La Municipalidad de la ciudad de Salta anunció una reducción en las tasas de interés aplicadas a deudas municipales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La medida entrará en vigencia este martes 1° de julio y contempla una baja significativa –en promedio del 50%– en los intereses resarcitorios, punitorios y de financiación.

De este modo, las nuevas tasas quedan fijadas en 2,75% para intereses resarcitorios, 3,50% para punitorios, y 2,75% para los planes de pago. La gestión de Emiliano Durand aclaró que esta actualización no incluye las multas de tránsito, que continuarán rigiéndose por la variación del precio de la nafta súper.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que, incluso, el nuevo interés punitorio queda por debajo del tope legal previsto, marcando un gesto concreto para incentivar la regularización de deudas. “Esta medida responde a los lineamientos de gestión orientados a que cada vez más vecinos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Eso redunda directamente en mejoras en los servicios, obras y el funcionamiento general de la ciudad”, explicaron desde el área de Hacienda del municipio.

Además, destacaron que la reducción de intereses tributarios va en consonancia con medidas similares que recientemente aplicaron Nación y Provincia. Ante un contexto de contracción económica y caída del consumo, aseguraron que la intención de los distintos niveles del Estado es brindar aire al sector productivo, comercial y a los contribuyentes en general.

La decisión se da después de la aprobación, por parte del Concejo Deliberante de Salta, de una serie de beneficios fiscales dirigidos a distintos sectores de la economía local. Entre ellos se destaca el Régimen de Acompañamiento al Sector Turístico, que contempla beneficios impositivos específicos para sostener la recuperación de una de las actividades más golpeadas durante la pandemia y que hoy enfrenta nuevos desafíos ante el parate generalizado del consumo.

El Concejo y la banca pública

En la misma línea de alivio fiscal, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que establece una diferenciación en la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH) entre entidades bancarias públicas y privadas.

La modificación, incorporada a la Ordenanza Tributaria Anual 2025, establece nomencladores diferenciados para ambas clases de entidades. Esto permitirá que las entidades de la banca pública, como el Banco Nación o el Banco Macro en su función pública, tributen una alícuota reducida respecto a las privadas.

Durante el tratamiento en comisión, el secretario de Hacienda municipal, Facundo Furió, defendió la iniciativa argumentando que “la finalidad de la banca pública no es netamente comercial. Apunta al desarrollo, el crédito, la inversión productiva”. También recordó que la propuesta se enmarca en una política de “armonización tributaria” que replica criterios vigentes en la provincia.

En la sesión, el concejal Gonzalo Corral aportó una lectura técnica del proyecto, destacando su potencial para incentivar líneas de financiamiento más accesibles para sectores como el agro, el comercio y la industria, beneficiarios directos de la banca pública.

Una estrategia de conjunto

La combinación de estas medidas –reducción de intereses, diferenciación impositiva para la banca pública y beneficios para sectores productivos como el turismo– configura un paquete integral que busca aliviar las cargas fiscales en un escenario económico adverso.

Desde el Ejecutivo municipal insistieron en que este tipo de acciones apuntan a sostener la capacidad de pago de los contribuyentes y estimular el cumplimiento, sin resignar recaudación, ya que la meta sigue siendo mejorar la gestión de los recursos y la calidad de los servicios.

En este sentido recordaron que para quienes deban regularizar deudas anteriores, la oportunidad representa un incentivo concreto: menores intereses, cuotas accesibles y la posibilidad de ponerse al día con la Municipalidad sin asfixiarse financieramente. El Ejecutivo municipal sostuvo que las medidas delinean una estrategia política de gestión fiscal con sensibilidad social.