Cincuenta y un jueces, fiscales y funcionarios judiciales concretaron su jubilación después que la Anses los intimara a que resuelvan, como el resto de los ciudadanos, si concretaban su jubilación o seguían en sus cargos. Había funcionarios judiciales que tenían el trámite pendiente desde hacía 13 años, lo dejaban abierto y si veían algún peligro de destitución o juicio político, hacían valer el trámite que habían empezado mucho tiempo atrás. Era uno de lo tantos privilegios cortados por ley y por la gestión de la interventora Fernanda Raverta que aplicó la norma. De la élite amarilla de Comodoro Py, los que estaban en condiciones de jubilarse como el procesado fiscal Carlos Stornelli o su par Raúl Ple, la gran mayoría no lo hizo, por lo tanto su trámite se archiva y cuando decidan retirarse -como cualquier ciudadano- tendrán que iniciar nuevamente el proceso.

El plazo en el que jueces, fiscales y funcionarios debían pronunciarse se cerró hace una semana. Del total de 210 carpetas que se pusieron en marcha en su momento, algunas hace 13 años, hubo 51 que ahora se concretaron convirtiéndose en planes efectivos de jubilación. Sucede que se aplicó la ley 27.456, votada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, que transfirió desde el Consejo de la Magistratura a la Anses la ejecución previsional de magistrados y magistradas.

El privilegio -además de no pagar Ganancias- que tenían los funcionarios judiciales es que podían iniciar el trámite jubilatorio y dejarlo pendiente. Les asignaban la jubilación, se suspendía el pago, y mientras tanto ellos seguían ejerciendo su cargo. Ante cualquier problema -un juicio político, por ejemplo-, recurrían a la renuncia y pasaban de inmediato a cobrar su jubilación porque ya la tenían adjudicada. El ciudadano común, en cambio, cuando hace el trámite, se jubila, no queda pendiente.

Los que recibieron la intimación fueron conocidos integrantes de la escuadra del PRO en Comodoro Py: Stornelli, el fiscal Raúl Plee, el visitador de Olivos Gustavo Hornos, el procurador Eduardo Casal y varios notorios habitantes del edificio de Retiro. Por supuesto, también se intimó a otros magistrados no alineados con el macrismo, entre ellos la ahora convaleciente de covid-19, María Romilda Servini. El caso más emblemático es el de la integrante de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, que hace rato superó los 75 años y por lo tanto superó la edad prevista en la Constitución Nacional.

Tras la jubilación de los 51 funcionarios judiciales, la Anses ahora analizará expediente por expediente todos los restantes, pero se supone que serán archivados y tendrán que arrancar de nuevo el día que quieran retirarse.