Desde Santa Fe.

El abogado y ex policía del Departamento Informaciones (D2) Oscar Valdez, a quien un testigo en el juicio de la megacausa dijo haber visto armar una bazuca en un operativo de fuerzas conjuntas, en enero de 1977, entró y salió esta semana del Tribunal Federal. El juez Reinaldo Rodríguez lo indagó por su "actuación" en el ataque  a un edificio de Ituzaingó y Las Heras ‑donde "resultaron muertos" cuatro militantes montoneros‑ y después lo  mandó a la casa porque ya cumplió 70 años. El fiscal Martín Suárez Faisal había solicitado la indagatoria y la detención hace un año, en mayo de 2016, cuando Valdez tenía 69, pero la audiencia se demoró hasta esta semana. Al pedir la prisión domiciliaria, la defensa planteó que "se trata de una persona mayor de 70 años", la "situación de salud" acreditada en la causa y "el peligro de vida" si era alojado en la cárcel de Las Flores. Rodríguez otorgó el beneficio, pero mantuvo la "prohibición de salir del país" que había ordenado en enero. 

El juez imputó a Valdez "haber intervenido" el 19 de enero de 1977 en un  "procedimiento de fuerzas conjuntas" en el edificio de Ituzaingó y Las Heras, donde "resultaron muertos Osvaldo Pascual Ziccardi, Jorge Luis Piotti, Carlos Mario Frigerio  e Ileana Gómez", que era la pareja de Piotti. Allí, "fue visto arribar al lugar de los hechos alrededor de las 15, vestido de civil, en un automóvil marca Chevrolet, modelo Super Sport de color blanco, desde el que retiró del baúl una bazuka y se dirigió al lugar donde estaban apostados los otros integrantes de las fuerzas conjuntas", leyó.

Valdez negó todo. Dijo que si bien ingresó a la Policía de la provincia como "agente de seguridad, siempre se desempeñó en "el escalafón técnico oficinista, vulgarmente llamado agente civil". "Desde mi ingreso hasta mi retiro en la Policía nunca me desempeñé como personal de seguridad", no portaba "arma" ni "uniforme de la institución", relató.

Y acerca de la bazuca que mencionó el testigo, Valdez relató que "la Policía nunca tuvo un arma de esa naturaleza" y él "nunca" trabajó para el Ejército. "Es un arma que no la puede utilizar una persona sin instrucción específica", se defendió.

A pedido de la defensa, el juez le otorgó la domiciliaria en razón de su edad y su salud. "A Valdez se le imputaron delitos de lesa humanidad, más no por ello rigen carriles paralelos a los dispuestos en las leyes penales nacionales, el derecho internacional y la Constitución Nacional para asegurar el descubrimiento de la verdad y el cumplimiento de la pena por parte de los responsables", argumentó el magistrado.

"La gravedad y naturaleza de los delitos imputados no constituyen impedimentos por sí mismos para conceder el beneficio de la detención domiciliaria, máxime si el legislador previó esta posibilidad privilegiando la edad sobre la necesidad de cumplir la detención en un establecimiento carcelario".

"Además ‑agregó el juez‑ no existen elementos concretos que hagan suponer" que Valdez evadirá "la acción de la justicia o se dará a la fuga. En cada oportunidad en que fue requerido por el tribunal y sin perjuicio de aquellos casos en los que se encontraba impedido físicamente, éste se presentó a tales llamados".  Y "cuenta con un domicilio apto para atender sus necesidades básicas y la contención de su grupo familiar".

En consecuencia, Rodríguez otorgó "el arresto domiciliario en razón de la edad", pero "para asegurar los fines del proceso" dispuso que "continúe vigente la prohibición de salir del país" y se anoticie a la Dirección Nacional de Migraciones.

En el último pedido de detención de Valdez que presentó el Ministerio Público, el 27 de marzo, un mes antes de la indagatoria, el fiscal Suárez Faisal señaló al juez que "tenga en cuenta las pruebas que fundamentaron"  la indagatoria y "en particular, el grave peligro que podrían correr personas que han atestiguado respecto a la participación de Valdez en los hechos imputados".