Ayer al mediodía el movimiento habitual del Centro Cívico Municipal (CCM) se vio sorprendido por un grupo de alrededor de 500 personas que cortaron todos sus ingresos y las calles aledañas, lo que generó caos vehicular de aquellos que buscaban retornar a sus casas desde el centro.

Los manifestantes, provenientes de los barrio más carenciados de la ciudad, reclamaban fuentes de trabajo y exigieron ser atendidos por alguna autoridad municipal en busca de alguna promesa.

“No pedimos bolsones ni planes, solo fuentes de trabajo para los compañeros y ayudar a nuestras familias”, le dijo a Salta/12, Esteban Márquez, uno de sus referentes, quien contó que son integrantes de una organización conformada recientemente denominada Unidos y Organizados, pero aclaró que no pertenecen a ningún partido ni movimiento político, sino que los une la necesidad de conseguir o recuperar trabajo genuino.

“Le planteamos a la intendenta que queremos ser parte de la gestión y no ensuciarla”, y añadió que no buscan depender de nadie “sino trabajar a la par”. Según Márquez, ese espacio barrial ya contiene a más de 1200 personas, y exigían ser incluidos en las tareas cotidianas en los barrios. “Para mujeres y jóvenes queremos las limpiezas ambientales, mientras que para los varones los trabajos de pavimentación, enripiado y todo lo que sea, porque acá hay mucha gente con oficio”, explicó.

“Somos gente de abajo, de barrio, que estamos preparados para esto y queremos llevar el pan a nuestras casas”, añadió el referente barrial. Si bien ya presentaron algunos proyectos para avanzar con la creación de cooperativas, aún no están nucleados más que en un par de fundaciones “pero queremos hacernos escuchar y trabajar en conjunto con el gobierno”, aseguró.

Contó también que la semana pasada realizaron el mismo pedido al gobierno provincial, aunque aún no obtuvieron respuestas.

Un grupo de representantes fue recibido por el secretario de Gobierno, José Luis Gambetta, quien en diálogo con este medio reconoció que los sorprendió la movilización ya que no había sido anunciada por ningún medio. En ese sentido, afirmó que lo primero que les comunicó “es que no se puede peticionar con todos los ingresos y egresos cortados porque hay muchos ciudadanos que van a hacer trámites y otros a trabajar, y nos los pueden mantener de rehenes”.

Si bien reconoció el derecho a la protesta, consideró que no se puede perjudicar la circulación de los vecinos, “por eso accedieron a liberar una de las entradas”, indicó.

El funcionario contó que los pedidos que le realizaron “fueron fundamentalmente de trabajo”, y reconoció que las posibilidades del municipio de contener a todos “es limitada en ese tema”.

El compromiso asumido por el municipio “fue hablar con la provincia para ver qué soluciones visibilizan de acuerdo a la reunión que ya mantuvieron la semana pasada”, de acuerdo a ello, “se verá cómo podemos resolverlo en conjunto”. Gambetta añadió que acordaron con los referentes en seguir conversando la semana que viene.

Más trabajo a las cooperativas

En ese mismo sentido, el delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en Salta, Tane da Souza, informó que trabajan junto con el diputado provincial Manuel Santiago Godoy en un proyecto para que se distribuya un parte de la ejecución de las obras provinciales entre las cooperativas de trabajo que agrupan a muchos desocupados.

El proyecto busca poner un cupo mínimo que el gobierno deberá otorgar a esas cooperativas. “Por ejemplo, si desde el Ministerio de Educación se necesitan refacciones en escuelas, un porcentaje determinado lo deberán hacer esas cooperativas”, explicó da Souza, y subrayó que es un doble beneficio “porque sabemos que cada peso que llega a esos trabajadores queda en el municipio y en el barrio, generando riqueza en el territorio”.

El funcionario nacional aclaró que ese mecanismo de trabajo entre cooperativas y Estado provincial ya viene funcionando de buena forma, pero con este proyecto se garantizará un cupo mínimo, “porque de tener el derecho, a garantizarlo son dos cosas distintas”. Si bien el procentaje aún no está definido, se estima que será de al menos un 10% de las obras previstas a realizar por Ministerio.

Para poder acceder a prestar servicios, las cooperativas deben estar conformadas como tales con su matrícula vigente, haberse inscripto en la Unidad de Contrataciones y como empresas sociales “para poder garantizar transparencia en la obra pública, que es lo que queremos”, concluyó el delegado del INAES.