“Rompan todo para que no me maten, porque yo no quiero ser una menos”

Víctima de violencia de género vive escapando de su agresor 

La mujer y sus hijos pequeños tuvieron que permanecer refugiados 14 meses en el Hogar para Víctimas de Violencia.
El hogar para víctimas donde permaneció Dora y sus hijos.El hogar para víctimas donde permaneció Dora y sus hijos.El hogar para víctimas donde permaneció Dora y sus hijos.El hogar para víctimas donde permaneció Dora y sus hijos.El hogar para víctimas donde permaneció Dora y sus hijos.
El hogar para víctimas donde permaneció Dora y sus hijos. 

“En enero hizo dos años que no puedo volver a mi casa, ni estabilizarme en ningún lugar porque siempre nos busca y nos encuentra y hay que andar escapándose”, cuenta Dora y agrega: “Él continua su vida como si nada. Hasta armas de fuego consiguió”.

Dora tiene 38 años y tres hijos. Estuvo casi 20 años casada y es sobreviviente de violencia de género. Se animó a denunciar a su ex marido por primera vez en enero de 2019. El equipo del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) de Catamarca determinó que el violento es peligroso para terceros, pero sería inimputable, por lo que su caso es tratado en el marco de la Ley de Salud Mental. Mientras tanto, ella y sus hijos viven con miedo y deben esconderse o refugiarse para salvar sus vidas.

La última denuncia la radicó los primeros días de febrero. Él le había enviado mensajes espeluznantes en los que le explicaba cómo la mataría de un palazo en la cabeza y le aseguraba que los policías no la iban a encontrar.

Astrid Acuña, la única defensora de género oficial gratuita que tiene la provincia, y que depende del Ministerio de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tomó su caso el año pasado. Desde entonces logró evitar que la justicia penal envíe las causas a archivo y, recientemente, consiguió que la jueza de familia de Segunda Nominación, Olga Amigot Solohaga, disponga una consigna policial para Dora y sus hijos y un ayudante terapéutico las 24 horas para el violento. “Aún no tenemos novedades de que se haga efectivo el cumplimiento. Esta última resolución fue positiva, pero la justicia no es todo el aparato del Estado y eso es lo que hay que ver”, explicó Acuña.

El ex marido de Dora padece un tipo psicosis. Por reiterados pedidos, el CIF realizó dos juntas médicas (la última en julio del año pasado) y determinó que es una persona peligrosa para él y para terceros, pero que no comprendería la criminalidad de sus actos, por lo que no puede ser imputado y debe conservar su libertad.

Es por esto que Acuña pidió ayuda al área de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia. Desde ahí habrían realizado un plan de contingencia que consistía en medicación y ponerlo al cuidado de su madre, quien tiene 70 años. “Con la jueza de familia logramos su internación dos veces, pero sale cuando es compensado porque así lo establece la Ley de salud Mental. El tema es que su madre no lo controla, y él además tiene problemas con las drogas y el alcohol y eso potencia su violencia”, explicó la abogada.

“Con el equipo del cuerpo de abogados intentamos hacer reuniones y ver la posibilidad de coordinar protocolos de actuación para que al menos trascienda a este caso. Hubo una falta de acceso a la Justicia durante mucho tiempo. Existe como una negación en donde sólo miran la situación de enfermedad de él, pero no contemplaban la vulnerabilidad y los derechos de las otras personas como las infancias o de la mujer”, opinó.

De estos 25 meses que pasaron desde la primera denuncia, Dora y sus hijos pequeños tuvieron que permanecer refugiados 14 meses en total, aunque no continuados, en el Hogar para Víctimas de Violencia “WARMI”. Los nueve meses restantes los pasó en diferentes lugares de la provincia, ya sea en casas de amigos, parientes, y lugares de alquiler. En todos esos sitios él la rastreó, la encontró y la amenazó.

“En el lugar donde trabajo me dicen que trate de no ir con consigna policial, si es que ponen uno, porque asustaría a los demás. Lo mismo me sucede en el lugar donde vivo. Sé que pidieron una consigna policial para él, pero la Justicia se lo negó. Eso sería más fácil porque él no hace nada, mientras yo debo esconderme, criar a los chicos y trabajar. Además sé que en Catamarca no hay pulsera electrónica ni botón antipánico”, explicó.

“Yo no puedo ver a mis padres, ni a mi hijo mayor, ni hacer trámites tranquila o llevar a mi hijo al médico. Sólo entiendo con todo esto que no soy libre ni tengo derechos y tampoco mis hijos aunque sean menores”, dijo Dora.

“Por lo menos huyendo, escondiéndome, logro seguir con vida y mientras siga con vida voy a luchar. Escuchaba hace poco sobre el femicidio de Úrsula y que ella había pedido que rompan todo si no volvía. Yo quiero romper y que rompan todo para que no me maten, porque no quiero ser una menos”, concluyó.

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