Las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, entre 1989 y 1999, dejaron como saldo no sólo una Argentina endeudada, privatizada y con mayor pobreza, sino una serie de denuncias e investigaciones judiciales que, en su mayoría, terminaron sin condena.  El expresidente  acumuló una docena de escandalosas causas por corrupción, malversaciones, pedidos de coimas y hasta la voladura de una ciudad para borrar pruebas, a lo largo de sus dos presidencias, pero sólo fue condenado por dos hechos: el pago de sobresueldos a funcionarios de su Gobierno y la venta del predio de la Sociedad Rural.  De las acusaciones más graves, como los juicios por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, así como del encubrimiento del atentado a la Amia, terminó absuelto. Otras investigaciones se dilataron durante décadas, quedando en el limbo. Entre ellas, estuvieron, por ejemplo, el juicio por la voladura de la fábrica de armamento de Río Tercero, una explosión destinada a ocultar el faltante de las armas que fueron contrabandeadas a Ecuador y Croacia, caso que Menem nunca pudo cerrar, pero en el que tampoco llegó a ser juzgado.

Armas

El expresidente pasó por cinco juicios orales. El primero estuvo centrado en la venta ilegal de 6500 toneladas armas y municiones a Croacia y Ecuador, países sobre los que pesaban prohibiciones internacionales de aprovisionarlos de material bélico. El contrabando fue denunciado inicialmente en 1995 ante el juez federal Jorge Urso y su investigación estuvo a cargo de la fiscalía de Carlos Stornelli.

Por la venta ilegal de armas, el ex presidente llegó a cumplir prisión domiciliaria durante una temporada: cinco meses, hasta que la mayoría automática que había creado dentro de la Corte Suprema lo exculpó. A continuación la Cámara de Casación penal le sacó la causa a la justicia federal y se la mandó al juez en lo penal económico Julio Speroni, que en 2003 sobreseyó en primera instancia al acusado.

El fallo sería apelado, pero vale recordar un crimen conexo. Cuando la investigación por el contrabando de armas había empezado a mostrar avances, en noviembre del '95, la fábrica militar de Río Tercero voló por los aires. Fueron en realidad tres explosiones que provocaron siete muertes y dejaron más de 300 vecinos heridos, además de la ciudad destruida. Según lo determinaron las investigaciones posteriores, las explosiones estuvieron destinadas a destruir las pruebas sobre el faltante de material bélico que había sido contrabandeado.

La causa principal por la venta ilegal de armas, luego de varias maniobras de desplazamiento de jueces, llegó a juicio oral en 2011 y todos los acusados fueron absueltos. Aunque apelada, y con una segunda sentencia de siete años de prisión para Menem, en 2018 Casación penal volvió a absolver a todos los acusados con el argumento de que no se había cumplido el "principio del plazo razonable" para el dictado de una condena firme.

Sociedad Rural

Otro de los casos por los que fue llevado a juicio fue la venta a precio vil del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural. El hecho ocurrió en 1991, cuando el Estado vendió el predio en 30 millones de pesos/dólares, apoyándose en una tasación irrisoria en la que participaron funcionarios del Ministerio de Economía y de los bancos Ciudad e Hipotecario. Durante la instrucción judicial, los peritos de la Corte Suprema establecieron que el valor de mercado real de la propiedad era de 131,8 millones, muy por encima de lo pagado por los ruralistas.

Menem fue juzgado por el tema junto con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. En 2019, la justicia lo encontró culpable del delito de peculado, por el que recibió una sentencia de 3 años y 9 meses de prisión, y condenó también a Cavallo.  Pero más tarde fue absuelto.

Sobresueldos

En 2015 Menem recibió la única condena que quedaría firme, a 4 años y 6 meses de prisión, por el pago de sobresueldos a funcionarios de sus gobiernos con fondos de la SIDE.

Coimas

Las denuncias de coimas fueron las encargadas de inaugurar la era de los escándalos judiciales del menemismo. En diciembre de 1990 estalló el caso del frigorífico Swift. El entonces embajador de EE.UU., Terence Todman, se quejó en una nota diplomática de que funcionarios habían pedido coimas para “agilizar los papeles” para la liberación de impuestos para la instalación en el país del frigorífico. Por el caso tuvieron que renunciar el asesor presidencial Emir Yoma y el ministro de Economía, Antonio Erman González.

La empresa Siemmens también estuvo involucrada en un pago de sobornos para la impresión de documentos de identidad, en el 96. Según declararon sus directivos en un proceso abierto en los Estados Unidos, hicieron pagos para ganar la licitación; entre los receptores de los pagos que señalaron estuvo el presidente y su ministro del interior, Carlos Corach, que negaron todo. En 2019, la justicia argentina archivó el expediente "por falta de pruebas".

Como la causa de la voladura de Río Tercero, continúa sin ser resuelta la investigación del pago de coimas para la concesión del espectro radioeléctrico a la empresa Thales Spectrum. En la denuncia inicial, el ex fiscal de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido planteó el supuesto pago de sobornos por 320 millones de dólares. En la causa también era investigado el empresario Jorge Neuss, que en octubre pasado asesinó a su esposa y luego se quitó la vida.

Atentado a la Amia

La justicia consideró probado que existió un encubrimiento del atentado a la AMIA. En febrero de 2019, el Tribunal Oral federal N°2 consideró probado el pago de 400.000 dólares que se le hizo al principal imputado de aquel entonces, el armador de la Trafic que estalló en la AMIA, Carlos Telleldín, para que desviara la investigación.

Por el caso fueron condenados el ex juez federal Juan José Galeano y los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen. El pago a Telleldín fue realizado con fondos de la SIDE. El ex presidente Menem, acusado de participar el manejo por un interés específico, que la justicia abandonase la llamada “pista siria”, que apuntaba a un amigo de su familia, fue sin embargo absuelto. Los jueces argumentaron que no había elementos para probar que haya tenido responsabilidad en la maniobra con la que desde el Estado se sembraron pistas falsas y se desvió la investigación del principal atentado que sufrió el país.