El ministro Sain y el resumen de gestión en Seguridad

Lo que iba a decir en Diputados

El ministro divulgó cifras elocuentes sobre falencias de la Policía y su plan para reformarla y mejorar la prevención del delito.
Sain destacó la compra de 220 camionetas durante el año pasado. Sain destacó la compra de 220 camionetas durante el año pasado. Sain destacó la compra de 220 camionetas durante el año pasado. Sain destacó la compra de 220 camionetas durante el año pasado. Sain destacó la compra de 220 camionetas durante el año pasado. 
Sain destacó la compra de 220 camionetas durante el año pasado.  

Marcelo Sain divulgó de manera pública lo que tenía para decir la semana pasada en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y que no quiso porque la mayoría opositora no accedió a que la reunión no fuera a puertas cerradas. El ministro difundió ayer un informe de gestión y diagnóstico de la Policía que encontró al asumir, con críticas para el gobierno anterior y un panorama con el que acaso intente justificar la demanda social y el malestar de la población para con la grave percepción imperante de violencia urbana e incidencia delictiva. 

Desde el arranque, el resumen de 34 páginas que Sain tenía pensado exponer en el recinto parlamentario pone de relieve cifras elocuentes. De 3501 vehículos que componen la flota policial santafesina, hay 852 unidades que están fuera de servicio, esto es el 24%. Mucho para una sociedad que clama por "presencia policial" en la calle.

El informe confronta con que antes se estaba peor: a principios de 2020 –recién asumida la gestión Perotti–, eran menos unidades (3373) y había 973 en el taller o el desarmadero (29%). 

Sain destacó la compra el año pasado de 220 camionetas y de otros 460 vehículos previstos para este año. Pero el déficit es notorio aún. También valora la adquisición de pertrechos varios, como 12.000 pistolas, municiones, software y tecnología digital aplicada. 

En cuanto al personal, la fuerza cuenta hoy con 22.092 agentes, pero no todos hacen lo que la población espera. Estos son el 58% del plantel, que cumplen "tareas operacionales", es decir, la vigilancia, prevención y combate del delito. Hay un 24% abocado a "tareas no operacionales", y encima, el 10,6% de los efectivos están con licencia por haber contraído covid 19.

Sain apunta en el dossier que "se encontró una policía de prevención con poca presencia en la calle" y que por lo tanto "se aumentó en un 24,64% de policías en tareas de prevención en las calles". También describe ciertas acciones y reformas operativas para mejorar la prevención, como una "estrategia de precintos" y patrullaje de acuerdo con análisis delictivo, despliegue de policías no a ciegas sino enfocado según el mapeo de la ocurrencia delictiva.

El informe repasa una serie de mejoras salariales otorgadas por el Ejecutivo y una perlita que expone "una gran politización del personal ministerial" durante los gobiernos frentistas: Sain reveló que al asumir su cartera tenía 73 asesores técnicos rentados, y que él redujo eso a 6 colaboradores nomás.

El ministro advierte que al principio de gestión halló "un importante rezago normativo", con una ley orgánica policial de 1975, una policía orientada a la vigilancia y no a la planificación ni al análisis delictivo. Y también marca falencias en los dispositivos de control sobre el personal policial y sus "inconductas", esto es, la corrupción institucional. Por eso plantea que el Ejecutivo está a la espera de que Diputados debata los tres proyectos de ley que envió en octubre pasado: Ley de Seguridad Pública , Ley del Sistema Policial y Ley de Control del Sistema Policial .

Hay un capítulo dedicado a la asignación del personal policial a tareas impropias de su función como la custodia de detenidos y objetivos judiciales. Justifica, entonces, haber declarado la emergencia en ese sentido como para que desde mayo del año pasado "no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en dependencias policiales provinciales”. "Eso vulnera los derechos de las personas detenidas y merma la capacidad operativa de la institución policial", reprocha Sain en el documento. Así las cosas, en Rosario hoy solo hay 30 personas detenidas en comisarías, pero en otras unidades como en la URI, de Santa Fe, hay superpoblación de presos. 

Lo más grave es el tiempo que transcurren estas personas detenidas a cargo de la policía y no del Servicio Penitenciario: 85 días promedio en Rosario, y hasta 271 días en San Lorenzo o 305 en General López. Los reclusos pasan más de 200 días detenidos en reparticiones policiales, como si estuvieran con sentencia firme. 

"Esto genera un profundo malestar ante situaciones críticas, como los motines o las fugas. Ante estos eventos, en general, el personal policial es pasible de sanciones administrativas e, inclusive, de sanciones penales, lo que representa un obstáculo en su carrera policial. Por lo tanto, es el mismo personal policial el que se muestra reticente y temeroso ante la necesidad de llevar a cabo estas tareas", refuerza el mensaje ministerial. "La policía provincial es empujada hacia la multifuncionalidad y el cumplimiento de labores que son ajenas al control de los delitos y propios del Poder Judicial, el panorama se vuelve aún más desfavorable", acota.

Por lo tanto, el informe apunta que la gestión Sain "duplicó el número de ingresantes al Isep, llegando a 1660 postulantes, de los cuales 920 son mujeres y 740 hombres", en contraste con el recambio generacional habilitado en años anteriores. "En 2018 no ingresaron mujeres, en 2019 ingresaron 235 y en 2020, 330", remarca el resumen. Y estima que "para años venideros se proyecta un 25% de aumento en la cantidad de ingresantes".

También pasa revista a aspectos cuantitativos del 2020: 50.442 allanamientos, 3.700 detenciones, 3.705 armas secuestradas, 23 millones pesos y 716.000 dólares incautados,  53 kilos de cocaína y 291 kilos de marihuana decomisados. Y concluye con otro rasgo clásico del folclore policial, las armas reglamentarias que el personal declara como perdidas y sobre las que se sospecha que son vendidas o robadas para integrar el mercado negro. Dice el informe que de las 122 armas que se declararon como "extraviadas" en 2015, el año pasado fueron 40.

 

 

 

 

 

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