Pamela Romero y Fabiana Orellano denunciaron en junio de 2015 que fueron golpeadas, picaneadas y torturadas por efectivos de la Comisaría Primera de Catamarca. Su caso trascendió públicamente luego de que contaron lo que les sucedió durante la primera marcha #NiUnaMenos que se realizó en la provincia. Finalmente, la Justicia decidió imputar a una mujer policía por el delito de “severidades ilegales” y la causa fue enviada a juicio. El 7 de julio de 2017 el expediente entró al Juzgado Correccional de Segunda Nominación, para ser debatido. Desde entonces, espera fecha para el juicio.

Sebastián Vergara, abogado de las dos mujeres, habló con Catamarca/12 y confirmó que el viernes último presentó una “queja por retardo” en la Corte de Justicia de la provincia. El abogado explicó que luego de que la causa ingresara en el Juzgado Correccional, el 20 de abril de 2018 se realizó el ofrecimiento de prueba, sin embargo, el tiempo pasó y nunca se fijó fecha para el debate.

Es así que el 13 de mayo de 2019 y luego el 23 de diciembre de 2020, Vergara presentó dos pronto despachos pidiendo una fecha de juicio, pero no obtuvo respuesta del juez correccional Diego Chayle Costilla. Por esta razón, se decidió realizar la queja ante la Corte. Tras esta presentación, los magistrados tienen tres días hábiles para dar una respuesta.

“Una de nuestras preocupaciones es el riesgo de que la causa prescriba, teniendo en cuenta que el delito por el cual imputan no es el que pedimos, que fue el de tortura, sino severidades ilegales, que tiene una pena máxima de 5 años”, contó el abogado.

Resaltó que pidieron que los policías sean imputados por el delito de tortura “por el grado de sufrimiento físico y psíquico que produce la aplicación de picana eléctrica. Pero no se quiso investigar así, aunque existe un informe psicológico contundente”, agregó.

El caso

Pamela y Fabiana eran madres de niños pequeños en 2015. En aquel momento, el 29 de mayo, estaban vendiendo artesanías sobre la Peatonal Rivadavia, en el centro de la ciudad capital, cuando un grupo de policías les pidió que se vayan.

Fabiana comenzó a filmar y les mostró un permiso municipal que tenían para poder vender en ese lugar. Sin embargo, los policías se molestaron por la filmación y las detuvieron, dejando a sus hijos de entre 2 y 4 años solos en el lugar.

Según declararon las artesanas, a Pamela, quien aún estaba dando de mamar a su hijo pequeño, le aplicaron picana eléctrica en todo su cuerpo hasta que perdió el conocimiento. Durante la sesión de tortura, la mujer fue tomada por tres miembros del Grupo Kappa (Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizada, COEM) con pasamontañas y un oficial de apellido Giménez, que fue reconocido pero nunca imputado. De esta manera, la única acusada en la causa, la oficial Dagma Yasmín Moya, tuvo el camino libre para golpearla en el estómago y picanearla en sus partes íntimas.

Luego de los golpes, las dos fueron llevadas a la Comisaría de la Mujer. Las desnudaron completamente y las dejaron en una oficina con la puerta abierta mientras los varones pasaban por el lugar. En algún momento, las revisaron y las obligaron a hacer flexiones de brazos y piernas, siempre desnudas.

El 30 de mayo fueron llevadas ante el entonces fiscal de instrucción Marcelo Sago (ahora juez de Garantías) para que respondieran a la acusación de “resistencia a la autoridad” (la oficial Moya se había raspado la rodilla mientras Fabiana se resistía a ingresar a la Comisaría). En ese momento, para cumplir con los requisitos legales, fueron acompañadas por una defensora oficial a quien le revelaron los golpes y las torturas que sufrieron, pero no las escucharon. Unos meses después, el ahora juez las imputó y las mandó a juicio. Esa causa fue apelada por el abogado de las mujeres y fueron finalmente sobreseídas.

La querella pidió que se investigue la denuncia de las mujeres de manera exhaustiva, "porque en el hecho, para que pudiera darse de esa manera, participaron al menos 7 policías más". Además, denunciaron que a una de las chicas le robaron el celular con el que filmó a los policías el día del procedimiento, pero el ahora Juez de Cámara y entonces fiscal instructor Mauricio Navarro Foressi, nunca señaló la imputación por robo ni solicitó allanamientos en la casa de los policías.

Tampoco se ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría, ni la búsqueda de las picanas que las víctimas mencionaron a la hora de denunciar que fueron los elementos con las que fueron torturadas.