Con la publicación en el Boletín Oficial, el gobierno nacional formalizó un nuevo intento por revertir un cuadro preocupante: la aplicación por primera vez en el país de la Ley N° 27.786, conocida como la “ley antimafias”, que declara a Rosario como "Zona Sujeta a Investigación Especial". La decisión, motorizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y respaldada por la administración provincial, apunta a dotar a la justicia federal de herramientas extraordinarias para desarticular organizaciones criminales. Pero no todos están convencidos de su eficacia.

La resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich menciona “la reiteración de hechos delictivos de extrema gravedad” en la ciudad y la existencia de estructuras criminales con prácticas “típicamente mafiosas”. Se trata de una categoría jurídica novedosa en la legislación argentina, que encuentra antecedentes en países como Italia o Colombia, y que ahora, por primera vez, se ensaya en suelo argentino. En Rosario, la norma habilita a la justicia federal a intervenir de manera más agresiva sobre bienes, cuentas y operaciones económicas de las organizaciones narcocriminales.

“Acá la única grieta es entre las mafias, cada vez más acorraladas, y la gente buena, que volvió a la calle y camina, cada día, un poco más tranquila”, escribió en su cuenta de X el intendente Pablo Javkin, quien respaldó la medida junto al gobernador Maximiliano Pullaro. “Tenemos Ley Antimafia, un paso fundamental para terminar con la violencia en Rosario y en toda la provincia. Es la herramienta que necesitábamos para que el que las hace, las pague", celebró el mandatario santafesino. Pullaro también afirmó haber dialogado con Bullrich y Javkin para coordinar la aplicación de la norma. “En Santa Fe no hay lugar para los mafiosos”, subrayó.

La “ley antimafias” fue sancionada en diciembre pasado y autoriza al Poder Ejecutivo a solicitar la declaración de zonas específicas como “sujetas a investigación especial” cuando existan indicios graves de actividad organizada delictiva. Según el Ministerio de Seguridad, Rosario cumple con todos los requisitos. En la práctica, la medida permite utilizar técnicas de investigación que van desde escuchas telefónicas masivas hasta seguimientos financieros detallados y decomisos de bienes sin necesidad de condenas firmes. El plan también incluye una articulación más directa entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas federales que ya actúan en el marco del “Plan Bandera”, el dispositivo diseñado específicamente para Rosario.

Detrás de la puesta en marcha de la ley hay una lógica clara: ir por el bolsillo económico de las bandas. En Rosario, los delitos vinculados al narcotráfico no se limitan al tráfico de sustancias. Lo que crece a ritmo exponencial es una red de actividades colaterales que incluye lavado de dinero, usura, extorsión, contratos ficticios, operaciones inmobiliarias y hasta inversión en espectáculos o emprendimientos gastronómicos. La novedad es que ahora la justicia tendrá margen para investigar todo ese entramado sin necesidad de esperar una sentencia firme o una denuncia formal: bastará con sospechas fundadas.

La expectativa política es alta. Pero hay voces que, sin restarle gravedad a la situación, invitan a mirar el fenómeno con mayor detenimiento. El abogado rosarino Adrián Ruiz, doctor en Derecho y coordinador de la Red de Investigación y Análisis Criminológico con sede en ciudad de México, advierte sobre las contradicciones de fondo: “Estamos hablando de organizaciones criminales cuyo objetivo principal es hacer dinero. Entonces, lo que advertimos es que por un lado se impulsa una ley que endurece penas y procedimientos contra estas organizaciones, y por otro, se implementan políticas de blanqueo de capitales que pueden beneficiar a los mismos actores que se pretende combatir”.

Para Ruiz, la gran debilidad de la ley radica en su aplicación selectiva: “El riesgo es que se convierta en una herramienta eficaz solo contra los eslabones más bajos de la cadena, los llamados perejiles, mientras los verdaderos cerebros financieros del crimen organizado —los de guante blanco— queden a resguardo gracias a los mecanismos de regularización de activos”. El jurista también cuestiona la falta de controles institucionales sobre la ejecución de las medidas excepcionales: “Se está dando mucho poder a los organismos de seguridad sin establecer claramente los mecanismos de auditoría civil o judicial. La historia demuestra que eso puede ser peligroso”.

Lo cierto es que la situación en Rosario exige respuestas urgentes. En barrios como Ludueña, Empalme Graneros o Tablada, los vecinos viven bajo el dominio de grupos armados que operan con total impunidad. El Estado, en sus distintos niveles, llega tarde y mal. La idea de aplicar una ley excepcional surge, precisamente, de ese déficit acumulado.

En los tribunales federales de Rosario ya se están organizando para recibir el aluvión de causas que podrían abrirse en los próximos meses. Desde el Colegio de Abogados advierten que será necesario reforzar las fiscalías y los juzgados, para que la ley no se transforme en letra muerta. “Si no hay recursos humanos y materiales, esto no va a funcionar”, explicó un funcionario judicial.

La experiencia internacional muestra que las leyes antimafias pueden ser eficaces, pero también que requieren tiempo, constancia y una profunda voluntad política. En Italia, por ejemplo, el régimen antimafia implicó una transformación radical del sistema judicial y de seguridad, con fiscales especializados, programas de protección de testigos y una fuerte presión sobre los circuitos de lavado. En Colombia, se avanzó en la confiscación de bienes y en la reestructuración de la policía. Rosario tiene, desde hoy, un marco normativo similar. Lo que falta es saber si el Estado argentino está dispuesto a sostener esa apuesta a largo plazo.

Mientras tanto, los vecinos de Rosario siguen contando muertos. En las escuelas, las maestras enseñan entre balas; en los comercios, los dueños pagan “la cuota” para que no les disparen la vidriera; en las calles, los patrulleros conviven con las motos sin patente. Lo que se juega es algo más profundo: si el Estado puede volver a ser más fuerte que el crimen.