Esta semana, el cuestionado procurador general de la Pcia. de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dejó expirar el plazo y mantuvo silencio sobre sobre si acepta, o no, la renuncia del Fiscal Javier Baños, del Departamento Judicial de Morón.

La historia de esta conflictiva renuncia comenzó cuando el fiscal Baños imputó al intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y a los concejales del bloque de Cambiemos por haber retirado en septiembre del 2018 y de forma irregular, el busto del Néstor Kirchner, situado frente al palacio municipal. Tras 25 años en la Justicia y 15 como fiscal, para Baños ese fue un punto de inflexión, pues a partir de la imputación a Tagliaferro, sectores del poder judicial vinculados al macrismo, –e incluso a la última dictadura que aún sobreviven en las sombras de la Justicia argentina– puso en marcha una serie de represalias contra el fiscal, que es además un reputado académico y autor de una veintena de libros sobre derecho penal y doctrina jurídica.

A poco de hacer efectiva la denuncia a Tagliaferro, Baños fue apartado de manera arbitraria de todas sus competencias habituales, a la vez que eran desmanteladas las fiscalías de investigación y juicio a su cargo. A partir de entonces, Javier Baños (46) fue reducido de facto en sus atribuciones y virtualmente congelado en los rincones del sistema judicial de Morón.

Baños atribuye estas maniobras, a las que calificó de “ilegales y autoritarias” al Fiscal General del Morón, Federico Nieva Woodgate, que se encuentra apartado de su cargo desde agosto de 2019 hasta que se establezcan sus vinculaciones con el terrorismo de Estado. Woodgate está acusado de librar en 1977 una orden para que un militante de Montoneros detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, Ángel Giorgiadis, fuese trasladado al Regimiento de Infantería N° 7, en el que fue sometido a torturas y en donde murió.

No obstante estar suspendido, Nieva Woodgate mantiene su influencia en el ámbito judicial de Morón a través de los dos fiscales generales interinos: Karina Luzzolino -su mano derecha desde hace años- y Alejandro Varela. Ambos ligados al macrismo y designados a dedo por el propio Woodgate.

Según el fiscal renunciante “de este conflicto emergen viejos debates que rondan la Justicia argentina, reconocida por sus propios funcionarios como profundamente endogámica y en donde sobreviven elementos antidemocráticos de forma inexplicable”.

En su texto enviado al procurador Julio Conte Grand el 22 de marzo pasado, Javier Baños expuso argumentos categóricos para describir lo que él cree es una crisis sistémica grave del aparato judicial. Entre ellos, que las prácticas usuales “prescinden del texto de la ley contradiciendo abiertamente la disposiciones del código de procedimiento penal vigente en la provincia de Buenos Aires” y también que se “invaden competencias propias de otros poderes y del Consejo de la Magistratura”. Y añade: “Creo firmemente que ningún funcionario del Ministerio Público Fiscal, por más elevada que sea su jerarquía, puede detentar atribuciones para dictar resoluciones u órdenes que sean contrarias a estas Constituciones y leyes provinciales.”

Sobre la renuncia de Javier Baños, el ahora juez de la Corte Interamericana de DD.HH y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, señaló: “que un fiscal y académico como Baños deba renunciar resulta una pérdida casi irreparable para la Justicia argentina y en especial para el Departamento Judicial de Morón. Con estas restas se produce una selección inversa que deterioran al aparato judicial”.

Según parece, el conflicto desatado en uno de los principales distritos electorales del conurbano bonaerense podría tener resonancias profundas a nivel nacional, en tanto ponen en evidencia reclamos y heridas irresueltas en nuestra Justicia, agravados durante el gobierno de Mauricio Macri, y confirma la urgente necesidad de avanzar sin más demoras en la reforma del Poder Judicial.