La fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, apeló ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia la resolución de la jueza Marta Aucar de Trotti, quien dejó sin efecto la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el territorio provincial.

Entre los argumentos de la apelación oficial, la Fiscalía chaqueña presentó dos consideraciones: en la primera señaló "la incompetencia de la persona y la materia", ya que se trata de una ley consagrada por el Congreso de la Nación, y que establece que el órgano de aplicación será el Poder Ejecutivo Nacional.

En segundo término, advirtió "la inexistencia" de un caso concreto y el hecho de que la provincia no puede ser demandada por la constitucionalidad de una ley de alcance federal.

Luego de expresar su respeto a las creencias personales y religiosas de funcionarios y ciudadanos, Almendra indicó que "es necesario" cumplir los preceptos de la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio.

La fiscal además manifestó que un eventual debate judicial de la IVE "debe darse en la esfera nacional, no en la provincial, ya que tampoco se pueden plantear supuestos de inconstitucionalidad de una ley nacional en los juzgados ordinarios provinciales".

En ese sentido, el artículo 20° de la Ley 27.610 establece que la autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Nacional y el artículo 21° estipula que la ley es de orden público.

Cabe recordar que la jueza Aucar de Trotti aceptó el 28 de enero una cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la ley de IVE y solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en el Congreso.

A partir de ese momento, distintas organizaciones se manifestaron contra la medida, y la magistrada, inclusive, fue denunciada por prevaricato.