La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, pidió al Gobierno que "las medidas que se tomen para el pago de la deuda externa consideren de forma indeclinable que el reparto de la riqueza generada debe priorizar terminar con la indigencia en la niñez y la adolescencia y la calidad de vida de este grupo contra cualquier otro interés que ponga en riesgo tal garantía".
"Entre los puntos críticos planteados por esta Defensoría al Gobierno Nacional a mediados de 2020 ubicamos: el abandono escolar (particularmente en la secundaria), el acceso al cuidado y la educación inicial en la primera infancia, en particular en 4 y 5 años (enseñanza obligatoria), la inseguridad alimentaria (y dentro de esta, aspectos como la malnutrición y el hambre) y la necesidad de evitar la pérdida de ingresos de las familias con niñas, niños y adolescentes", afirma la nota enviada al Poder Ejecutivo.
"El Estado debe priorizar el presupuesto para políticas sociales que asistan a las familias donde habitan la niñez y adolescencia, incluyendo la política de trabajo, de educación, de acceso a la salud, de garantía de previsión social, de viviendas, y alimentarias", agrega.
