El acceso limitado y desigual a las vacunas para enfrentar la Covid-19 movió el avispero en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en donde se debaten propuestas. Liderados por India y Sudáfrica, un grupo de países entre los cuales está la Argentina quieren flexibilizar las patentes para multiplicar la producción de las vacunas. En cambio, países desarrollados y otros socios piden, en línea con la postura de los laboratorios, que la OMC oficie de facilitador de comercio para mejorar el acceso a las vacunas, es decir, aceitar el mecanismo pero no romperlo.

El primer grupo de países enfatiza la relevancia de los derechos de propiedad intelectual a la hora de explicar el acceso limitado a las vacunas, algo que resulta bastante lógico en el caso de los países de ingreso medio como la Argentina, que sufre la paradoja de contar con capacidad física, tecnológica y de recursos humanos --de hecho mAbxience produce el principio activo y ahora Richmond hace lo propio con la Sputnik V-- y al mismo tiempo cuenta con limitadas vacunas para las enormes necesidades sanitarias. Los países que buscan en primer lugar proteger los derechos de sus empresas advierten que hay otros temas que están jugando en el problema de las vacunas, como dificultades de producción y logística de insumos.

El debate, de por sí complejo, se da en un marco normativo global con un sesgo favorable al libre mercado y con tiempos usualmente larguísimos para llegar a nuevos acuerdos. También tiene lugar en un contexto de masivos incumplimientos de los laboratorios con la entrega de vacunas a los países compradores. Y, sobre todo, ante un cuadro sanitario dramático y único en la historia moderna. A nivel de cooperación internacional, hasta ahora reluce el mecanismo COVAX, de coordinación de compra en favor de países de bajos y medianos ingresos. Pero no hay dudas de que hay un espacio en blanco en materia de producción.

Patentes y vacunas

Según datos de Naciones Unidas, hay un centenar de países que todavía no han recibido una sola dosis de las vacunas contra la Covid-19 y el 75 por ciento de las inmunizaciones aplicadas están concentradas en apenas diez países, que son los que producen las vacunas o son los primeros aliados de los productores.

La propiedad intelectual es uno de los grandes temas globales que se dirimen en la OMC. Se trata de una de las bases del capitalismo, ya que permite a las empresas apropiarse de los beneficios del progreso tecnológico que se deriva de la inversión.

En el caso de las vacunas, la propiedad intelectual es un impulso para que los laboratorios inviertan en el desarrollo pero también impide, por ejemplo, que una empresa acceda a la receta tecnológica. Sin ir más lejos, la reciente noticia de la producción local de la vacuna Sputnik V por parte del laboratorio Richmond también implica que hasta ahora hubo capacidad de producción no utilizada. Es un botón de muestra de la situación global, en donde claramente hay capacidad de producción subutilizada. En un contexto normal, la desigualdad en el acceso a la tecnología y la privatización del desarrollo de las vacunas sería un motivo más de queja contra el sistema. En este cuadro de situación de excepcional, toma otro color.

Las reglas

Los derechos de propiedad intelectual están regulados en la OMC a través del capítulo ADPIC, que engloba también al registro de marcas, derechos de autor, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales. Dentro de los parámetros rígidos y muchas veces pensados para proteger a las empresas ante las medidas de los Estados, la OMC tiene previsto un espacio para la intervención sobre las patentes. El artículo 8 del ADPIC reconoce “el derecho de los Miembros a adoptar medidas por motivos de salud pública y otras razones de interés público y a prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual, a condición de que tales medidas sean compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC”. 

De hecho, hubo una enmienda el ADPIC para facilitar el acceso a los retrovirales para el tratamiento del SIDA, aunque esto comenzó a negociarse en 2005 y recién se aprobó en 2017 porque requirió del visto bueno de los parlamentos de dos tercios de los Estados miembro.

La negociación

En octubre del 2020, India y Sudáfrica presentaron en la OMC un pedido de exención de determinadas disposiciones del ADPIC. “Se aplicaría durante un número determinado de años y hasta generalizar la cobertura de la vacunación a nivel mundial y lograr que la mayoría de la población del mundo sea inmune. Los Miembros revisarían la exención anualmente hasta que quede sin efecto”, solicitaron. La propuesta es “copatrocinada” por Kenya, Eswatini, Mozambique, el Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto, el Grupo Africano y el Grupo de los Países Menos Adelantados. También recibió el apoyo de unos 80 países de ingresos medios y bajos, entre ellos de la Argentina.

El reclamo tuvo eco en los medios e incentivó a las autoridades de la OMC a expresarse en favor de la búsqueda de soluciones para facilitar el acceso a las vacunas. Sin embargo, no hubo ningún avance concreto por la oposición de las delegaciones de varios países desarrollados, que “citando el papel de la propiedad intelectual como incentivo para la innovación en la lucha de la actual pandemia pidieron que se mantuviera un debate basado en pruebas sobre cualesquiera ejemplos concretos en que la propiedad intelectual representara un obstáculo para la fabricación de vacunas”, dice la minuta del último encuentro en el organismo multilateral.

La semana pasada, la flamante directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, convocó una reunión a puertas cerradas de productores, gobiernos y otra entidades para debatir este tema. Dijo que “en las próximas semanas y meses, esperamos acciones concretas. Estos temas no son fáciles, pero la voluntad política y el compromiso del sector privado mostrados hoy sugieren que es posible".

Otros planteos

Los países desarrollados, los laboratorios y también desde la propia OMC advierten que incluso una liberación temporaria de patentes no resuelve todos los problemas. "El acceso a las vacunas debe mejorar. Pero hay que tener en cuenta otros aspectos además de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la producción de la vacuna de Pfizer requiere de 380 insumos provenientes de 66 sitios de producción localizados en 19 países. Se trata de un tema muy complicado y urgente. Las propuestas que se han presentado siguen bajo discusión”, indicó a Página/12 Josefita Pardo de León, Oficial de Asuntos Jurídicos, División de Propiedad Intelectual, Contratación Pública y Competencia de la OMC.

En una línea parecida, un reciente comunicado conjunto de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Nueva Zelanda y Turquía pide a la OMC "hacer uso de sus recursos para acelerar de forma tangible y pragmática la distribución global de vacunas" a través de "conversaciones entre los desarrolladores de vacunas, los productores junto con otros desarrolladores y productores de productos médicos relacionados a la Covid-19 con coordinación de la Organización Mundial de la Salud para asegurar que toda subutilización de capacidad sea detectada para aumentar la producción global". Proponen "facilitar y promover la creación de nuevas sociedades entre los actores del sistema de salud y para la transferencia de know-how y detectar cualquier impedimento de comercio exterior que frene la producción de vacunas".