La comisión de Justicia Plural del Parlamento boliviano convocó con carácter de urgencia al fiscal general, Juan Lanchipa, para que explique su inacción ante el pedido de enjuiciamiento contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, acusada de delitos de lesa humanidad por haber ordenado reprimir las manifestantes en contra del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.

Las masacres de Sacaba y Senkata, las localidades en donde la represión fue más feroz bajo la presiencia de Áñez provocaron 30 muertos y numerosos heridos.

"Hemos enviado una petición de informe escrito y no hay respuesta, por lo cual se aprobó que el fiscal veniera a dar su informe oral ante la comisión sobre el proceso del juicio", aseguró el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores.

El legislador, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría parlamentaria, recordó que Lanchipa "debe actuar de oficio”, pero lamentó que “no hizo nada" para avanzar en el proceso contra Áñez, ignorando una recomendación aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado.

El Parlamento, en una resolución derivada de una investigación de las masacres ocurridas en los primeros días de la gestión de Áñez, en noviembre de 2019, recomendó a la Fiscalía "iniciar juicio de responsabilidades en su contra por la comisión de hechos ilícitos identificados", entre ellos genocidio.

El argumento principal de la resolución parlamentaria contra la expresidenta de facto es un decreto que ordenó la incorporación de los militares en la represión de las manifestaciones, liberándolos anticipadamente de eventuales responsabilidades penales.

La resolución parlamentaria de octubre pasado recomendó también juicios ordinarios contra exministros y exjefes militares y policiales responsables de la represión que dejó 30 manifestantes muertos.

Flores dijo que la comisión que preside programó para el próximo martes el informe de Lanchipa, "con carácter de urgencia porque el tema se está dilatando innecesariamente" y en respuesta a una reciente declaración del fiscal general que reveló que el proceso contra Áñez no había comenzado.

"El pueblo pide justicia y el Parlamento espera que su recomendación de juicio de responsabilidades sea atendida", advirtió Flores.

Por su parte, el fiscal declaró el domingo pasado que no había considerado iniciar el juicio contra Áñez porque la recomendación del Parlamento no era formalmente una "proposición acusatoria", como exigen las normas vigentes para esa clase de proceso. Explicó que, tras recibir una proposición acusatoria, que podría realizar el mismo Parlamento, la Fiscalía emitiría un dictamen aprobando o rechazando el proceso.

En caso afirmativo, el eventual juicio debería ser aprobado por dos tercios de votos por el Parlamento y remitido al Tribunal Supremo de Justicia.