"Somos la primera provincia argentina que consigue reestructurar su deuda sin entrar en cesación de pago", publicó en Twitter Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, para confirmar oficialmente que la provincia logró un acuerdo con los tenedores de bonos en dólares bajo legislación extranjera por los casi 1.700 millones de dólares de deuda. Córdoba se encontraba en un default técnico por incumplir con el pago de los intereses de un bono por 25 millones de dólares el 9 de diciembre pasado y tomó especial protagonismo esta semana, ya que se vencía el periodo de gracia para terminar de cerrar con los acreedores y formalizar (o no) el default. 

La noticia no fue recibida de la mejor manera por el resto de las provincias que se encuentran negociando con bonistas extranjeros. Consideran que, en el apuro para evitar el default, la administración de Schiaretti no reparó en la famosa sostenibilidad con la que insiste el ministro de Economía, Martín Guzman, y tampoco redujo la carga de pagos en dólares: el acuerdo alcanzado disminuyó en un punto la tasa de interés, del 7,23 al 6,08 por ciento promedio, y postergó dos años la primera fecha de vencimiento de los tres títulos de deuda negociados (PDCAR21, PDCAR24, PDCAR27). Los plazos originales vencían entre 2021 y 2027 y el nuevo acuerdo los postergó al quinquenio 2023-2029. En conferencia de prensa, Schiaretti sostuvo que, con estas postergaciones, en los próximos cuatro años la provincia dejará de erogar 700 millones de dólares en concepto de capital e intereses. 

La presión para llegar a un acuerdo estaba dada porque el primer vencimiento por 729 millones de dólares emitido bajo legislación del Estado de Nueva York era el 10 de junio. La molestia del resto de las jurisdicciones se centra en que sienta un precedente complicado para conseguir una quita de capitales en las respectivas negociaciones.

Como nota de color, Schiaretti se adjudicó ser pionero en conseguir la reestructuración, pero hay varias provincias que lograron acuerdos en 2020. Una vez cerrada la reestructuración de los más de 68.000 millones de dólares en bonos a nivel nacional en agosto del año pasado, Mendoza fue la primera en acordar con sus acreedores de deuda bajo legislación internacional por unos 530 millones de dólares en septiembre. A fines de noviembre, Neuquén logró renegociar su deuda por 683 millones de dólares. Ya en diciembre se sumaron Chubut y Río Negro a las provincias que evitaron el default.

Endeudamiento serial

El gobierno cordobés parecía tener un final anunciado: luego de cuatro meses de negociación que incluyeron cinco ofertas de reestructuración rechazadas, el próximo paso parecía ser el default. Luego de ceder algunas cláusulas, logró rebatir un fantasma que acecha a la mayoría de las provincias argentinas: ordenar el endeudamiento de 12.299,50 millones en dólares tomado durante el gobierno de Macri, y agravado por la devaluación de 2018. "El endeudamiento provincial se incrementó 258 por ciento entre 2004 y 2015, con nueve años de crecimiento de PBI y tres de caída, mientras que entre 2016 y 2019, en sólo cuatro años, el incremento de deuda fue de 542 por ciento con un PBI comportándose de manera recesiva: tres años de caída y uno sólo de crecimiento", aclara un informe del CEPA al respecto.

En paralelo a la situación de Córdoba, un grupo de acreedores presentó en Nueva York una demanda contra Entre Ríos por el incumplimiento del pago de intereses semestrales correspondientes a agosto del año pasado por un bono con vencimiento en 2025 que la administración de Bordet busca reestructurar. Esta situación, sumada a la  undécima extensión del plazo que la provincia de Buenos Aires realizó la semana anterior, despertó la alarma de la Unidad de apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial creada a principio de este año bajo el ala del Ministerio de Economía. Su director, Rafael Brigo, convocó una reunión técnica con ministros de finanzas provinciales para armar una estrategia común de negociación con las provincias que aún no lograron acordar sus deudas con acreedores externos y evitar que el desenlace entrerriano se replique al resto del país.