Los sangrientos motines del martes en cuatro cárceles de Ecuador dejaron hasta el momento un saldo de 79 presos muertos y escenas de un espanto pocas veces visto. También pusieron de manifiesto la errática gestión del presidente Lenin Moreno en materia de seguridad. Si bien las autoridades salieron rápidamente a declarar que la masacre se debió a un enfrentamiento feroz entre bandas que se disputaban el control de los pabellones, el supuesto hecho desencadenante (el asesinato de un exconvicto) tuvo lugar en diciembre pasado. ¿Fue una tragedia anunciada?
"En 2019 Ecuador ya padeció una situación parecida a la actual, me refiero a la toma de justicia por mano propia por parte de las personas privadas de libertad. La única respuesta de Lenin Moreno fue la militarizacion y policialización de las cárceles. Eso sin duda no funcionó porque se repitieron las mismas catástrofes en 2020 y 2021", aseguró Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en diálogo con Página/12.
Del total de víctimas fatales, 31 se registraron en la cárcel nº 4 de Guayas y 6 en la nº1, ambas ubicadas en Guayaquil. En tanto, 34 personas murieron en el penal Azuay de Cuenca y las 8 restantes en el Cotopaxi de la ciudad de Latacunga. Estos recintos concentran el 70 por ciento de la población intramuros. El país enfrenta una crisis carcelaria sin precedentes. Varias políticas desarrolladas durante el gobierno de Rafael Correa fueron desmanteladas por Moreno como parte de su "plan de austeridad" para congraciarse con el FMI.
La mayor masacre en la historia del país llegó en medio de una frenética carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Mientras Lenin Moreno sugirió que el correísmo podía estar detrás de los desmanes, el candidato de UNES, Andrés Arauz, fulminó al presidente asegurando que el país "no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones". Por último, el banquero Guillermo Lasso manifestó su "total respaldo" al cuerpo policial.
Sistema desmantelado
Decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde la mañana del miércoles frente a la cárcel nº 4 y la morgue de Guayaquil para pedir los restos de los reclusos que murieron en los enfrentamientos. Al igual que en la capital ecuatoriana, militares y policías seguían apostados en el resto de las cárceles para prevenir nuevos motines.
El candidato con más votos en la primera vuelta presidencial, Andrés Arauz, responsabilizó a Lenin Moreno por los "lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte" y recordó que durante el gobierno de Rafael Correa existía un comité que se reunía cada semana para analizar la situación carcelaria. "Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía", manifestó el joven economista.
"El gobierno de Moreno es neoliberal y ha actuado en consecuencia. El desmantelamiento del Estado ha sido muy fuerte en el área específica de seguridad, así que el problema va más allá de la desaparición de los Comités de Seguridad Ciudadana", advirtió a este diario Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ramos enumeró la desaparición del ministerio de Justicia o el de Interior, por lo que en suma "se desmanteló toda la institucionalidad que se estaba creando para fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios".
La versión oficial
En conferencia de prensa desde Quito, el director de cárceles Edmundo Moncayo atribuyó los motines a riñas entre, al menos, dos bandas criminales que se disputan el poder. La situación obedecería al vacío que se generó tras el asesinato en diciembre pasado de un detenido que había sido liberado, José Luis Zambrano, alias "Rasquiña" y presunto cabecilla de una organización conocida como "Los Choneros".
"La versión del gobierno es una cortina de humo. No se puede negar que en las cárceles de todo el mundo hay peleas entre bandas, pero eso no necesariamente lleva a una barbarie de esta magnitud", expresó Ramos, experto en temas de seguridad. En la misma línea, la Alianza por los Derechos Humanos consideró que "atribuir la violencia exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas", entre las que destacan "el punitivismo del Estado y la criminalización del empobrecimiento".
Con motosierras y otras herramientas los presos del Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca, abrieron el martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de 30 detenidos. Las mismas escenas se vieron en otros tres penales. La información oficial tardó en llegar y arrojó cifras dispares, pero fluyó a través de videos e imagenes que se viralizaron rápidamente.
El registro de esas filmaciones de celulares eran dignas del mejor cine de terror: se podían apreciar cadáveres de reclusos e incluso algunos cuerpos desmembrados. "¿Cómo puede ingresar una motosierra a una cárcel? Esto habla de la descomposición y el fracaso del sistema carcelario", sostuvo Paladines al respecto.
La historia se repite
Los motines en las prisiones de Ecuador no son un fenómeno novedoso. En agosto pasado el presidente Lenin Moreno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país ante lo que definió como un "caos" generado por "mafias" en el interior de los centros penitenciarios.
El tres de agosto se reportaron nueve fallecidos, dos de ellos incinerados, seis policías con lesiones y otros 20 presos heridos por un ajuste de cuentas entre bandas de la cárcel de Guayaquil. En diciembre, varios amotinamientos en penales ecuatorianos atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron un saldo de 11 presos muertos y otros siete heridos.
"Para variar, como ha sido el discurso de estos cuatro años, Moreno responsabiliza por estos hechos a Correa y al correísmo. Es increíble. Estamos frente un caso de cinismo patológico inconmensurable", explicó Ramos.
Pensando en las soluciones a futuro, Paladines cree que no es tan cierto que en Ecuador haya que recobrar la autoridad carcelaria, "porque la policía ya administra las cárceles". Para el jurista ecuatoriano lo que existe en realidad es una falla estructural en el sistema: "Debemos emprender una sagaz reforma. La policía ecuatoriana está excedida de atribuciones".
