Miembros de la comunidad wichí La Chirola, ubicada a la vera de la ruta nacional 81, a la altura de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, cortaron la arteria federal para pedir viviendas dignas.

“Son 47 familias y 28 viviendas”, contó a Salta/12 Fabián Fernández, cacique de la comunidad, al referir las condiciones de hacinamiento en la que viven unas 460 personas que integran La Chirola. “Son más de dos familias a veces por casa, porque se quedan a vivir los hijos con sus familias”, agregó. Pero las condiciones de las viviendas no son las mejores, pues, según contó, son estructuras que se hacen con algunas maderas recubiertas por un nylon negro. “Si hay viento se vuela todo. Si llueve se moja todo”, describió.

En 2015 se elevaron notas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde allí, la en aquel entonces titular de Desarrollo Comunitario del organismo nacional, Sandra Cruz, les respondió también por nota que el pedido había sido presentado a la responsable del programa federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, Roxana Abud. Según Fernández, un funcionario de la provincia le aseguró que la construcción de las viviendas quedarían a cargo del gobierno local. Pero hasta ahora no hay respuestas.

La comunidad tiene una escritura de las 11 hectáreas que ocupa tras la donación realizada por representantes legales de la finca El Yuto SA, conocido emprendimiento de la familia Macri en el norte provincial, que tiene como representante a Agustín María Ocampo. Según esa escritura, en 2013 se donó la superficie a la comunidad. Pero el territorio de uso ancestral que reclaman, dijo Fernández, es de 17 mil hectáreas que son parte de la finca de la familia Macri. 

La cuestión es que las tierras están alambradas por el emprendimiento agrícola y “tenemos complicaciones porque no nos dejan ingresar a retirar los frutos”. Si ingresan los animales que crían (chanchos, chivos o gallinas), “los balean y los llevan ellos mismos al galpón y nos exigen que paguemos una multa”, afirmó el cacique. Sin embargo, hasta ahora no hicieron denuncia formal alguna. “Pasa que tenemos que viajar para hacer las denuncias, y a veces no tenemos” para costear los pasajes a Tartagal, cabecera del departamento San Martín, o Embarcación, también de ese departamento y que es el municipio al cual pertenece Dragones.

Fernández añadió que también se arrojan agrotóxicos y ellos huelen que se volcó la sustancia, dado que están a 50 o 100 metros de la finca.

Como también sucede en otras comunidades, estas familias sobreviven con ayuda de los llamados beneficios sociales. Pero algunos directamente no tienen ni siquiera este ingreso porque son indocumentados. “Tengo un abuelito indocumentado de más de 70 años que con lo que tenemos le compartimos un plato de comida”, contó el cacique o niyat.

La situación de La Chirola es un ejemplo más de lo que atraviesan otras comunidades que terminan firmando donaciones de pocas hectáreas en relación al territorio que les corresponde, en algunos casos llegan sufrir situaciones de amenazas o intimidaciones por parte de quienes trabajan para los titulares registrales de las tierras.

Pozo para Hickman

Tras las protestas que realizaron los vecinos de Hickman, uno de los pueblos atravesados por la ruta nacional 81, en el Chaco salteño, el gobierno de la provincia informó que se perforará un nuevo pozo para el abastecimiento de agua. La acción quedará a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA).

La perforación de este pozo había sido solicitada por el gobierno provincial en noviembre pasado porque el que estaba en funcionamiento había superado la vida útil prevista para este tipo de instalaciones de captación. Ante el colapso que sufrió el pozo semanas atrás, se afirmó que el gobernador Gustavo Sáenz “insistió con el pedido para acelerar el proceso que regularice el servicio”.

El ENOHSA comunicó hace unos días al Ministerio de Infraestructura de Salta la no objeción técnica y que autoriza a iniciar el procedimiento correspondiente. El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, indicó que se esperaba esa confirmación para poner en marcha el proceso para la ejecución de la obra.