Sin lograr llegar a un acuerdo, la Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia para el próximo 12 de mayo con el objetivo de que el gobierno nacional y el gobierno porteño resuelvan la disputa en torno al traspaso de 1 punto de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la administración bonaerense. El miércoles a la mañana, autoridades de Nación y Ciudad convocadas por la Corte, que, ante la ausencia de un acuerdo respecto del financiamiento de la transferencia de la Policía a la Ciudad, llamó a un cuarto intermedio y suspendió los plazos del proceso, es decir que dejarán de correr los 60 días que tenía el Estado nacional para contestar la demanda iniciada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en septiembre del año pasado. 

En medio de un ya tenso contexto, marcado por la judicialización del conflicto entre Ciudad y Nación por las clases presenciales, representantes del gobierno nacional y porteño se reunieron frente a un secretario de la Corte Suprema para intentar alcanzar una resolución del conflicto iniciado por el retiro, por parte de la Nación, de fondos coparticipables que la Ciudad había recibido durante la presidencia de Mauricio Macri. Participaron del encuentro tres abogados del Ministerio de Economía de la Nación --Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson-- y, en representación de la Ciudad, asistieron el procurador Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda, Martín Mura, y el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. La reunión terminó al mediodía sin acuerdo.

El conflicto comenzó a fin del año pasado, cuando el gobierno nacional decidió retrotraer la coparticipación porteña al porcentaje previo al aumento arbitrario dispuesto por Macri en 2016. Se fijó, entonces, un plazo de 60 días para que Nación y Ciudad negociasen la cifra, pero Rodríguez Larreta optó por judicializar el tema y recurrió a la Corte. El máximo tribunal asumió la competencia en el tema luego de desestimar el planteo realizado por la Procuración del Tesoro, que reclamaba la incompetencia del alto tribunal.

La reunión fue más bien hermética, ya que se llegó a un acuerdo de no filtrar lo que se había conversado. Lo único que dijeron los abogados del Ministerio de Economía es que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 27.606, que regula la transferencia del sistema de seguridad a la Ciudad, la administración porteña "debía avenirse a dialogar". En ese sentido, el gobierno nacional denuncia que se le han hecho numerosas invitaciones al jefe de gobierno porteño a dialogar, pero que este, invariablemente, las ha rechazado.