Esta nueva conmemoración de nuestras luchas por la equidad nos encuentra con una transformación fundamental, ocurrida cuando rayaba el último suspiro del año pasado, año que será memorable por tantas circunstancias. La conquista de la ley de aborto es un acontecimiento histórico que se proyecta a los países de la región latinoamericana en donde apenas se contaba con la legalización en Cuba, Ciudad de México y Uruguay. La norma que hemos conquistado tiene más amplitud y contempla mejores medidas de asistencia que las precedentes pues es considerada la más avanzada con relación a las leyes antecedentes. Ha sido un paso formidable en la historia de nuestras demandas, producto de memorables luchas, de los empeños articulados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y las movilizaciones de miles y miles de mujeres y de la diversidad sexosocial, aunque debe admitirse que no pocos varones se sumaron a la gesta.
No puede omitirse que el Presidente de la Nación cumplió con la promesa, emanada de su convicción, de enviar al proyecto de legalización del aborto al Congreso y que esta acción fue determinante para la reunión de los votos necesarios para consagrar la sanción de la ley. Esa conquista es un hito. Pero no nos escapan que persisten las canteras patriarcales y estamos llenas de desafíos, en posición de barricadas para enfrentar el sistema patriarcal, responsable de la aquilata violencia contra las mujeres y contras las identidades disidentes. Tengo la certeza de que los movimientos feministas se han derramado con fuerza incontenible en todo nuestro territorio y que esta constitución como “movimiento de masas” es un hecho inédito. De la misma manera que creo que en este cambio de época que transitamos, más allá de los obstáculos entre los que sobresale la insidiosa pandemia, hemos avanzado varios casilleros para ganar más equidad.
La constitución de ministerios “ad hoc” – en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires -, del mismo modo que la creación de organismos especializados en las jurisdicciones provinciales y en una enorme cantidad de distritos en el país, denotan la resonancia interpeladora de los movimientos feministas y de las agencias de la diversidad.
Los desafíos son enormes comenzando por enfrentar de modos preventivo, creativo y multidimensional la violencia letal. Resulta incalificable que más del 20 por ciento de nuestras muertas hayan realizado denuncias que no sirvieron para impedir que se las ultimara. Es un baldón para nuestro sistema judicial que no haya podido entrañar de modo amplio el mandato de la Ley Micaela. Es cierto que hay una completa omisión por parte del sistema universitario formador de las profesiones jurídicas con relación a la “perspectiva de género”, perspectiva que por lo general sólo se adquiere a través de algunos seminarios optativos en nuestras escuelas de Derecho, y sobre todo como contenido de especializaciones en cursos de pos grado.
Arriesgo una conjetura, pues no conozco investigaciones que examinen cómo y cuándo quienes se forman en la disciplina toman contacto con “contenidos generizados”, pero los datos empíricos conducen a concluir que de manera abrumadora esos aportes son producidos por especializaciones de posgrado, y de modo prominente cuando se trata de actualizaciones en Derecho Civil/Familia. Es tarde y seguramente menguado que sea una reserva para el dictado de cursos que transcurren después de la formación de grado. No puedo dejar de mencionar esfuerzos transformadores visibles en las ópticas, los fallos y las sentencias de no pocas y pocos administradores de Justicia.
Resulta enojoso citar algunos casos y omitir otros, pero felizmente hay cambios que deberían ser emulados, hay juezas, jueces y fiscales que han resuelto con encomiable apego a los nuevos derechos y hasta han innovado sin apartarse del debido proceso. No se trata de más punición y más castigo, por favor, no es por allí que vamos a modificar las actitudes y conductas violentas. En todo caso se trata de nuevas mallas mentales y de modificaciones de la sensibilidad, y vuelvo especialmente sobre quienes se desempeñan en el sistema de Justicia. Necesitamos desestabilizar las convenciones misóginas, las telurias actitudinales reacias a la comprensión de la constitutiva violencia patriarcal, tan presentes en las “formas al uso” de las conductas de buena parte de la corporación jurídica.
Desde luego, la reforma judicial que se impone no puede negligenciar la oportunidad de modificar la estructura de fueros y competencias. Necesitamos un amplio debate sobre el Poder Judicial y no sólo acerca del abandono de esa ominosa marca registrada regional del lawfare –dígase de paso su escandalosa dedicación a la violencia política de género, habida cuenta la persecución que ha sufrido Cristina Fernández de Kirchner. En esta fecha, creo que uno de los mayores desafíos es desarmar la arquitectura patriarcal del Poder Judicial, y apuesto, en primer lugar, a la conciencia crítica de quienes lo constituyen. Hay esperanzas –¡haya fórmula!– en que pueda ocurrir, pues insisto en que conocemos a muchas y muchos operadores que adhieren a visiones paritarias y pueden constituirse en les más eficientes propagadores. Sería una contribución fundamental para conseguir más Justicia en nuestro medio.
*Socióloga, historiadora, feminista.
