Femeba, la federación que agrupa a los médicos bonaerenses cuestionó la medida cautelar que obligó al Sanatorio Otamendi y sus profesionales a administrar dióxido de cloro a un paciente con coronavirus luego de que el  juez federal Javier Pico Terrero autorizara la prescripción de ese producto. El comunicado de Femeba advierte que es "un muy peligroso antecedente para la salud pública" en Argentina y para los trabajadores e instituciones de salud "que deben enfrentar la difícil situación de pandemia". El comunicado se suma al rechazo y las denuncias presentadas por diferentes asociaciones médicas y científicas tanto contra el médico que proporcionó la receta, como contra el juez que ordenó la aplicación.

Mediante el comunicado, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires afirmó que “los médicos deben prescribir los medicamentos autorizados por la Anmat para los usos establecidos en el prospecto" y que "el uso fuera de prospecto, que es de exclusiva responsabilidad del médico tratante, es una práctica que se basa en el conocimiento científico y la experiencia del profesional".

Sobre el caso del paciente del Sanatorio Otamendi, quien murió en esa clínica porteña luego de haberle administrado dióxido de cloro, Femeba señaló que "no se dispone de esa evidencia científica para las dos prescripciones indicadas (dióxido de cloro e ibuprofeno inhalado), ni la especialidad del médico que las indicó supone ninguna experiencia en el tratamiento de pacientes afectados de Covid-19”.

"Los jueces no deben dirimir diferencias de escuelas médicas cuando esas diferencias en los métodos y materiales utilizados no afectan en modo importante a los resultados esperables para el beneficio y la seguridad de los pacientes", afirmó Juan Carlos Tealdi, coordinador de la Comisión de Bioética de la Fundación Femeba.

Y agregó: "El consenso internacional indica que los pacientes afectados de covid-19 de ningún modo deben ser tratados con dióxido de cloro intravenoso, ni tampoco deben ser tratados con ibuprofeno inhalado en el estado actual de los conocimientos”.

Por su parte, el presidente de la entidad, Guillermo Cobián, indicó que Femeba "se opone de manera férrea a esta situación, donde la justicia obligó a colegas a realizar una práctica que conlleva riesgos graves para la salud del paciente y que no posee ningún tipo de sustento científico”.

"Queda claro en este caso que, desde el punto de vista normativo, administrativo, ético y profesional, ni los profesionales ni el Sanatorio tienen la obligación de administrar un tratamiento que no tiene fundamento. Y menos, el deber de no administrarlo", aseveró.

Además. Femeba consideró que la medida dispuesta por el juez interviniente contra el Sanatorio Otamendi y sus profesionales "debe ser rechazada del modo más enérgico".

"Es un muy peligroso antecedente para la salud pública en nuestro país y para los trabajadores e instituciones de salud que deben enfrentar la difícil situación de pandemia", opinaron desde la Federación y concluyeron que "los jueces ante temas vinculados con la medicina, deben consultar con instituciones científicas o expertos, tanto del ámbito público como privado".