La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistió de impulsar la acusación contra los exfuncionarios del ente recaudador en la llamada causa Oil Combustibles 2. En el juicio actual, Oil 1, y, sobre todo después de una pericia realizada por contadores de la Corte Suprema, viene quedando clara la utilización de la AFIP en tiempos del macrismo para perseguir a Oil y, si se debilitó la acusación contra quien fuera el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, mucha menos razón existe para apuntar a funcionarios de planta, subalternos, que firmaron los expedientes en distintas etapas. En ellos, se otorgaron planes de pago a Oil que también se le otorgaron a miles de otras empresas, entre ellas algunas de las más grandes del país, e incluso a algunas del grupo Macri. 

La decisión de desistir de la acusación se tomó en el ente recaudador después de una investigación interna. La acusación contra los funcionarios de segundo y tercer nivel fue sostenida por un trío judicial alineado con Cambiemos, el juez Julián Ercolini y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puestos a dedo en la Cámara Federal. La postura de la AFIP no cambia respecto del juicio Oil 1 que está en curso: sigue como querellante y habrá que ver al final si piden pena o no, a la luz de la debacle de la acusación. Tampoco la decisión de la AFIP cambia lo que será, en un futuro, el juicio Oil 2, ya que se supone que habrá un fiscal que igual será el acusador, aunque su postura queda fuertemente debilitada. 

Toda la causa contra Oil Combustibles y sus dueños, Cristóbal López y Fabián De Souza, quedó claramente afectada después de la pericia que estableció, en diciembre, que Oil estaba al día con los planes de pago de impuestos, que se le habían otorgado beneficios a los que se accedía con un clic en internet y otros planes que eran especiales, pero con los que se benefició a más de mil empresas. Por ejemplo, se acogieron a esos planes Angelo Calcaterra -el primo de Macri-; YPF, Enarsa, Cammesa, Benito Roggio, Sancor, el Correo -directamente del Grupo Macri-, y personalidades del espectáculo como Mirtha Legrand o Dolores Barreiro. En total, más de 1200 empresas o personas físicas. En el juicio actual, en el que López, de Souza y Echegaray son los principales acusados, se demostró que en la AFIP hasta se armó un grupo de tareas (así se lo denominó) concentrado en la persecución del grupo Oil.

A la luz de las evidencias que fueron apareciendo, los dueños de Oil-Indalo presentaron una denuncia contra Mauricio Macri y la llamada Mesa Judicial, por asociación ilícita y por la utilización del aparato del estado para perseguir a ciudadanos. La instrucción quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría quien dispuso un entrecruzamiento de llamadas para ver las comunicaciones entre Macri, los referentes judiciales del macrismo y los funcionarios de máximo nivel de la AFIP. La pericia de entrecruzamiento la hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que también funciona en la órbita del máximo tribunal. Sin embargo, cuando el trabajo estaba finalizado, el camarista de Casación, Eduardo Riggi, intervino y le pidió a Servini que le envíe toda la causa, paralizando el expediente. El abogado de De Souza, Carlos Beraldi, ya se presentó en el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político de Riggi, quien en otra instancia tuvo una intervención decisiva para encarcelar a De Souza y Cristóbal López.

Una maniobra llamativa fue que en la causa Oil-Indalo no sólo estaba imputado Echegaray, también jefes de agencias y directores de área por los que fueron pasando los trámites de las moratorias. Sin embargo, el juez Ercolini no elevó a juicio a todos juntos, sino que primero lo hizo con López, De Sousa y Echegaray, y dejó para después a los directores y gerentes de la AFIP. Estos últimos fueron procesados y se les dictaron enormes embargos. En su momento hubo una durísima reunión entre los jefes de agencias y jefes administrativos de la AFIP y el entonces titular, Alberto Abad, porque los funcionarios argumentaron que no podían firmar ningún plan de pagos dado que eso ponía en riesgo incluso sus propios bienes.

Pero la jugada de fondo fue tener a todos procesados, porque eso les impedía declarar en el juicio Oil 1, donde todos hubieran dicho que firmaron planes de pago y moratorias que eran legales y que se otorgaron a muchos otros. Esa maniobra fue urdida por el aparato judicial de Comodoro Py y, por lo tanto, ahora llegó el momento de avanzar con el segundo juicio. La AFIP, entonces, tenía que tomar una decisión. 

La conducción que ejerce Mercedes Marcó Del Pont ordenó una investigación interna y concluyeron que no corresponde de ninguna manera que la AFIP acuse a su propio personal de planta dado que no cometieron, a los ojos del órgano recaudador, ninguna anomalía. Por esa razón, en un escrito de apenas diez renglones, los abogados de la AFIP le señalaron al juez: “venimos a manifestar que este organismo fiscal ha cesado en su interés de impulsar la pretensión punitiva, respecto de los funcionarios que son objeto del presente traslado”.