El caso del intendente de Salvador Mazza se suma a una lista de jefes comunales que deberán dar respuestas a la justicia por incumplimiento de sus deberes y manejos irregulares de las cuentas públicas. En la denuncia que realizó el presidente del Concejo Deliberante local, Carlos Villalba, se asegura que Rubén Méndez es un “vetador serial” de las ordenanzas municipales, que desoye los mandatos del cuerpo deliberativo y de la Carta Orgánica.

La demanda se suma a una serie de reclamos de los habitantes de aquella localidad, quienes aseguran que el municipio nunca los escucha.

Ayer se supo que el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó al jefe comunal por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, a instancias de la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante.

Villalba reclamó que a pesar de que el municipio cuenta con su Carta Magna desde 2018, ratificada por la Legislatura y promulgada por la Ley 8.111, y que fija las pautas obligatorias para el Ejecutivo, el intendente jamás la puso en funcionamiento, así como tampoco a ninguna de las áreas establecidas por esa normativa, a pesar de los reiterados pedidos del Cuerpo deliberativo.

En su denuncia, el edil detalló que el Concejo Deliberante dictó la ordenanza 47 de 2019, para crear un Juzgado Administrativo de Faltas, pero ésta fue vetada por el Ejecutivo ese mismo año mediante la resolución 124. Por esto, para Villalba, Méndez incurrió en el incumpliento de sus deberes y privó a los habitantes de una correcta administración pública.

Otra de las ordenanzas vetada por el jefe comunal fue la 46, también de 2019, que creaba el Tribunal de Cuentas municipal. Y a pesar de que el Concejo insistió aprobando la resolución 123, nunca la cumplió. Lo mismo sucedió con la ordenanza 48/19, que preveía la creación de la Procuración Municipal y también fue vetada, y al ser insistida por los ediles, nunca se puso en marcha.

Asimismo, según consta en el decreto de imputación, el intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que hace dos períodos no envía el presupuesto de gastos para el año de ejercicio al Concejo Deliberante, “lo que fue solicitado en diversas oportunidades mediante pedidos de informe” y consta en la denuncia.

Para seguir sumando vetos, Méndez dio de baja la ordenanza que exigía que presente el presupuesto 2019. Algo que se volvió a solicitar por parte del Concejo local pero fue desoído en reiteradas ocasiones, así como los pedidos de informes sobre lo actuado por la Secretaría Administrativa y la entrega de mercaderías.

“Tampoco fueron respondidos”, prosigue la denuncia, el pedido de informe 92/2020, que requirió la primera ejecución trimestral de ese año y de la Cuenta General del Ejercicio 2018 vencida, el pedido 68/2020 que requirió informes sobre los fondos provenientes de Nación para combatir el dengue, los gastos por los corsos de 2020, el desabastecimiento de agua potable en El Sauzal y la rendición de cuentas de la Cooperadora Asistencial de 2019.

Sobre el desabastecimiento de agua y la falta de obras esenciales en la zona de El Sauzal, comunidades aledañas y barrios periféricos de Salvador Mazza, los vecinos cortaron el puente de la ruta nacional 34 en reiteradas ocasiones y hasta llegaron a ser reprimidos por las fuerzas policiales. En una ocasión, un grupo de criollos y referentes de comunidades originarias entregaron un petitorio en la Casa de Gobierno proivncial, en el Grand Bourg, dirigido al gobernador Gustavo Sáenz, a quien le solicitaron que intervenga en persona ante la apatía del jefe comunal.

La fiscalía también informó que Méndez se presentó a la audiencia de imputación acompañado por su defensor particular pero se abstuvo de declarar, y comunicó que presentará su declaración por escrito.