Un momento fundacional del actual gobierno porteño fue cuando el entonces Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta pidió “ideas” para vender tierras y propiedades de la Ciudad. La justificación era financiar obras que le importaban como candidato y posible Jefe de Gobierno. La lógica era la de siempre, habilitar negocios para la industria mimada. Varios funcionarios con poder pero poco conocidos se ganaron las espuelas en la gestión Larreta sugiriendo negocios así. Y la cosa es de base, estructural y no meros casos de corrupción que se dan en ese rubro. La especulación inmobiliaria es realmente sinónimo de progreso para estos pajarones en funciones, es el único progreso que entienden.

Lo que explica, más allá de las vacaciones pagas en Europa, los dineros y las futuras carreras en el sector privado, que se hagan descaros como el intercambio de la Manzana 66 en Once por una manzana en Núñez. Para que cerrara la matemática de cambiar mano a mano dos propiedades tan diferentes en valor de mercado, se hicieron malabares, se cambió hasta el absurdo la zonificación, se firmaron papeles descarados. Sólo la anomia de la oposición en la Ciudad, que parece resignada a dejarle la cancha al macrismo, impide que esto sea un escándalo y una investigación judicial.

Hacen mal, porque la lógica inmobiliaria es realmente esencial a la gestión macrista, al PRO y al mismo Larreta. El Observatorio del Derecho a la Ciudad acaba de denunciar otro caso de libro, que involucra enajenar tierras en la Reserva Ecológica y con una excusa que hasta parece progre. La cosa pasa por la urbanización del Barrio Rodrigo Bueno, un asentamiento que Larreta siempre rechazó aceptar como parte de la ciudad. Pero el año pasado, de golpe, el Jefe porteño cambió su posición y dijo que había que urbanizarlo y, detalle importante, urbanizarlo en el lugar. Hasta se envió un proyecto a la Legislatura, que lo votó en segunda lectura este 23 de marzo como ley 5798. En esa ley aparece la razón por la cual Larreta tuvo un cambio de opinión tan grande.

Resulta que escondido en el texto aparece la obligación de usar entre cinco y media y seis hectáreas de la Reserva Ecológica Costanera Sur para el proyecto, particularmente para construir viviendas sociales. La primera versión de la ley ya se tragaba tres hectáreas, pero en la segunda surgió un tecnicismo obscuro: implantar el perímetro del barrio en la reserva implicaba tragarse bastante más. Al final de todo este proceso puede haber un negocito de lo más atractivo, como se verá.

Que la Reserva Ecológica exista fue una batalla política de las bravas, porque esos terrenos artificiales son literalmente codiciados por los especuladores después del éxito de Puerto Madero. Los grandes sueñan con vender “con vista al río” y el espacio permite la mayor bobada posible en Buenos Aires, la construcción de barrios cerrados en plena ciudad. No extraña que en treinta años, la reserva haya sufrido más de 400 incendios, más o menos uno por mes...

Pero el Rodrigo Bueno no está contado como parte de la Reserva, no tiene protección urbana, no es un sitio de custodia ambiental, es un terreno común y corriente. Si se recorta la Reserva Ecológica, se construye vivienda social en esas hectáreas y se demuele el asentamiento, no sólo se crea un precedente de construcción en el lugar, sino que se libera un terreno que no tiene protección alguna. Y que puede engrosar la lista de cosas a vender para bancar algún metrobus y otros caprichos larretistas.

La cosa es sospechosa por donde se la mire. Para empezar, no es indispensable dejar el barrio intacto hasta que se construyan las nuevas viviendas, como se demostró en experiencias similares. Para continuar, si hace falta tierra por qué no expropiarle algunas hectáreas al grupo IRSA, que justo al lado tiene 70 ociosas desde hace veinte años. O, más sensato todavía, por qué no repoblar La Boca, llena de casas vacías y de terrenos baldíos, muchos de propiedad pública. Y, como agrega el Observatorio, en ninguna parte de la ley hay mecanismos para evitar que estas futuras viviendas se vendan y con eso se gentrifique el barrio. De hecho, se le pidió al Instituto de Vivienda de la Ciudad que regule este aspecto y el rechazo a la idea fue “rotundo”. Como los edificios a construir son de apenas tres niveles, hasta es concebible que los compren en bloque, los demuelan y construyan en altura.

Y por supuesto, queda el antecedente de quebrar la inviolabilidad de la Reserva Ecológica, tratada por sus mismos dueños como un terreno.

En la Nación también

Mauricio Macri, presidente, no se olvidó de sus colegas de la industria. En estos días se anunció que el Estado nacional va a vender 26 propiedades en la Ciudad, con el aplauso y la falta de detalles típicos de la prensa oficialista ante estos anuncios. La Agencia de Administración de Bienes del Estado pone en venta, por ejemplo, los casi 45.000 metros ocupados por el Jumbo/Easy de la avenida Bullrich, que tiene contrato de alquiler hasta 2019. También se subastan tres terrenos en Las Cañitas, el estacionamiento de la Cancillería en Juncal y Basavilbaso, el archivo del Indec en Valentín Gómez al 2900, entre otros.

Lo divertido del asunto es que la Agencia misma explicó cuál es la lógica del negocio. Los funcionarios calculan que pueden recaudar 150 millones de dólares, de los cuales dos tercios irán a los dueños del lugar -el Ejército, el Indec, la Cancillería- y el resto a Rentas Generales. Pero lo interesante es que la misma Agencia explicó que calculan que los terrenos pueden generar hasta 400 millones de dólares en inversiones. Esto da una idea de la escala del negocio que se ofrece a los especuladores, presentado una vez más como progreso e inversión. Es tan descarado, que los funcionarios federales hasta aclararon que no se permitirá construir nada que no corresponda a la zonificación del lugar...

La Richmond

Los lectores de este suplemento recuerdan la triste saga de la confitería Richmond, en Florida y Corrientes, cerrada de golpe y puesta en el mercado como un mero local. El evento mostró la falta imaginación del gobierno porteño y la falta de calle del PRO en general, que terminó balbuceando aquello de la propiedad privada y su libre disponibilidad. Hubo una fuerte movilización, la cosa terminó en la justicia y un fallo puso como garante al entonces ministro de Cultura porteño Hernán Lombardi. La solución fue un parche: los nuevos inquilinos, una zapatillería de lo más común y corriente, dejaría elementos de la confitería a la vista y haría una suerte de rincón patrimonial.

Flojo y falluto como era, el trato no fue cumplido porque de la confitería no quedó más que el rincón patrimonial. Por razones incomprensibles, dignas de la Kabala, los comerciantes argentinos piensan que tienen que gastar fortunas en arruinar los locales que alquilan. La receta es de luces brillosas, colores fuertes, vulgaridad, como si eso fuera un símbolo de juventud y modernidad. Las tiendas deportivas se esmeran en lograr este efecto ramplón, como se puede ver en los shoppings, y le agregan en general los asientos más incómodos posible. 

La ex diputada María José Lubertino denunció esta semana que la zapatillería se cargó simplemente el rincón patrimonial. El actual ministro de cultura porteño Angel Pitito, que trata de que lo llamen Mahler, al parecer no se siente involucrado con el tema. Y Lombardi funge ahora de titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, con lo que tampoco. Habrá que volver a la justicia y ver si el garante de que se cumpla el flojo y falluto trato, si el ministro de turno o Lombardi en persona.