Cada 24 de marzo trae el recuerdo de lo que se vivió durante la última dictadura cívico militar en Argentina. A 45 años, y con una pandemia de por medio, los salteños y salteñas salieron a las calles de las ciudades principales y afirmaron que es "prioritario y urgente" que continúen los juicios por delitos de lesa humanidad. Esta exigencia se vuelve más urgente porque el paso del tiempo está logrando lo que los organismos de derechos humanos denuncian como "impunidad biológica", acusados que mueren sin llegar a juicio y también testigos y víctimas que fallecen sin obtener justicia.
Contar la historia de la represión en Salta es remontarse unos años antes de aquel nefasto 24 de marzo de 1976. Es volver a noviembre de 1974, cuando se intervino el gobierno peronista de Miguel Ragone, quien aún hoy continúa desaparecido. El primer interventor fue Alejandro Mosquera. De ahí en más se habilitó la persecución y el inicio de las detenciones de estudiantes universitarios, dirigentes sindicales, ex funcionarios ragonistas, otros militantes del peronismo y de la izquierda.
De 1974 a 1976 en Salta se agudizó la represión. Sin embargo, de julio a septiembre del 76 se cometió la mayor cantidad de asesinatos, desapariciones y torturas, con hechos emblemáticos como la Masacre de Palomitas. "En la lucha por la justicia tuvimos que recorrer un largo camino", recordó ayer la ex presa política Nora Leonard, de la Asociación de Derechos Humanos y familiar de víctimas de la Masacre.
Ayer se realizaron dos movilizaciones en la ciudad de Salta, por la mañana y por la tarde. Además, hubo manifestaciones en San Ramón de la Nueva Orán y en Metán.
En el acto de la mañana, realizado en el Portal de la Memoria en la capital provincial, se leyó un documento único. "Hoy todavía tenemos que seguir con los juicios por delitos de lesa humanidad", afirmó Leonard. Aseguró que "es prioritario y urgente porque estamos sufriendo la impunidad biológica".
Entre los juicios que pudieron avanzar en Salta se destacan los procesos denominados Palomitas 1 y 2; dos debates por la el secuestro y desaparición de Miguel Ragone; la Causa Metán y el juicio por crímenes en perjuicio de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). El último debate fue contra el ex juez federal Ricardo Lona, condenado en septiembre de 2019 por encubrimiento del homicidio de Ragone.
En esos años previos al 76, muchos ex funcionarios del gobierno de Ragone debieron huir de la provincia, como fue el caso del docente universitario y ex intendente interino de Aguaray, Fernando "Chicho" Ochoa, fusilado en Córdoba el 15 de enero de 1977. Su familia participó en la marcha que reunió a más de 3 mil personas en la mañana de ayer. Caminaron dentro del cordón de seguridad dispuesto por la organización, que buscó preservar a las personas mayores mediante el distanciamiento social.
Lo mismo pasó con la familia de Carlos Urrutia. Su hermana, Mirta Urrutia y su sobrina Agostina Zigarán, caminaron abrazadas por las calles de Salta. Carlos, reconocido dirigente de la Juventud Peronista y militante montonero fue detenido el 4 de noviembre de 1974, pero después fue liberado. El “Oso” o “Segundo”, como lo conocían, decidió continuar en la pelea contra la dictadura y cayó en combate el 1 de septiembre de 1979.
Hacer escuela de la memoria
La Mesa de Derechos Humanos de Salta impulsa que en las currículas educativas se incluyan materias que se relacionen con la memoria histórica, con contenidos específicos sobre Salta, como la experiencia de Miguel Ragone, los detenidos políticos que fueron asesinados cerca del pequeño pueblo de Palomitas, el Movimiento de Derechos Humanos y los Juicios de la Verdad. También promociona el proyecto de Ley que castigue al negacionismo.
Sus integrantes pidieron la apertura de los archivos que contienen datos sobre los desaparecidos. E insistieron en que los gobiernos dispongan los elementos que posibiliten la búsqueda de sus cuerpos, también destacaron la continúa búsqueda de los más de 400 hijos apropiados.
También exigieron que se señalicen los Sitios de la Memoria que aún faltan en la provincia: la Jefatura de Policía de la Provincia, la Guarnición Ejército Salta, la casa donde funcionaba en los 70 la Comisaría Cuarta, la sede de Gendarmería en Orán, la Comisaría Octava de Metán y el Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal. Esos lugares fueron centros clandestinos de detención, todos probados en causas judiciales.
Precisamente en el Sitio de la Memoria ubicado en el paraje El Gallinato, ayer también se realizó un acto, a cargo de la Federación de Organizaciones de Base "en memoria de aquellxs que dieron su vida por la dignidad y la justicia, en la construcción de un mundo mejor".
El Gallanito, a minutos de la Capital, fue un lugar de exterminio. Entre el 24 y 25 de septiembre de 1976 en ese lugar fueron dinamitaron los cuerpos de Gemma Fernández Arcieri y Héctor "Guilo" Gamboa. En esa misma fecha fueron desaparecidos Silvia Aramayo, Daniel Loto Zurita y el estudiante universitario Carlos Figueroa Rojas. Y fue asesinado el estudiante secundario Martín Miguel Cobos.
El documento de la Mesa también reclamó la restitución de sus territorios a los pueblos originarios de Salta. La Mesa está integrada por Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Politicas y Gremiales, la Asociación Coca Gallardo y la agrupación HIJOS Salta.
Por la tarde, una columna de cuatro cuadras acompañó la convocatoria de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos. La concentración se hizo también en la plaza 9 de Julio, donde realizaron un tendedero con los rostros de los desaparecidos y pasadas las 16 marcharon por la ciudad de Salta. La Red honró la memoria de lxs 30.400 desaparecidxs y reivindicó la lucha que "los atraviesa por encima de los gobiernos de turno".
De repudios y victorias
La Mesa también decidió poner en relieve lo que la pandemia profundizó, como la crisis habitacional, la precariedad laboral, el desempleo, el abuso policial, y la desigualdad que viven las mujeres y disidencias.
Una de sus primeras acciones durante 2020 fue la pelea contra el decreto 255/20, por el que el gobierno de Gustavo Sáenz habilitaba el uso excesivo de las fuerzas policiales ante incumplimientos de las medidas de aislamiento. El decreto luego se convirtió en ley 8191, pero finalmente fue derogado. Durantesu vigencia, se registraron múltiples casos de abusos policiales.
Por eso, en el documento afirmaron que es urgente la efectiva implementación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura "como mecanismo para prevenir y erradicar la tortura como práctica sistemática en nuestra provincia".
En el acto se repudiaron las declaraciones de los diputados provinciales Ignacio Jarsún, Andrés Suriani y Gustavo Orozco junto al diputado nacional Martín Grande, "que abogan por la pena de muerte, la justicia por mano propia, la baja de la imputabilidad, el uso de armas Táser y aplauden el accionar violento de las fuerzas de seguridad".
Ante eso exigieron el "cese de la habilitación política a la violencia institucional por parte de los principales funcionarios de este gobierno". Ni el gobierno provincial ni la Municipalidad de Salta hicieron actos oficiales en el Día de la Memoria, solo hubo expresiones personales en Twitter.
Los organismos también exigieron la renuncia del ministro de Seguridad de Salta, el militar retirado Juan Manuel Pulleiro. Además, ayer fue la primera vez que en Salta se colocaron vallas en edificios públicos, como la Central de Policía y la Catedral Basílica.
También exigieron una reforma judicial "de fondo" que termine con los privilegios de los jueces y el lawfare en toda Latinoamérica, y denunciaron la existencia de presos políticos en Argentina, como la dirigente Milagro Sala.
