Críticas en el Senado al proyecto de ley y a la ministra Bullrich
“Más presos no es más seguridad”
En la Comisión de Justicia, la ministra argumentó su apoyo a limitar las excarcelaciones con cifras que fueron cuestionadas por senadores y expertos. Representantes de organizaciones y el procurador penitenciario advirtieron que el cambio propuesto no brinda soluciones.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, abrió la lista de oradores en la reunión.Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, abrió la lista de oradores en la reunión.Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, abrió la lista de oradores en la reunión.Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, abrió la lista de oradores en la reunión.Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, abrió la lista de oradores en la reunión.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, abrió la lista de oradores en la reunión. 
Imagen: Rafael Yohai

Diversos especialistas criticaron con dureza en el Congreso de la Nación el proyecto manodurista impulsado por el Gobierno nacional para eliminar la libertad condicional en distintos tipos de delitos. En una reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, representantes de distintas organizaciones, entre ellas el CELS, NiUnaMenos y la Procuración Penitenciaria, argumentaron que la solución definitiva no puede ser incluir más personas en las ya abarrotadas cárceles del país y denunciaron un “oportunismo político” para sancionar esta reforma punitiva. A su vez, varios legisladores interpelaron a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y primera oradora de la reunión, acerca de la inversión prevista para el servicio penitenciario y le cuestionaron junto a los expertos las cifras que brindó sobre la temática.

La modificación a la ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, sumó un nuevo capítulo en su tratamiento en el Senado aunque, esta vez, se escucharon más disidencias que voces a favor. Es que a diferencia del discurso de Bullrich del miércoles pasado, donde anunció “un compromiso de todos los bloques políticos” para sancionar esta reforma, representantes de más de 20 organizaciones especializadas centraron su mirada en la actualidad de las cárceles argentinas y los posibles efectos de este proyecto de ley. “Es simple. Agregar más presos a cárceles colmadas no va a favorecer a la rehabilitación de los presos, sino todo lo contrario. Con esta medida habrá una regresión al autoritarismo del servicio penitenciario”, expresó Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación.

Minutos antes de la exposición de Mugnolo, la ministra de Seguridad fue la encargada de abrir el debate. Al lado de Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, Bullirch repetió, en la sala Arturo Illia colmada, que “la modificación de la ley 24.660 trata una cuestión de principios: si una persona cometió un delito grave debe cumplir la totalidad de la condena y no debe tener salidas anticipadas”. 

Este proyecto de ley, impulsado por el legislador radical Luis Petri que cuenta ya con media sanción de Diputados en diciembre pasado, tiene como elemento central suprimir la libertad condicional y los regímenes de semidetención a reclusos condenados por delitos que van desde homicidio agravado, abuso sexual, secuestro extorsivo hasta hechos financieros, tenencia de drogas y contrabando aduanero. Precisamente, la primera interrupción a la ministra de Seguridad fue la del senador Juan Mario Pais, del Frente para la Victoria (FvP), quien preguntó si el tráfico de poca mercadería en la frontera se considera un delito grave como para no contar con los beneficios de la libertad asistida. Lo siguió el radical Luis Naidenoff, quien consideró que un reincidente por consumo de drogas  debería, con este sistema, pagar la totalidad de la condena. La respuesta  de Bullrich fue ambigua. “Lo vamos a considerar”, indicó.

María Cristina Fiore Viñuales, del Fvp, le pidió a la conductora de la cartera de Seguridad “un baño de realidad” y, al igual que varios especialistas que expusieron durante toda la tarde, denunció la falta de presupuesto e inversión para el servicio penitenciario. En su último informe, la Procuración Penitenciaria indicó que en 2016, la tasa de ocupación carcelaria declarada fue del 103 por ciento, es decir, más detenidos que plazas disponibles. La sobrepoblación en el servicio penitenciario conduce, según el estudio, al maltrato policial, al hacinamiento y la violencia intercarcelaria. Nada de reinserción.

“En los medios se quiere mostrar que la reforma a la Ley 24.660 es la solución al caso de Micaela –la joven militante atacada sexualmente y estrangulada el pasado 1° de abril–, pero la respuesta nunca puede ser un proyecto que no escapa de la lógica de ´más cárceles igual a más seguridad´”, expresó, promediando la tarde, Eva Asprella, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS. 

Las cifras que expuso Bullrich fueron cuestionadas, a medida que corrían los minutos, por otros oradores invitados. A la consideración de la ministra de que “todos los presos, sea cual fuese el delito cometido, a la mitad de su condena piden por la excarcelación”, Mugnolo respondió que “en el SPF sólo un 15 por ciento de los detenidos se encuentra en período de prueba y de ellos, el 7 tiene salidas transitorias”. El procurador pidió que los funcionarios hablen “institucionalmente” y “con datos exactos”. Por su parte, Marcelo Peluzzi, juez de Ejecución Penal, criticó el porcentaje que dio Bullirch acerca de los violadores reincidentes (nueve de cada diez, según la ministra) y recordó que en su paso por el Patronato de la Capital, la tasa era marcadamente inferior.

Después, Roberto Cipriano, representante de la Comisión Provincial por la Memoria; la abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) Claudia Cesaroni y el juez de ejecución penal Sergio Delgado profundizaron las críticas al posible nuevo régimen de excarcelaciones. Delgado aseguró que “esta reforma es un golpe de Estado normativo” e indicó que el artículo 14°, que precisa los períodos de tratamiento progresivo del recluso, “provoca la derogación de la libertad condicional incluso en presos por delitos menores ya que se necesita una condena firme para solicitar los regímenes de semidetención (la mayoría de los reclusos en las cárceles no tiene sentencia) y de conseguirlo no le alcanzarían los ciclos penitenciarios para cumplirlos”. 

Las últimas exposiciones fueron de las asociaciones de ex-detenidos y familiares de reclusos. Ellos reforzaron el concepto de progresividad, base del sistema penitenciario que procura limitar la permanencia en espacios cerrados del condenado. “Con esta reforma, da lo mismo hagas lo que hagas, si estudiás, te formás o trabajás. El encierro es un destino inexorable”, señaló María Medrano, de la Asociación Civil “Yo no fui”, que trabaja con ex convictas.

Informe: Jeremías Batagelj.