Pandemia, millones de vidas arrasadas, familias destruidas y la vacuna es un negocio de los grandes laboratorios. El constitucionalismo moderno, los derechos humanos y las democracias crujen ante esta situación. Es moralmente inadmisible que, en medio de una crisis sanitaria espeluznante como la que atraviesa el mundo, y ante la urgencia por salvar vidas, las vacunas sean un negocio de las corporaciones farmacéuticas.

Las democracias constitucionales modernas y los diferentes organismos internaciones en materia de derechos humanos no pueden admitir un minuto más que estos laboratorios sigan lucrando a costa de una desgracia sanitaria de magnitud histórica que se cobra vidas minuto a minuto en todos los rincones del mundo.

Todo lo que hemos dicho y escrito sobre las democracias y los Estados constitucionales de derecho sería una burda mentira si el derecho al lucro de diez corporaciones farmacéuticas está por encima de la defensa del derecho universal a la salud y la vida.

Los gobiernos democráticos del mundo, amparados en la legislación internacional en la materia, ya mismo deben unirse y garantizar las vacunas necesarias para detener la masacre que está generando esta pandemia.

En este contexto de urgencia, la resistencia de los laboratorios a liberar o flexibilizar al menos temporalmente las respectivas patentes de las vacunas los convierte en responsables de un genocidio a escala planetaria. Más de dos millones de víctimas representan las consecuencias de la codicia y el lucro a cualquier costo. No hay nada más reprochable ética y humanamente que ganar dinero aprovechándose de la angustia, la desesperación y la extrema necesidad de las personas.

Está visto que las corporaciones farmacéuticas y los laboratorios están decididos a ganar cifras impronunciables de dinero, ahora bien, este comportamiento mezquino y egoísta sin el menor sentido de la responsabilidad social no es nada novedoso, ni los ciudadanos podemos --en principio-- reclamarles a las corporaciones; sin embargo resulta inentendible el silencio, o en el mejor de los casos la tibieza, de los gobiernos democráticos y organismos internacionales como la ONU ante semejante catástrofe sanitaria para exigir la liberación o flexibilización temporal de las patentes de las vacunas.

Esto se debe reclamar para que cada país que esté en condiciones (que son la mayoría) pueda comenzar ya mismo a producir las vacunas necesarias para inmunizar a su población.

Es alarmante que los poderes democráticos y los respectivos organismos internacionales aun hoy no hayan acordado medidas urgentes o mecanismos excepcionales de acción, pues en este escenario de pandemia las vacunas deben ser un bien de la humanidad, es decir un bien público por fuera del mercado, al menos hasta detener la masacre y el daño que está generando en la actualidad el coronavirus.

Es hora de que las democracias modernas, los Estados constitucionales de derecho y todos los organismos internacionales, en conjunto, ordenen la liberación o flexibilización temporal de las patentes y otorguen las autorizaciones a los países para fabricar las vacunas.

* Guido Risso es profesor de Derecho Constitucional UBA y USI Placido Marin.