El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé sigue resistiendo los embates de altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista para sacarlo de la causa en la que se investiga el espionaje entre 2017 y 2019. En este caso, rechazó un planteo que lo recusaba por no haber mandado la causa a Comodoro Py, como reclaman exfuncionarios y espías.

Juan Sebastián De Stefano fue durante la gestión de Gustavo Arribas el titular de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), una de las áreas de mayor influencia de la AFI. En febrero, fue procesado por Augé tanto por las escuchas a los presos kirchneristas en el penal de Ezeiza como por haber participado del andamiaje legal con el que se buscó dar apariencia de legalidad al espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Ahora De Stefano --que estrena defensor-- buscó apartar al juez Augé, pero fracasó en el intento.

El argumento de De Stefano para buscar el apartamiento de Augé fue por no haber remitido la causa de espionaje después de que la Sala IV de la Casación Federal --con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo-- rechazara el pedido de CFK para llevar la pelea por la competencia a la Corte Suprema. Esos dos mismos camaristas --con la disidencia de la jueza Ángela Ledesma-- habían resuelto en febrero que la investigación debía mudarse a Comodoro Py, en sintonía con un pedido del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Augé le contestó a De Stefano que no la remitió porque estaba cumpliendo con la orden del superior. “Si bien la cuestión de la competencia ya fue resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal, tal tribunal oportunamente resolvió suspender la ejecución de ese fallo hasta que éste adquiera firmeza y posteriormente, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos, dispuso que la sentencia debía cumplirse 'una vez firme'”, escribió Augé.

El juez de Lomas, al denegar el planteo del exjefe de Jurídicos de la AFI, sostuvo que no aportó razones legítimas para hacer sospechar mínimamente cómo su imparcialidad podía verse afectada. “En el proceso penal necesariamente se disponen medidas que afectan a los involucrados y la recusación no puede constituir el modo de cuestionar dichos actos. De lo contrario, los jueces deberían excusarse permanentemente y sería muy fácil desplazar al magistrado cuyo comportamiento no le gusta a cada parte para lograr uno que se adapte mejor a sus intereses”, concluyó Augé.

Los planteos de De Stefano fueron hechos por un nuevo abogado que está actuando en la causa, Diego García Austt, que se incorporó a la defensa en los últimos días después de que el exjefe de Jurídicos revocara los permisos a los abogados que antes lo representaban. El tema de la representación de De Stefano fue eje de uno de los escándalos que en las últimas semanas sacuden a la Casación Federal.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que es querellante por los letrados que también fueron escuchados cuando se comunicaban con sus clientes presos, pidió el apartamiento del camarista Borinsky por estar vinculado a uno de los abogados que representaban a De Stefano, Darío Rubinska. Darío es el hermano de Ramiro Rubinska, que es el concuñado del juez.

Borinsky rechazó ese planteo in limine (sin darle trámite) esta semana al igual que había hecho anteriormente con una presentación de los querellantes Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco, que habían marcado que el juez podía tener relación con Nieto, con quien aparecía compartiendo reuniones en la quinta de Olivos junto con Macri y estaba mencionado en un memo que el secretario habría escrito en su teléfono para consultarle por una denuncia. 

Borinsky presidió la comisión para reformar el Código Penal durante el gobierno de Macri. El Colegio Público de Abogados, en su presentación, apuntó que evidentemente la relación fue más que institucional si Nieto se agendaba hacerle consultas al juez. Cuando se discutió si el juez debía apartarse del trámite, la tercera integrante de la Sala IV, Ledesma, sostuvo que debió haber hecho un informe y haberlo dejado para que sus colegas lo resolvieran y no él convertirse en su propio juez.

La intervención de la Sala IV en el caso de Lomas fue criticada tanto por Ledesma como por la camarista Ana Figueroa, quien siempre reclamó el expediente para la Sala I, donde había estado radicado inicialmente. Sin embargo, sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone decidieron enviarlo a la Sala IV, que promueve el paso de la causa a los tribunales de Comodoro Py.