La llegada al poder de Joe Biden genera gran expectativa entre los inmigrantes que esperan un alivio luego de cuatro años de políticas restrictivas de Donald Trump. El exsenador demócrata, que asumirá la presidencia este miércoles, prometió la regularización de 11 millones de indocumentados que viven en el país en un plazo de ocho años. De aprobarse el proyecto en el Congreso, se tratará de la medida más importante para otorgarle estatus legal a migrantes sin documentación desde que el presidente Ronald Reagan lo hiciera para casi tres millones de personas en 1986.
La legislación, que ya fue redactada y se espera tenga cientos de páginas, incluye un atajo para la ciudadanía de los llamados "dreamers", los jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos de pequeños, y promete un acercamiento a países de Centroamérica de donde provienen miles de inmigrantes ilegales. Trump dejará la Casa Blanca sin terminar el muro que prometió levantar en la frontera con México, aunque lo reemplazó por una serie de medidas que, en la práctica, le permitieron lograr su cometido de reducir la llegada al país de indocumentados. "Debemos reconstruir un sistema de inmigración mejor y más justo: permitir que las familias vuelvan a estar juntas, brindar acceso a beneficios como la ciudadanía sin discriminación y dejar atrás las políticas punitivas que detienen innecesariamente a las personas", aseguró en diálogo con PáginaI12 Ronald Newman, director político de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La nueva normativa propuesta por el equipo de Biden abarcaría a todos aquellos que viven en el país sin estatus legal a partir del primero de enero de 2021. Proporciona un camino de ocho años hacia la ciudadanía, conformados por cinco hacia un estatus legal temporal o una tarjeta verde, y tres más hacia la naturalización. Además los trabajadores agrícolas y las personas bajo estatus de protección temporal podrían tramitar más rápido la residencia en caso de que estén trabajando o estudiando.
Unos 700 mil jóvenes atravesaron toda su vida indocumentados hasta que en 2012 el presidente Barack Obama les otorgó el estatuto de protección. Los dreamers vivieron en el limbo durante el gobierno de Trump, quien decidió cancelar esta protección conocida como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) mediante un decreto, dando inicio a una larga batalla judicial. Con un Congreso favorable la tarea para Biden será igualmente enorme, ya que durante la gestión saliente los cambios en la política migratoria ocurrieron a un ritmo "frenético y sin precedentes", indicó el Instituto de Política Migratoria (MPI). El centro de estudios con sede en Washington apuntó que con la friolera de 400 acciones ejecutivas la administración saliente "desmanteló y reconstruyó metódicamente" un sistema basado en una cosmovisión de la inmigración como una "amenaza a la seguridad y la economía" estadounidense.
"La administración cumplió con todo lo que el presidente había prometido en la campaña electoral casi exclusivamente a través de decretos ejecutivos, ignorando a un Congreso con el que originalmente se había comprometido a trabajar", aseguró Sarah Pierce, analista del MPI. "Trump no solamente terminó con la inmigración ilegal, también con la inmigración legal de miles de latinos que intentaban ingresar a Estados Unidos. Cumplió con una promesa digna de la extrema derecha", destacó por su parte el presidente nacional de LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos), Domingo García.
Las decisiones emanadas por la Casa Blanca abarcaron a distintos destinatarios, aunque fue la separación de miles de familias inmigrantes en la frontera lo que caló más hondo en la opinión pública. El traslado de menores de edad a diversos centros luego de ser apartados de sus padres dejó una huella que aún permanece, pese a que esa política dejó de implementarse en junio de 2018. "Estos cuatro años de Trump fueron un desastre. Ver cómo le quitaban los niños a los padres migrantes fue una imagen cruel y en mi opinión ilegal. La justicia debería encarcelarlo a él y a los que desarrollaron el programa", le dijo García a este diario.
Otra pesada mochila que heredará el gobierno de Biden es la gestión de los centros de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), donde unos 15 mil migrantes se encuentran actualmente detenidos. El gobierno de Trump acumula varias denuncias de maltratos que derivaron en la muerte de migrantes.
Pero las quejas no solo recaen sobre el magnate republicano. En uno de los debates presidenciales previos a las elecciones de noviembre de 2020 Trump se defendió de los ataques de Biden recordando que fue su administración, la que compartía con el presidente Barack Obama, la que inició el maltrato hacia los migrantes. "¿Quién hizo las jaulas para los niños, Joe?", se encargó de repetir Trump varias veces. "Biden propuso una modernización de los centros de detención y por 100 días un alto a todas las deportaciones antes de avanzar con una nueva legislación. Todo eso puede generar un impacto en todos los migrantes que están detenidos en la frontera", aseguró García.
Otro tema a resolver son los acuerdos de "tercer país seguro" que Trump firmó con Guatemala, Honduras y El Salvador y le permiten a Estados Unidos deportar a los refugiados que llegan a su territorio y no pidieron asilo en el primer país que pisaron al salir de su nación de origen. Desde el entorno de Biden aseguran que el mandatario electo trabajará para "anular rápidamente" esos acuerdos con los países del triángulo norte de Centroamérica.
"Biden creará una comisión para investigar las razones por las que migran quienes están llegando principalmente de Centroamérica en multitudinarias caravanas", dijo García. La última de ellas fue reprimida a fuerza de palos y gases lacrimógenos en Guatemala tras partir de Honduras. Este martes Guatemala devolvió a territorio hondureño a los miles de migrantes que formaban parte de la caravana y marchaban a pie hacia Estados Unidos.
Durante su campaña presidencial, Biden aseguró que los latinos representan casi el 20 por ciento de la población en Estados Unidos y son el "futuro" del país. Además consideró "ridículo" continuar con las políticas desplegadas por Trump. "Es poco probable que esta nueva administración tenga la voluntad política y los recursos para deshacer todos los cambios de la administración republicana a un ritmo similar. Por lo tanto, independientemente de que el péndulo se mueva en la dirección de políticas que favorecen la reactivación de la inmigración, la presidencia de Trump tendrá efectos duraderos en el sistema de inmigración de los Estados Unidos mucho después de su mandato", alertó Pierce desde el MPI.
Para avanzar con sus planes de reforma, Biden nombró como ministro de Seguridad Interior a Alejandro Mayorkas, un experimentado abogado de origen cubano que participó en la redacción de la "Dream Act" que vio nacer a los jovenes soñadores llegados al país del norte. Mayorkas tendrá a su cargo la administración de todos los centros de detención de migrantes y aduanas del país. Para el abogado Ronald Newman el secretario designado "tiene la oportunidad de trazar el camino a seguir para que Estados Unidos regrese a nuestro valor central de E Pluribus Unum: de muchos, uno".
