El ex enfermero Valerio Gutiérrez puso un candado en las puertas del depósito que guarda los alimentos y las tomas de corrientes de luz y agua de la escuela N° 4327 "Gabriel de Güemes Montero", ubicada en la comunidad de San Bernardo de las Zorras, en el municipio de Rosario de Lerma. En 2007 Gutiérrez inició un proceso de prescripción adquisitiva en el que reclama derecho de posesión veinteañal de una parte del predio que fue cedido por una familia de la zona al Ministerio de Educación de Salta, para el funcionamiento de una escuela.
Desde la cartera educativa que dirige Matías Cánepa sostuvieron que esperan la intervención de la Justicia y por lo pronto, intentarán trasladar las tomas de luz y agua junto a la mercadería que abastece a 12 niños y niñas que asisten a la escuela primaria. En tanto, el senador por Rosario de Lerma, Sergio "Topo" Ramos, hizo un pedido de informes sobre la situación a Educación y a la Fiscalía de Estado.
La supervisora del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Mariela D'Anunzio, relató que el conflicto arrastra años, pero se endureció cuando el ex enfermero colocó un candado en las puertas de un sector del viejo edificio escolar. Como se construyó uno nuevo, esa parte, comprendida en las 5 hectáreas que reclama Gutiérrez, era utilizada como depósito donde se acopiaban mercadería, materiales de enseñanza y las tomas de corriente eléctrica y de agua.
La colocación de ese candado "obstruye el material que usa la escuela, pero lo más complicado es que allí están la llave de la luz y el agua", contó la supervisora. Por lo tanto, consideró que tal acción perjudica la vida institucional de la escuela y de la propia comunidad, ya que reconoció que hubo fuertes roces entre los vecinos que salieron a reclamar por la entrega del edificio. Hasta el miércoles a la noche, el candado seguía puesto, pero no se cortó el suministro del agua, como sí ocurrió días atrás.
D'Anunzio dijo que Gutiérrez seguía en su postura y adelantó que iban a intervenir efectivos policiales, dado que es el "segundo avance" que realizó el ex enfermero y además porque los propios vecinos hicieron denuncias penales. La situación obligó al Ministerio de Educación a abrir un expediente. "La persona es ajena al Ministerio" y "ya se hicieron los pasos administrativos" para que al menos se permita trasladar los materiales y las tomas de luz y agua al nuevo lugar, mientras esperan una resolución inmediata de la Justicia, se informó.
El representante de la comunidad indígena de Tastil, Manolo Copa, relató que hace más de 20 años, el pueblo solicitó un puesto sanitario y ante la carencia de un lugar, la escuela cedió una parte. Copa contó que Gutiérrez, que no es de la zona, fue nombrado para estar al frente del puesto sanitario. Sostuvo que se fue instalando "hasta que un día lo hizo como si fuese una casa privada, pero a sabiendas que era solo un consultorio". "Luego empezó a vivir y a tomar posesión hasta que hace unos 15 días aparace un cartel donde dice que había un proceso judicial" por posesión veinteañal.
Copa informó que quisieron hablar con Gutiérrez pero éste no sólo se negó, sino que les dijo que cualquier diálogo se podía dar sólo por medio de sus abogados. Los vecinos ya adelantaron que realizarán una toma pacífica del lugar la semana entrante y emprenderán una marcha hacia la Ciudad Judicial de la Capital de Salta "para que la Justicia nos vea y nos dé una respuesta".
El litigio se tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia a cargo de Jaqueline San Miguel. La familia Ramos había cedido el terreno al Ministerio de Educación para que funcione una escuela en el lugar y posteriormente, en 2015, el organismo realizó un convenio con el Ministerio de Salud Pública de Salta cediendo una fracción para instalar un puesto sanitario y dejaba en claro que si no se cumplía con este fin, debía ser desocupado.
Salta/12 le consultó a la supervisora si efectivamente había papeles que demuestren que el predio fue cedido a Educación, y D'Anunzio aseguró que entienden que "sí". Contó que quienes están difundiendo situación son los mismos herederos de las tierras, la familia Ramos, quienes "expresaron que eso estaba cedido para el Ministerio, pero este señor avanza sin medir".
Incluso Alba Lamas, bisnieta de la familia, radicó una denuncia penal y reiteró ante el medio local La Llave del Portal que ese terreno fue cedido por sus bisabuelos al Ministerio de Educación, por lo que no entiende cómo se inició un proceso de prescripción adquisitiva. Gutiérrez se jubiló hace años de enfermero y como consecuencia está desvinculado del Ministerio de Salud.
Se mete el Senado
El senador Sergio "Topo" Ramos (Partido Justicialista) presentó ayer un pedido de informe en la primera sesión de 2021 de la Cámara Alta. Requirió al ministro de Educación, Matías Cánepa, y al Fiscal de Estado, Juan Agustín Perez Alsina, que en un plazo de 10 días informen si la cartera de Educación tenía reportes o informes relativos a problemas de funcionamiento de la escuela frente al conflicto social y jurídico, a causa del proceso de prescripción adquisitiva iniciado por Gutiérrez.
También solicitó saber si la Fiscalía de Estado de la Provincia ha tomado intervención en el procedimiento. Además de saber cuáles serán las medidas para asegurar un normal desenvolvimiento de las clases y demás actividades escolares. Por último, Ramos, quien cursó su primer grado en la escuela Guemes, pidió saber si se dispusieron y notificaron medidas judiciales que impidan el uso de sectores de la escuela y/o que refieran a la imposibilidad de uso de su ingreso normal.
El senador dijo a Salta/12 que se busca darle un tratamiento inmediato y una solución desde le Ministerio de Educación. "Él (por Gutiérrez) argumenta que tiene derechos porque está viviendo más de 20 años, pero estamos hablando de edificios públicos", recriminó.
