Con un extenso informe, la procuradora Alejandra Gils Carbó rechazó ayer la denuncia en su contra por presuntas irregularidades en la compra del edificio de Perón 667, sede central del Ministerio Público Fiscal. La jefa de los fiscales envió un escrito de más de mil fojas a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside la diputada Graciela Camaño, en el que detalla todas las actuaciones realizadas en el proceso licitatorio, los órganos de control internos y externos intervinientes y el pago de un valor inferior al precio de mercado. Además, remarca que no se pagaron comisiones inmobiliarias de ningún tipo. Esta semana los legisladores de Cambiemos solicitaron que se la cite para dar explicaciones. Gils Carbó anticipó que asistirá cuando se concrete la citación.

La causa que el juez Julián Ercolini delegó en el fiscal Eduardo Taiano investiga una comisión de 7,7 millones de pesos que Afinsa SA le pagó en 2013 a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA por la venta del edificio en 43.850.000 pesos. Dos días antes de que se formalizara la licitación la inmobiliaria habría contratado al productor de seguros, Juan Carlos Thill, quien finalmente le facturó tres millones de pesos (casi la mitad de la comisión) por “asesoramiento y todas las gestiones encomendadas” para ofrecer el edificio del Grupo Bemberg. Thill sería medio hermano de Guillermo Bellingi, el funcionario que intervino en el proceso desde la Secretaría General de Administración de la Procuración.

En su informe al Congreso, Gils Carbó relató que inmediatamente inició actuaciones administrativas para “esclarecer cualquier irregularidad”. Cuando se publicó la información sobre Thill y Bellingi, la Dirección Disciplinaria se pronunció sobre su “verosimilitud”, confirmó que el funcionario participó del proceso y que era “altamente probable” el vínculo familiar. Entonces dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario, que encomendó al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

Las gestiones para comprar un edificio las planteó en 2011 el procurador Esteban Righi y la retomó el interino Santiago González Warcalde. En 2012 Gils Carbó convocó a una licitación que avanzó hasta la etapa de preadjudicación, que no llegó a concretarse por la imposiblidad de trasladar al presupuesto del año siguiente el monto de la operación. En 2013 convocó a una nueva licitación, en cuyo pliego se estableció que la Procuración “no reconocerá comisión inmobiliaria alguna, ni comisión de ningún otro tipo”. Se presentaron cinco oferentes, entre los cuales se eligió al vendedor de Perón 667 por resultar la oferta “económica, arquitectónica y funcionalmente superior a sus competidoras”.

El informe detalla todas las instancias de control que intervinieron, internas y externas como la Escribanía General y el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que tasó la propiedad en 45.050.000 de pesos, 1,2 millones más de lo que se pagó. Luego de explicar los pasos dados a partir de los indicios de irregularidades, el informe desmenuza los antecedentes funcionales de Bellingi, designado en 2012 por sus conocimientos sobre regímenes de compras y contrataciones en la administración pública a fin de “modernizar y elevar los índices de transparencia”. Informa que trabajó principalmente en la elaboración del Reglamento de Compras y Contrataciones que se aprobó en junio de 2014 y que “intervino, sin capacidad decisoria, en trámites propios de la Secretaría General de Administración, una de cuyas intervenciones es la que ahora se cuestiona”.

“Si bien esas instancias de control y el riguroso cumplimiento de los pasos administrativos impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público –afirma el informe en sus conclusiones–, las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo”.