La comisión de Control, Convivencia y Seguridad del Concejo Municipal sesionó ayer con la visita del nuevo ministro provincial del área, Jorge Lagna, quien repitió el gesto de marcar diferencias con su antecesor, Marcelo Sain, al mostrarse proclive al diálogo como lo hizo días atrás con el intendente Pablo Javkin. "Soy un hombre de la política, siempre he arribado a consensos", dijo al fin de cuentas en el recinto del Palacio Vasallo. Reiteró allí su objetivo de aumentar la presencia policial en la calle con 1000 efectivos más, e insinuó una definición: “La policía debe estar en el territorio y no ser un servicio de enfermería que cuida comercios porque le sale barato a los empresarios”, dijo.

Lagna asistió a la invitación del parlamento rosarino junto a sus secretarios ministeriales Guillermo Montenegro y Diego Llumá, y el tono dialoguista que ofreció sirvió para atenuar las críticas y posicionar a todos los ediles en actitud de dar crédito una vez más a la gestión.  “La policía no puede ser una enfermería tapando agujeros cuidando farmacias, supermercados o bancos. La policía le salía más barato que una seguridad privada ”, señaló Lagna en tono cómplice con sus interlocutores. Esto, como preludio de lo que será el proyecto de ley de seguridad privada, que el Ejecutivo enviará a Legislatura, donde ya otras tres propuestas de Sain esperan su turno, para una reforma integral del aparato de seguridad pública.

Asimismo, Lagna ratificó la decisión política de "cortar el vínculo de la Policía o el Estado con el delito" y reorganizar la fuerza policial y asignar más volumen de patrulla y vigilancia en territorio. Según Montenegro, el incremento de personal operativo será del 34%. Rosario pasaría en estos días de 2908 agentes a 3897 agentes en la calle. No obstante, el funcionario sostuvo a pesar de la percepción pública que el número de denuncias por delitos comunes se mantuvo igual en 2019 y 2020. "No hubo un cambio drástico, hay un patrón similar en los últimos tres años. Y lo importante es que la gente llama al 911 y denuncia", evaluó. Y resaltó la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad, entre vehículos, drones, y telefonía especial, entre otros pertrechos.

Lagna consideró importante la interacción de su ministerio con el Concejo e instituciones civiles, lo que instó a plasmar en recorridas constantes por los barrios. En su análisis, vislumbró algún descenso en la ocurrencia de homicidios en la ciudad, y destacó que aumentó el secuestro de armas por parte de la policía en procedimientos regulares. 

“Se continuarán las conversaciones para sumar a otras instituciones de la sociedad civil”, señaló el ministro quien manifestó su “decisión de ponerse a disposición de los concejales para trabajar en conjunto”, dijo.

Los ediles que escucharon al ministro tuvieron devoluciones más contemplativas que con el antecesor. Alejandro Roselló valoró la visita y "la visión social del ministro", pero su camarada Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio, marcó el reclamo popular por comisarías que se cerraron en la gestión del Frente Progresista por "megacomisarías" que nunca se hicieron. Y reclamó coordinación real con el municipio para erradicar las fiestas clandestinas. 

Susana Rueda, del Frente Progresista, consultó sobre “la posibilidad de interceptar llamadas por WhatsApp provenientes de unidades penitenciarias”, a lo que se respondió que actualmente no se cuenta con esa tecnología en la provincia porque esos mensajes están encriptados. 

Las concejalas Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Lorena Carbajal (Socialista) le pidieron a Lagna que retome las reuniones periódicas con vecinales en el marco del Observatorio de Seguridad del Concejo. Y Norma López (Frente de Todos) reclamó el cumplimiento de las ordenanzas que regulan el sistema de video vigilancia y el Alerta Rosario 2.0.