Para muchas mujeres, el sueño de la casa propia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Son mujeres que atraviesan violencia de género, especialmente doméstica, y no pueden salir de esa situación porque dependen económicamente de su agresor o no tienen otro lugar donde vivir que no sea el techo que comparten. Iniciado el año parlamentario, hay en la Legislatura porteña al menos dos proyectos de ley que apuntan a que el Estado dé una respuesta concreta a esas mujeres para que puedan vivir una vida sin violencias. La diputada Andrea Conde presentó el proyecto de creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género” destinado solventar los gastos de acceso a un alquiler de vivienda y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentará en los próximos días un proyecto que establece “Obligaciones del Estado en orden a la promoción del empleo, vivienda y establecimiento de cupos respecto de las mujeres víctimas de violencia doméstica, explotación sexual o trata”.

El proyecto presentado por Conde y acompañado por el jefe de bloque del FPV, Carlos Tomada, y los legisladores José Cruz Campagnoli, Paula Penacca, Pablo Ferreyra y Magdalena Tiesso propone crear un “Fondo de alternativas habitacionales para mujeres en situación de violencia de género”, que cuente con los recursos necesarios para solventar los gastos de acceso a un contrato de locación de vivienda urbana en la CABA. 

El fondo tendrá un mínimo de 7,5 millones de pesos y las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado– haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género. 

Para el acceso al fondo, se considerarán prioritarios los casos en los que la mujer cohabite con el agresor o en un contexto socio familiar donde la mujer se encuentre en situación de riesgo.

“El 72 por ciento de los femicidios del 2015 ocurrieron en la vivienda que compartía la víctima con el agresor. Es una realidad que en muchísimos casos de violencia de género la mujer no cuenta con recursos para abandonar la casa en común y eso lleva a que los casos se repitan una y otra vez. Las mujeres tenemos que tener un recurso para alejarnos de la pareja que nos somete y maltrata y debe ser una política de Estado asistir a las víctimas en ese sentido. Si la mujer que sufre esta problemática no tiene recursos para irse a otro lado, la estamos condenando a seguir viviendo en la violencia”, dijo Andrea Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña. 

Según el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, cita el proyecto, en el primer semestre de 2016 se recibió en promedio una denuncia por agresiones a mujeres en la ciudad cada 30 minutos, y de cada dos casos que investiga un/a fiscal, uno corresponde a violencia de género. Este estudio registró 8572 víctimas que radicaron denuncias, lo que refleja un incremento del 25 por ciento respecto del mismo período del año 2015.

El proyecto también propone que las beneficiarias queden exentas del pago de los impuestos y, que a su vez, puedan recibir la tarifa social de agua, luz y gas. Por otro lado, plantea que se les otorgue prioridad en el acceso al Sistema de Garantías Bancarias y en el acceso a un crédito hipotecario.

La iniciativa tiene el apoyo de Inquilinos Agrupados. Ana Betinardi, responsable de género de esa organización, apuntó que el 80 por ciento de las consultas recibidas son realizadas por mujeres. Gervasio Muñoz, su presidente, explicó que “existen múltiples dificultades para acceder a un alquiler formal en la ciudad. Tanto los contratos abusivos como las comisiones desproporcionadas ponen en una situación de vulnerabilidad a las y los inquilinos. Estos obstáculos se agravan en el caso de las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género y deben abandonar la vivienda en la que cohabitan con el agresor”.