordar con diferentes estrategias. “A lo largo de 2020 acompañamos más de 160 situaciones de mujeres o personas LGBT dentro de la policía de Santa Fe que atravesaron alguna situación de violencia, la mayoría ejercidas o perpetradas también por policías. Lo que hacemos es trabajar en un circuito aceitado con los distintos equipos locales de la provincia, de comunas y municipalidades, articulados a través de la guardia provincial de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, también con la justicia, en los casos en los que el Ministerio Público de la Acusación interviene con las medidas de protección, pero también intentando garantizar que las mujeres policías tengan acceso a sus derechos laborales”, describe Figueroa, específicamente en relación a la licencia por violencia de género.
El otro tema es cómo actuar con los varones denunciados. En ese punto, además de las respuestas específicas en cada caso, apuntan a "construir un equipo de trabajo con varones agresores”, en conjunto con la Secretaría de Estado a cargo de Celia Arena. “No hay muchas experiencias que conozcamos a nivel nacional y mucho menos en la provincia, de trabajo específico con varones denunciados en la policía, pero nos parece fundamental para pensar la reinserción y disminuir un poco la tasa de reincidencia, que es altísima”, contó Figueroa. Para la funcionaria, “poder pensar en este tipo de espacios de trabajo desde la perspectiva de lo psico-socio-educativo, es una apuesta a trabajar con aquellos denunciados no por lesiones graves ni por abuso, pero sí por todas las formas de violencia de género más leves o sutiles, que sin embargo traen consecuencias e impactos permanentemente en la vida de las mujeres y personas LGTB dentro de la policía”.
Para atender estas situaciones y todas las que se presenten en relación a cuestiones de género, Guala subraya la creación de una Red de Oficinas de Género, también en conjunto con la Secretaría de Estado, para generar un espacio de atención. Nuestra idea es descentralizar, con una proximidad mayor a las distintas regiones y realidades de la provincia. Por eso propusimos crear estas oficinas en cinco ciudades, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, que van a funcionar dentro de la sede de la Secretaría de Estado en esas ciudades", apunta. Uno de los objetivos es facilitar el tránsito de quienes sufren violencia machista. Aunque lo dice con delicadeza, señala las dificultades que encontraban las denunciantes dentro de la estructura policial. “Muchas veces la propia institución termina estigmatizando a quien denuncia, termina exponiendo a quien denuncia, se le informa al potencial denunciado, la denunciante queda expuesta a represalias, a castigos indirectos e informales, o al aislamiento dentro del propio equipo de trabajo por haber generado o visibilizado algo que genera un conflicto”.
Guala es muy concreta al considerar que “esta subsecretaría forma parte de un programa, un proyecto de reforma de la institución provincial más integral, que tienen que ver con los proyectos que están en la Legislatura, que de alguna manera tiene que ver con la democratización de la institución, en muchos sentidos. Creo que la despatriarcalización de la institución es uno de los aspectos centrales y en ese sentido la capacitación como una acción permanente de desnaturalizar, de visibilizar, de poder poner en palabras y en discusión una serie de prácticas muy instaladas y muchas veces muy irreflexivas que se sostienen dentro de los espacios de trabajo y particularmente en la policía con toda la carga histórica masculina y la verticalidad que está muy asociada a la masculinidad, con el uso de la fuerza, tiene toda una serie de componentes simbólicos lo que entendemos como tareas de seguridad, que está muy asociada a lo masculino y que después se reproduce en un montón de prácticas intangibles, es uno de los ejes centrales que tenemos que llevar adelante en este espacio por largo tiempo y la ley micaela ha sido una de las herramientas centrales que trabajamos este año, a partir de la adhesión de la provincia a la ley nacional, y al haber comenzado con las capacitaciones”.
Además de las capacitaciones virtuales, desde su área realizarán un módulo complementario, presencial para trabajar con una dinámica de taller para centrarse en situaciones concretas, ligadas a la violencia de género, las disidencias y la violencia laboral. “Humanizar los espacios de trabajo, esta idea del bienestar, poder reconocer que la forma en la que las personas se sientan integradas en sus equipos y se sientan acompañadas por la institución, redunda en un mejor servicio y una mejor predisposición al trabajo, es parte de este proceso de transformación de la policía”, considera Guala.
Figueroa subraya que “la apuesta de los talleres presenciales es bastante ambiciosa, porque la policía de Santa Fe está constituida por más de 22.500 mil personas, que nos va a llevar todo su tiempo, pero tiene que ver con lo que dice Yuyo (Néstor García), el papá de Mica (Micaela García fue víctima de femicidio en abril de 2017), cuando habla de lo que implica esta ley, que es desburocratizar esa aplicación”.
Dos preguntas ineludibles tienen que ver con la detección de situaciones de corrupción de parte de agentes policiales, y también con la cuestión salarial. Tanto Guala como Figueroa señalan que los proyectos de ley de reforma policial presentados en octubre por Sain, y que la Legislatura santafesina aún no trató, “son muy importantes”. “Una apuesta por mejorar las condiciones generales del trabajo, de la policía y sobre todo revisar la dinámica propia de los equipos de trabajo, sí son formas de aislar cada vez más o hacer más identificables ciertos comportamientos asociados al delito, corrupción y demás, porque tiene que ver con volver a construir una identidad, una apropiación de ese trabajo que también le sume a otra mirada, más del prestigio, el compromiso con la comunidad, de una seguridad realmente democrática y comunitaria que tenga otras perspectivas”, consideró Figueroa.
Sobre las resistencias que encontraron en el trabajo con la fuerza policial, Guala no las niega, pero prefiere ir por la positiva. “Nos hemos encontrado con muy buena recepción de parte de las trabajadoras policías, con devoluciones muy conmovedoras también, porque de repente es la primera vez que hay un lugar en el cual nos escuchan, nos acompañan, nos atienden rápido y se ponen a disposición, y también muy buena recepción de parte de jefas, jefas y trabajadores varones que de hecho llaman, consultan, acompañan las situaciones. Muchas veces cuando son jefes a cargo de equipos de trabajo, se ponen a disposición y yo creo que más allá, con todas las resistencias y lo que cuesta instalar nuevas prácticas, las resistencias tienen que ver muchas veces con la inercia de las instituciones y la dificultad para generar nuevos carriles, nuevas perspectivas. Esto es un cambio cultural que requiere de mucha insistencia, mucho trabajo permanente, pero yo sí he notado, muy gratamente que eso se recibe como algo necesario, importante para tener una institución moderna, actualizada, que esté al día con las transformaciones sociales, que hay cosas que no se pueden sostener más, y también con mucho acompañamiento no sólo de las mujeres sino también de muchos varones que se han puesto a trabajar sobre estas cuestiones y a aprender, a interiorizarse y a formar parte de esa transformación”.
